El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife ha archivado por segunda vez la querella presentada en primera instancia por el ex asesor del Partido Socialista (PSOE) Mario Alberto Perdomo contra Jesús Machín, Antonio Barambio, Juan Carlos Becerra y Astrid Pérez y ampliada posteriormente a Ramón Bermúdez, Fabián Martín y Luis Celestino Arráez, a los que acusaba entre otras cosas de injurias, calumnias y de infidelidad en la custodia de documentos oficiales. La jueza Tamara Martínez Esteban, según han informado a este diario las partes implicadas, ha desestimado en esta ocasión el recurso de reforma interpuesto por la defensa del militante socialista contra el auto de archivo dictado el pasado 25 de mayo de 2015.
El tema en cuestión se remonta un lustro atrás. El pasado 5 de marzo de 2010 los presidentes insulares de Coalición Canaria (CC), Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Partido Popular (PP) y Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), los cuatro partidos que sustentaban el grupo de gobierno del Cabildo que hizo presidente a Pedro San Ginés, emitieron un comunicado oficial para denunciar que el que había sido asesor en los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) de la Primera Corporación bajo el mandato del Partido Socialista había cobrado la cantidad de 166.000 euros.
En su auto del pasado 23 de octubre, la jueza aplica diversos razonamientos jurídicos. Entre otros, estima que el recurso planteado por Perdomo se basa en primer lugar en la falta de motivación del pronunciamiento relativo al sobreseimiento provisional del delito de infidelidad en la custodia de documentos. A este respecto, la jueza trae a colación la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2006. "Así enfocada la cuestión, es obvio que el derecho que, en su caso, podría verse comprometido es el derecho a la tutela judicialefectiva, en cuanto integra el derecho a obtener una resolución judicial motivada en Derecho. Ello implica", en palabras de la propia jueza, "que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación esté fundada en Derecho, carga que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad".
Comunicado oficial de los cuatro presidentes
El comunicado que enviaron a los medios, que no ha sido por tanto censurado por la justicia como pretendía el asesor, era tremendamente contundente en la época y en el contexto en el que se produjeron los hechos. Un cambio de gobierno en Arrecife y el Cabildo que no sentó nada bien ni al sector que controlaba el entonces secretario general de los socialistas ni a los medios y a los periodistas afines. Por esa razón, los máximos responsables de las cuatro formaciones políticas que habían apartado al PSOE de las instituciones vieron oportuno y necesario enviar el polémico comunicado:
"Ante los permanentes ataques públicos que desde la columna de un respetable diario provincial, el asesor de Carlos Espino, Mario Alberto Perdomo, viene realizando a la legitimidad del pacto que sustenta al gobierno en el Cabildo de Lanzarote, y más recientemente a la iniciativa de denunciar en los tribunales al secretario general del PSOE por la supuesta comisión de varios delitos tras su gestión en los Centros, las cuatro fuerzas políticas que sustentan dicho gobierno quieren dar a conocer a la opinión pública y a la dirección del medio de comunicación para el que trabaja, cuales son las verdaderas razones que se esconden tras las misivas que lanza Perdomo:
1º.- Mario Alberto Perdomo compaginó su labor periodística supuestamente independiente y durante el mandato en los CACT del Secretario Socialista, con la de asesor personal remunerado de Carlos Espino, cargo por el que en virtud de hasta tres contratos terminó cobrando 2.352 € mensuales, aunque llegó a emitir hasta tres facturas fuera de contrato por idéntico concepto. Todo ello, sin que aún se sepa a ciencia cierta en que consistía su tarea u horario laboral, pues no tenía presencia física habitual en los CACT que justificase semejante salario mensual, elevándose el montante global cobrado sólo por este concepto a 39.000 €.
2º.- Lo que sí consta en las hemerotecas de este columnista , pretendidamente “independiente” pero a sueldo del Secretario Socialista , son sus innumerables artículos de opinión en el diario provincial para el que trabaja, exaltando la extraordinaria talla política de su Jefe y pagador del que llegó a escribir literalmente soflamas tales como: “ Es superior política e intelectualmente a todos sus adversarios políticos juntos; trabaja más y es más listo que todos ellos juntos, o al medirse dialécticamente con Carlos Espino entran en barrena. Se sienten inseguros e inferiores.”
