Águeda Montelongo, presidenta del PP de Fuerteventura, será juzgada en la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por haber pagado presuntamente con dinero público del Cabildo majorero estancias de hotel de políticos de su partido, como el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos Gallego, o el portavoz adjunto en el Senado del grupo popular, Tomás Burgos Beteta.
Tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la juez instructora del caso Patronato, Carla Bellini, ha decidido transformar la causa en procedimiento abreviado al considerar que existen indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos en sus actuaciones al frente del Patronato de Turismo de la Isla (2007-2010), cuando ocultó supuestamente con nombres falsos -y habría cometido por ello también falsedad en documento público, como así recoge el auto de transformación en PA- los de sus correligionarios de partido por el de periodistas inexistentes que habrían viajado a Fuerteventura para promocionar el destino turístico en los mercados del Norte de Europa.
El fiscal provincial Anticorrupción Luis Del Río ya había interesado la apertura de esta fase intermedia previa al juicio oral, para poder formular su acusación contra Montelongo, el ex gerente del Patronato José Luis Cabrera Bonny y un administrativo, Santiago Santana, que van camino del banquillo en el alto tribunal canario.
Ahora, la juez secunda la petición del Ministerio Público y estima que hay indicios suficientes, como era de prever tras la postura tomada por el fiscal, para que se procese a la presidenta del PP de Fuerteventura en un caso denunciado por el anterior vicepresidente del Cabildo y exmilitante del PP, Guillermo Concepción. "No ha habido pruebas de que diera instrucciones para falsear las facturas. Todo ha sido un error", ha dicho Montelongo al diario La Provincia.
A los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos se añade un tercero, de falsedad en documento público, según han confirmado este jueves a CanariasAhora fuentes judiciales. Las defensas pueden recurrir el auto de Carla Bellini ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que retrasaría aún más la apertura formal de juicio oral, dada la intención del ministerio público de acusar a la presidenta del PP por los tres delitos señalados.
