El portavoz de Alternativa Ciudadna (AC) en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Barreto, ha convocado hoy a la prensa para expresar su “profunda preocupación” por las actuaciones del Ayuntamiento capitalino sobre el Plan Especial del Puerto de Arrecife (PEPA) y sobre todo por los cambios que se prevén para el Catálogo de Bienes Protegidos de Arrecife.
El concejal de AC-25M en Arrecife, Ginés Quintana, afirmó que desde su partido sienten que les han “tomado el pelo” en lo referido al PEPA porque, como él mismo ha asegurado “mientras estábamos trabajando para encontrar un consenso a través de las alegaciones para que el plan definitivo fuese beneficioso para todos, ellos hacían lo que les daba la gana”. Se refiere así a la decisión de la alcaldesa, María Isable Déniz, que aprobó el documento provisional por decreto el pasado 14 de junio ante la sorpresa de todos los partidos políticos y colectivos ciudadanos que seguían el proceso de cerca.
A pesar de que hace una semana se celebró un pleno extraordinario a petición de la oposición en el que se intentó revocar el plan especial y en el que AC también participó, no se consiguió paralizar el proceso del PEPA, por lo que este partido ha decidido “ratificar” las alegaciones que ya presentó en octubre del año pasado y que plantean muchos cambios sustanciales al plan que al final se ha aprobado.
Por otra parte, Barreto presentó las conclusiones a las que han llegado tras estudiar el nuevo Catálogo de Bienes Protegidos que ha presentado el Consistorio arrecifeño, y que según AC quiere descatalogar integral o parcialmente más de la mitad de los que incluía anteriormente y que hasta ahora forman parte del “legado histórico de Arrecife”, como juzga el representante del partido.
Entienden que las razones que llevan al grupo de gobierno a hacer estos cambios en el nuevo catálogo “están motivadas por causas económicas e intereses particulares”, por lo que ya han anunciado que presentarán alegaciones al proyecto del Ayuntamiento y que van a investigar las “posibles especulaciones” que sospechan que se pueden dar con los terrenos descatalogados.
Entre las exigencias que plantearán destaca la de crear un consejo general del patrimonio, que esté formado por especialistas que puedan asesorar convenientemente a la hora de realizar el catálogo y a los vecinos que les afecte la catalogación.