3º.- Lo anterior, siendo lamentable desde el punto de vista de la decencia política y del todo reprobable desde la más elemental ética periodística, pudiera no resultar constitutivo de delito. Sin embargo, sí pudieran ser considerados así los siguientes hechos:
1º.-El asesor del ex consejero de los CACT, en noviembre de 2008 y aprovechando su condición, formalizó, como copropietario de V&A Asociados, con el líder del PSOE un primer contrato de 17.220 € a razón de 4.305 € mensuales, para la creación de un “Centro de Documentación para la Memoria Histórica de los CACT”, Centro que supuestamente pretendían desarrollar en los malogrados “Aljibes de Tahiche”, y todo ello sin seguir para ello ningún tipo de procedimiento público de contratación, tal y como era obligación por el volumen total finalmente facturado por este concepto.
2º.-Escandalosamente y previa a la formalización del referido contrato, desde comienzos de ese año 2008, la misma empresa de Mario Alberto Perdomo ya había venido facturando por idénticos conceptos de “Centro de Documentación”, hasta 7 facturas cuya montante ascendió a otros 25.000 €, supuestamente amparadas en un contrato al que se alude en las propias facturas, sin que conste la existencia de tal contrato en el registro de contratos de los CACT, ni mucho menos exista procedimiento público alguno para su formalización, lo que elevó el montante global de lo facturado y cobrado sólo por ese concepto a 42.000 €.
3º.- Pero es que además de su sueldo y lo anterior facturado por V&A , la empresa de Mario Alberto Perdomo facturó por servicios de dudosa prestación y desproporcionada cuantía -otros 21.000 €-, entre ellos un “Estudio Previo de Merchandising” aparentemente inexistente y del que sólo existe una factura de 7.350 €, lo que elevó a 102.000 €, pagados y contratados sin procedimiento por el Secretario General Socialista, la facturación conjunta de Mario Alberto Perdomo y su empresa a la EPEL-CACT.
- No obstante, en el único contrato parcial existente, llama poderosamente la atención el contenido de la clausula séptima de confidencialidad en un contrato público, cuyo contenido transcribimos casi literalmente: “Las partes se obligan a guardar secreto, y hacerlo guardar al personal, tanto propio como subcontratado (...) respecto a toda la información a la que se tenga acceso sobre los CACT y sobre Mario Alberto Perdomo Aparicio, sin que bajo ningún pretexto puedan utilizarla para sí ni para otra persona, firma o entidad”.
- Por otra parte, cabe recordar que el coste del contrato de “Los Aljibes de Tahiche” que daba cobertura al trabajo de Mario Alberto Perdomo y a los que jamás se les dio ni el uso como “Centro Documental”, ni ningún otro tras casi dos años de alquiler, supuso para las arcas de la EPEL-CACT una pérdida de más de 100.000 €, como llegó a reconocer el ex consejero, por lo que el despropósito y el móvil de esta fraudulenta iniciativa pudiera cobrar una nueva dimensión.
- Asimismo, en el período 2007-2009, aparte de los 102.000 € facturados a los CACT entre él y su empresa -V&A Asociados-, facturó al Cabildo en torno a 64.000 € por distintos conceptos, por lo que la suma de sus intereses alcanzó en ese período unas 166.000 razones en forma de euros.
Pero lo supuestamente delictivo no es lo relatado hasta ahora por grave que haya podido parecer, sino que a día de hoy, dos años después de que fuera emitida y abonada la primera factura por la supuesta realización del trabajo, a veces contratado sin concurso y a veces ni eso, es que apenas consta en la Administración de los CACT la entrega de documentos por parte de V&A Asociados o Mario Alberto Perdomo, que acrediten la realización de los trabajos pagados o justifiquen semejante desembolso económico, por lo que los hechos denunciables podrían ser constitutivos de “malversación de fondos y falsedad documental por la facturación y abono de servicios no prestados”.
De este modo, se entiende la creciente preocupación de Mario Alberto Perdomo, quien habiendo dejado de vivir fraudulentamente a costa de las arcas públicas de los CACT y del Cabildo de Lanzarote, a lo que se une su pavor por la denuncia que contra él y su pagador habrá de dilucidar la Justicia, se ha lanzado desde su columna periodística y tratando de aparentar una objetividad de la que carece, al acoso y derribo de un Grupo de Gobierno legítimo en democracia, que supone un serio peligro para su supervivencia personal y la de un proyecto perpetrado hace mucho para el secuestro de un partido político como el PSOE, que no merece ni a éste funesto ideólogo, ni al Secretario General que lo sustenta".
El comunicado fue enviado a todos los medios de comunicación del Archipiélago bajo la firma de los cuatro presidentes de los cuatro partidos que sustentaban el pacto.
