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Sección > Lanzarote

El dirigente socialista entiende que el actual Gobierno le destituyó como director insular de Bienestar Social atentando contra sus derechos fundamentales y por cuestiones ideológicas. Reclama a la institución la totalidad de lo establecido en su contrato, con el que ganaba un total de 3.800 euros brutos al mes

Tomás Silvera demanda al Cabildo de Lanzarote por despido nulo o improcedente tras salir de la institución una vez que el PSOE rompió el pacto con CC

Crónicas · 22 de noviembre de 2017

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El ex director insular de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote Tomás Silvera Cabrera ha denunciado a la institución en la que ejerció funciones propias de su cargo político por entender que su despido ha sido nulo o improcedente. Así se refleja en la demanda que interpuso el pasado 6 de octubre contra la Primera Corporación insular y que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Social Número 3 de Arrecife, según ha podido saber este diario una vez que se adelantó parte de la información en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-COPE Lanzarote. En principio, se ha previsto que se celebre el juicio entre las partes si no hay acuerdo el próximo 1 de marzo de 2018 a las diez de la mañana.

Tomás Silvera, que fue concejal en el Ayuntamiento de Tías y que actualmente es miembro de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista (PSOE), le da una vuelta de tuerca a su historia laboral en el Cabildo y se presenta ante el tribunal como un trabajador que ha sido despedido por su ideología, y no por cuestiones del desempeño de su actividad. Lo cierto es que Silvera fue uno de los representantes de los partidos en el Gobierno conformado por su formación con Coalición Canaria (CC) y Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) que el pasado 5 de diciembre de 2016 accedió a la institución con un procedimiento que fue denunciado por la oposición, no por los 3.800 euros brutos mensuales que pasaban a cobrar sino por las sospechas que había de que la designación se había producido a dedo y por cuestiones estrictamente de vinculación política.

En su escrito, el dirigente socialista, que fue uno de los miembros del órgano de gestión de las primarias, se queja de que los otros dos directores insulares que accedieron con el mismo método, el de Empleo y Nuevas Tecnologías y el de Política Territorial y Ordenación Turística, continúan en su puesto de trabajo, lo que le hace pensar que su situación empeoró por las circunstancias políticas de cambio. Lo que no explica con mucho detalle son esas circunstancias políticas, que tienen que ver con el hecho de que su partido abandonó el pasado 1 de septiembre el pacto que mantenía con CC y PIL y se daba por hecho que todo el personal que había entrado con esa alianza salía de la institución con los cinco consejeros que abandonaron el Gobierno. "Esta parte es afiliado del PSOE, lo cual es de público conocimiento teniendo en cuenta que concurrió al Cabildo en sus listas", señala, añadiendo acto seguido que "el Consejo de Gobierno me comunica que había acordado cesarme en su reunión del 5 de septiembre de 2017 sin más explicación". "La decisión se me comunica sin causalidad justificativa, sin preaviso y sin poner a disposición de indemnización alguna con manifiesto incumplimiento de lo establecido en la cláusula séptima del contrato", subraya, un contrato que destaca que tiene una validez de dos años que se pueden prorrogar posteriormente por otros cinco.

Por si no fuera suficiente, Silvera le dice al juzgado que durante el tiempo que trabajó en el Cabildo cubrió funciones de superior categoría a la suya, llegando a ejercer como funcionario de categoría de técnico A1 al haber acudido a diferentes juicios como parte del Departamento de Asesoría Jurídica. Considera que se está vulnerando el derecho que recoge el artículo 14 de la Constitución, "puesto que el cese se ha producido motivado por su ideología política y por su afiliación al PSOE".

En un último párrafo un tanto confuso, tras pedir al tribunal la admisión a trámite de la demanda de reclamación de despido nulo y/o improcedente, solicita que "para el caso de estimarse adecuado el cese (desestimiento) adoptado que se condene a la empresa demandada al efectivo abono del importe que legalmente le correspondiere en concepto de indemnización con inclusión de la correspondiente por falta de preaviso".

Este diario, además, ha tratado de contactar con Tomás Silvera para que aclarara cuantos aspectos de esta información considerara oportunos. El representante socialista ha denegado tal posibilidad y ha preferido no hacer declaraciones alegando que su representante legal así se lo ha sugerido.

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