Arrecife y el Gobierno canario impulsan la rehabilitación de las viviendas de Titeroy y Valterra
El alcalde de Arrecife, Cándido Díaz Reguera, acompañado de los concejales de Urbanismo, Pedro de Armas Sanginés, Servicios Sociales, Emilia Perdomo y Barrios, Lorenzo Lemaur, inició este viernes con la consejera de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, los trámites para proceder a la rehabilitación de 480 viviendas en Titerroy y 200 en Valterra, que presentan defectos estructurales importantes.
En este amplio plan de rehabilitación, abordado este viernes en la oficina de Vivienda del Gobierno de Canarias en Lanzarote, se incluirían también las viviendas situadas en el entorno de la calle Timbayba del barrio capitalino de Titerroy, donde hace unos meses moría una persona al desplomarse el techo de su vivienda.
En este sentido, el alcalde capitalino adelantó que “los técnicos
municipales tendrán que concluir antes del próximo 8 de febrero”- fecha en la que está previsto que la consejera de Vivienda del Gobierno canario se reúna con su homóloga en el Gobierno central, Beatriz Corredor-, “cinco proyectos donde se detallen las actuaciones necesarias para la rehabilitación o, en algunos casos, reposición de viviendas, ya que algunas de ellas requieren actuaciones de derribo y reconstrucción, según los informes hechos hasta el momento por los técnicos”.
Las diferentes barriadas de viviendas afectadas son “Gran Canaria,
integrada por 100 viviendas, “José Antonio”, con 160 viviendas y “Tite Roy Gatra”, con 120 casas y otras 100 más en la calle Juan Salazar Ortiz, del barrio de Titerroy, así como otras 200 viviendas en el barrio marinero de Valterra.
Para el actual grupo de gobierno se trata de una actuación prioritaria de
la Corporación capitalina, que en el caso de que finalmente reciba el
visto bueno del Ministerio de Vivienda, supondría la aportación del 40%
del presupuesto por parte del Estado, 30% del Gobierno de Canarias, 10 ó 15% del Cabildo de Lanzarote y el resto se repartiría entre el
Ayuntamiento y los propietarios, según la situación económica de éstos
últimos. Cabe reseñar que en el caso de que se tenga que derruir y reponer la vivienda, los propietarios serán realojados en casas de alquiler.
Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Pedro de Armas, presente en esta reunión, se comprometió con Inés Rojas a ceder suelo municipal para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) en Arrecife. Armas manifestó que “el consistorio dispone en la actualidad de algunas bolsas de suelo que serán destinadas a este fin”.
Viviendas para restaurar
Por su parte, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias
anunció la presentación del Plan Canario de Vivienda 2009-2012 los días 18,19, 20 y 21 de enero en Lanzarote, un proyecto que pretende priorizar también la remodelación de las viviendas sociales, y al que el
Ayuntamiento capitalino tiene previsto acogerse.
Rojas señaló va a instar al Ayuntamiento de Arrecife a que presente una memoria de las viviendas que necesitan ser restauradas o reconstruidas para que puedan acceder a subvenciones estatales y de la Comunidad autónoma.
Rojas ofreció un desayuno informativo en el hotel Diamar de Arrecife con los medios de comunicación, en el que hizo un repaso de su actuación en la Consejería y de sus retos pendientes. La consejera repasó la ley canaria de inserción y la Ley de dependencia, así como los avances en la acogida de menores inmigrantes por parte de otras comunidades, entre otras cuestiones. También abordó el Plan Canario de Vivienda y las ayudas que se reflejan en ese programa.
Inés Rojas señaló que el próximo 8 de febrero se reunirá con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, para presentarle todos los proyectos de rehabilitación y reposición de inmuebles en las Islas que puedan ser subvencionados. En este sentido, destacó que instará al Ayuntamiento de Arrecife a que al menos haga una memoria de todas esas casas, incluyendo entre ellas las del barrio de Titerroy que están en peligro de derrumbe.
El arreglo de esas viviendas podría ser subvencionado casi en su totalidad. El Estado aportaría aproximadamente el 40 por ciento, Canarias el 35 por ciento, los cabildos el 10 por ciento y los ayuntamientos y los propietarios, el resto.