Querella también contra Pedro San Ginés
En noviembre de 2011, unos meses después, el asesor de Carlos Espino también anunció una querella contra Pedro San Ginés, por motivos parecidos. El ex asesor del socialista exigió al presidente del Cabildo el pago de 166.000 euros por los daños causados a su honor y a su imagen y pidió su dimisión inmediata como máximo responsable de la Primera Corporación. Así apareció reflejado en la carta en la que Perdomo pedía a San Ginés que firmara como condición indispensable para que retirara la querella que había interpuesto en su contra.
Inicialmente estaba previsto que el ex asesor y el presidente analizaran esta carta en el acto de conciliación, después de que en su día Perdomo interpusiera una querella contra el dirigente de Coalición Canaria (CC) por entender que su derecho al honor había sido lesionado. Exigía al presidente del Cabildo 166.000 euros de indemnización para resarcir su honor, justo la cantidad que, según denunció San Ginés en su día, había cobrado el primero por prestar, entre otras cosas, sus servicios al que en el anterior mandato era consejero delegado de los Centros, imputado en la actualidad por tres delitos relacionados con dicha gestión en la empresa pública entre los años 2007 y 2009.
Por otro lado, el escrito que Perdomo quería que fuera rubricado por el presidente del Cabildo establecía literalmente que San Ginés le habría "injuriado y calumniado con la intención de amedrentarlo y así intentar que dejara de publicar, en diarios de ámbito regional, sus molestos artículos sobre la corrupción en Lanzarote".
El ex asesor fue más allá y pretendió que el presidente cabildicio reconociera que su trabajo era "incuestionable" y que San Ginés le pidiera perdón no sólo a él -la carta reconoce que San Ginés ha criticado a Perdomo para intentar tapar sus "vergüenzas políticas"-, sino también al propio Cabildo de Lanzarote - el escrito dice literalmente que el dirigente nacionalista habría utilizado los medios de una institución pública como el Cabildo para "sus propios y oscuros fines sin importarme lo más mínimo las consecuencias de mis acciones sobre éste"- y a todos los ciudadanos de Lanzarote -"por haber publicado información tergiversada".
El colofón del escrito llegó en su quinto párrafo, cuando afirmaba que "mis malos hábitos políticos, así como el interés en acallar la crítica política y los asuntos de corrupción de Lanzarote fue lo que me llevó a agredir públicamente a don Mario Alberto Perdomo Aparicio"; y más adelante, añadía que "la aportación de Mario Alberto Perdomo Aparicio a la sociedad de Lanzarote es digna de reconocimiento".
El presidente, como se supo inmediatamente después, no firmó aquella carta de Perdomo y envió un comunicado oficial al respecto. En él aclaró que el origen de la denuncia de Mario Alberto Perdomo Aparicio se encontraba en unas manifestaciones realizadas por el presidente del Cabildo en una rueda de prensa celebrada el 30 de octubre de 2010, en las que denunció, "aportando pruebas documentales, el trato de favor que Perdomo Aparicio recibió de los Centros de Arte, Cultura y Turismo durante la etapa en la que los Centros estuvieron regidos por el entonces consejero socialista Carlos Espino, de quien era asesor".
A la vista de la demanda de conciliación y las pretensiones de Mario Alberto Perdomo en la misma, "resulta obvio", resaltó el presidente, "que no se persigue conciliación alguna, sino, muy al contrario, pedir “la dimisión del presidente de todos sus cargos y una inaceptable admisión de la comisión de supuestos delitos por parte de la Presidencia que, por supuesto, no han tenido lugar".
El presidente del Cabildo no solo no se retractó de lo manifestado y acreditado en su día, sino que se ratificó en todo ello; "y menos aún después de que con posterioridad a dicha rueda de prensa haya sido la Justicia, y no San Ginés, "la que ha advertido de indicios de la supuesta comisión de delitos por parte de Mario Alberto Perdomo. Y es por este motivo", se recordó desde la Presidencia, "que se encuentra imputado en el marco del proceso de investigación de los CACT y del entonces consejero Carlos Espino por la supuesta comisión de varios delitos".
En relación a este asunto, por parte de la Presidencia se confirmó que San Ginés no había asistido al acto de conciliación citado y simplemente se afirmó que "no cabe más que esperar que la Justicia siga su curso, respetando y atendiendo al principio de presunción de inocencia que se le atribuye a cualquier imputado".
