sábado. 20.04.2024
La Asociación de Vecinos Almadracha muestra su asombro por las últimas noticias sobre el derribo parcial de sus viviendas

Los vecinos de La Bufona anuncian acciones legales para exigir responsabilidades a Arrecife y a la APMUN

Acusan a la familia Murillo, después de 17 años de batallas mediáticas, de arruinar la vida a 14 familias por derribar parte de sus viviendas y de haber conseguido solo que condenen al constructor y al promotor de las viviendas a 4 meses multa

Los vecinos de La Bufona, en Arrecife, han anunciado este jueves que interpondrán acciones legales para exigir responsabilidades al Ayuntamiento de Arrecife y a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, APMUN, después de que, tal y como señala en concreto la Asociación de Vecinos Almadracha, estos vecinos no salen de su asombro por las últimas noticias sobre el derribo parcial de sus viviendas.

"Asombro porque la familia Murillo, después de 17 años de batallas mediáticas solo ha

conseguido que condenen al constructor y al promotor de las viviendas a 4 meses multa, y arruinar la vida a 14 familias por derribar parte de sus viviendas", denuncia la Asociación de vecinos en un comunicado de prensa facilitado este jueves a este periódico.

En su escrito, los afectados alegan que las viviendas fueron construidas entre el año 1995 a 2000, "amparadas por licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Arrecife, cuando estaba al frente la entonces alcaldesa, María Isabel Deníz, y también la que fuera regidora capitalina Manuela Armas.

Explican que con posterioridad se les otorgó licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, "dando así cobertura legal a las viviendas construidas en su totalidad". A su juicio, "pocas viviendas en Lanzarote se han construido bajo un instrumento como es un Plan Parcial. Sin embargo, parece más fácil echarlo abajo que aquellas otras muchas obras construidas sin permiso alguno".

Ante esta situación, los propietarios de las 14 viviendas muestran su "asombro y desilusión" con la sentencia penal dictada dentro de un procedimiento en el que, aseguran, "no han participado como perjudicados a pesar de estar en juego parte de sus viviendas, siendo al final los verdaderos condenados sin ser escuchados, vulnerando el derecho que la Constitución da a toda persona de ser escuchado en un

proceso justo con todas las garantías".

En versión de la Asociación de Vecinos Almadracha, "es lamentable ver cómo aquellos que han sido condenados salen del proceso con una sentencia más

favorable que aquellos que no tuvieron esa oportunidad por el Juzgado y que verán derribada parte de sus casas".

Por un caso de muy similares características ocurrido en Sanxenxo, advierten el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en una reciente Sentencia de 10 de enero de 2017, por no haber dado el Tribunal audiencia a los propietarios de una vivienda cuyo derribo se había ordenado. "Esta interesante sentencia termina concluyendo que los tribunales españoles no se pueden olvidar de los legítimos propietarios de esas viviendas, ya que para hacer justicia necesitan

tener en cuenta a estos inocentes propietarios", sostienen.

Ambas sentencias, exponen los vecinos de La Bufona, afirman que las viviendas "fueron construidas con el permiso del Ayuntamiento de Arrecife y que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la APMUN, no suspendió ni paralizó las obras por falta de medios". Por dicho motivo, la Asociación de Vecinos Almadracha confirma que presentará en estos días reclamación ante las dos Administraciones Públicas "ante la responsabilidad clara de éstas por permitir la construcción de las viviendas, permitiendo asimismo que personas con absoluto desconocimiento de lo que pasaba compraran las viviendas que ahora pretenden demoler parcialmente".

Estos vecinos de Arrecife, a quienes representan la Asociación de vecinos Almadracha, "son terceros de buena y así han sido considerados por las sentencias que se señalan". Los vecinos de la Urbanización La Bufona, concluyen, "no descansarán hasta ver que se hace verdadera justicia con esta urbanización abandonada por el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de recibir el pago de sus impuestos y estudia qué medidas se pueden adoptar no solo contra las Administraciones Públicas sino también contra el constructor y promotor de las viviendas".

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