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El consejero delegado de la empresa pública, que entiende que PSOE, PP, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos pretenden que prevarique al respaldar el acuerdo "ilegal" que terminó con la huelga, ha interpuesto este lunes a título personal una denuncia ante el Juzgado Número 4 de Arrecife por coacciones y amenazas

Lorenzo denuncia a los 14 consejeros de la oposición del Cabildo que respaldaron el acuerdo de los Centros Turísticos

Crónicas · 23 de octubre de 2017

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El consejero delegado de los Centros Turísticos de Lanzarote, José Juan Lorenzo, ha denunciado en los Juzgados de Arrecife los 14 consejeros que apoyaron el acuerdo de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) del Cabildo insular que permitió poner fin a la huelga iniciada en agosto por los trabajadores de la empresa pública.

Lorenzo ha interpuesto este lunes a título personal una denuncia ante el Juzgado de Guardia, el Número 4 de Arrecife, por coacciones y amenazas y acusa a los consejeros del PSOE, Partido Popular, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos de un “posible delito de coacciones y amenazas”, ya que entiende que están intentando “obligarle” a ejecutar un acuerdo que sostiene que es “ilegal”.

"Pido amparo de la Justicia ante un posible delito de coacciones y amenazas sobre mi persona, con la clara intención de que cometa una ilegalidad", ha expresado el consejero delegado de los Centros, que ha leído un breve comunicado ante los medios de comunicación a su llegada a los juzgados.

"Hoy pido el amparo de la justicia en defensa de la gestión pública, en defensa de los trabajadores de los CACT, en defensa del muy buen trabajo que vienen realizando en los últimos cinco años. Porque no hay futuro fuera de la ley. En ninguna actividad y mucho menos en una actividad pública. Y ninguna mayoría está por encima de la ley", ha expuesto Lorenzo.

"Pido amparo de la Justicia ante un posible delito de coacciones y amenazas sobre mi persona, con la clara intención de que cometa una ilegalidad", ha repetido el consejero delegado, que ha dejado claro que entiende que de esta forma le estarían obligando a aprobar un acuerdo en el seno del Consejo de Administración de los Centros Turísticos "a sabiendas de que es ilegal", lo que provocaría que incurriera en un delito de prevaricación.

De hecho, cabe destacar que ya la semana pasada el propio Cabildo adelantaba que un informe jurídico advierte sobre la comisión de varios delitos si se valida y ejecuta el acuerdo aprobado por la oposición para resolver el conflicto de los Centros Turísticos. "Cuando se pierde el contacto con la realidad de las cosas, cuando se ignoran todos los informes técnicos y jurídicos, sin aportar un solo informe que los contradiga, cuando se construyen verdaderas alternativas totalmente infundadas y muy mal intencionadas, cuando se opta por acuerdos calificados como nulo de pleno derecho en el Pleno del Cabildo de Lanzarote y se obliga a terceros con coacción y amenazas a que ejecuten acciones ilegales, se han cruzado todas las líneas rojas", ha manifestado Lorenzo, visiblemente afectado.

El consejero ha asegurado que adopta esta decisión "a título personal" y "en defensa de la gestión pública y del trabajo que han realizado todos mis compañeros de los Centros Turísticos".

El informe jurídico que invalida el acuerdo de la oposición

Un informe jurídico penalista que ha dado a conocer este pasado jueves el grupo de gobierno del Cabildo advierte sobre la responsabilidad penal de los miembros del Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo en el caso de que voten a favor de la ejecución del acuerdo ya aprobado por la oposición para resolver, de manera momentánea, el conflicto laboral que se recrudeció con la huelga de este verano en la Isla.

Este informe, que se fundamenta en los elaborados por la asesoría jurídica y los departamentos de Recursos Humanos e Intervención de la Primera Institución insular que concluyen que el acuerdo adoptado por la Oposición es nulo de pleno derecho, señala que quienes lo aprueben en el Consejo de Administración de los Centros del próximo martes estarían prevaricando, porque se estaría dictando una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia; y quienes lo ejecuten, malversarían caudales públicos. La ley contempla penas económicas, de inhabilitación y prisión para estos delitos.

Pese a todo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, muestra su “confianza en que al Partido Socialista no le temblará el pulso a la hora de que su representante en el Consejo asuma la materialización del acuerdo que han promovido y prometido a los trabajadores de los Centros”.

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