El Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha reactivado en este comienzo de 2017 una de las causas más controvertidas y que más tiempo lleva en fase de análisis de Lanzarote, la que tiene como principal implicado al ex secretario general del Partido Socialista (PSOE) Carlos Espino Angulo por su gestión al frente de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo. Después de siete años de instrucción, el polémico responsable de la empresa pública ha sido citado para que declare de nuevo sobre un asunto cuyo contenido no recordarán ni en el propio juzgado.
En concreto, según ha podido saber este diario de fuentes del caso, el Juzgado le llama a declarar el próximo 22 de febrero a las diez de la mañana en calidad de investigado, figura con la que antes se conocía a los imputados en cualquier causa. No es evidentemente la primera vez que declara en una causa que cumplirá siete años en fase de instrucción a lo largo de este 2017.
Además de la citación, el Juzgado ha decidido admitir a través de la diligencia dictada el pasado 7 de noviembre por el juez Rafael Liz Estévez la personación como Acción Popular de la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y las Garantías del Proceso Jiménez de Asúa y de su procuradora Marta Pérez Rivero.
Como se recuerda, en 2010 el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) acusó en la querella admitida a trámite a Espino, en cuyo mandato la deuda superó los 14 millones de euros, “de incumplir de forma sistemática los procedimientos de contratación en la adjudicación de obras y servicios”. Según establece la querella presentada por el abogado Juan David García Pazos, ahora sustituido por otra letrada, una de las supuestas irregularidades detectadas y cometidas presuntamente por Carlos Espino se basa en el contrato suscrito con el propietario de la empresa Climafrical, Antonio González Medina, conocido empresario de la Isla y afiliado al PSOE, por importe de 224.450 euros, para el suministro de 40 unidades de equipamiento para la cocina de Jameos del Agua. Aunque no es ni mucho menos el único caso que sustenta la acusación de malversación de fondos. Allí se incluye el pago de un alquiler de Los Aljibes de Tahíche, un local que se pagó durante años sin que se hiciera uso del mismo; el pago de una página web no oficial que se contrató a última hora de su gestión; el pago sistemático a su asesor Mario Alberto Perdomo y a empresas vinculadas con éste, pagos a medios de comunicación y agencias de publicidad, todo dentro de un asunto muy complejo que parece que camina hacia un juicio que tendrá que llegar cuando acabe la actual fase de instrucción.
El abogado de los Centros recuerda que para realizar el contrato más polémico, el de la cocina de Los Jameos, era obligatorio, “como no podía ser de otro modo”, seguir un procedimiento reglado con el fin de garantizar el buen uso de los fondos públicos”, algo que, según la querella, no se repetó: "tanto la compra de los elementos para la cocina como las obras facturadas fueron a dedo". Este asunto, uno de los principales, ha contado con una amplia pericial que tendrá que ser aportada en su momento cuando se celebre un juicio que no acaba de llegar. El documento judicial al que ha tenido acceso este medio asegura que “para la adjudicación y formalización del contrato” para la cocina de Los Jameos del Agua, con el empresario Antonio González, “no se publicitó en los boletines oficiales, no fue a concurso abierto, no se adjudicó a la oferta más barata, se acabó pagando más del doble de lo acordado, se pagó a precios muy superiores a los de mercado y se pagó por suministros no realizados”.
De este modo, la querella sostiene que la adjudicación de un contrato, por ley, requiere la previa tramitación del correspondiente expediente que motive la necesidad del contrato. Sin embargo, la adjudicación de Espino al empresario Antonio González no contó con el pliego de cláusulas administrativas particulares ni con el de prescripciones técnicas. “En contra de lo dispuesto en la ley”, dice la querella, “el consejero delegado y su director de Desarrollo de la EPEL, José Manuel Páez –dirección inventada por el consejero sin la aprobación del Consejo de Administración, tal y como establecen los estatutos (…) y en realidad asesor personal del consejero por libre designación y sin formación alguna para el cargo- trataron de revestir dicho contrato de la apariencia de procedimiento, presentando tres presupuestos pedidos por ellos mismos”.
"No era la oferta más barata"
Prosigue el escrito señalando que “finalmente, el director económico y financiero, Francisco Ortega, se ve obligado por la Dirección Política a emitir un informe al consejero delegado, decantándose de entre las propuestas presentadas por el propio consejero, por la de Climafrical, ‘por ser el presupuesto más económico de los tres’, tal y como se desprende del documento ocho” que se adjunta en la denuncia. Lo más grave es que ni siquiera dicho presupuesto era el más barato, pues había otro más económico, en concreto el de la empresa Ferhostel, S.L., que ascendía a la cantidad de 220.581,01 euros”.
Se miente, por tanto, según la querella, cuando se afirma que la oferta de Climafrical era la más barata. Al final, la reforma de la cocina de los Jameos estaba contratada por 224.454 euros y se abonó, según la denuncia, por 377.552,60 euros. No es de extrañar, sostiene el abogado de los Centros Turísticos, cuando el trabajo en realidad podía haberse facturado por un total de 130.000 euros, según se desprende del presupuesto emitido por la ebtidad Compafric S.L.
"Se pagó hasta el 300% más del valor real"
Álgo más que "sospechoso" considera el abogado que resulta el hecho de que cuando "un lavavajillas que tiene un precio de mercado de unos 3.500 euros, el señor Espino sea capaz de pagar 7.983 euros, o de pagar por un estante de botaagua valorado en 581 euros hasta 2.870 euros, o por una cortadora de fiambres de 1.840 euros la cantidad de 3.268 euros", resalta la querella. Del mismo modo, "por una cámara frigorífica valorada en 10.340 euros, el señor Espino pagó 16.511 euros".
La factura más llamativa de la reforma de la Cocina de los Jameos del Agua apunta a que una cámara frigorífica para el cuarto de basura, de 18.790 euros, se pagó a un 300% por encima de su precio real.
El documento subraya, además, que al empresario Antonio González también se le pagaron facturas anteriores y que, en total, entre 2007 y 2009, los Centros Turísticos le abonaron 763.231, 40 euros.
Se añade en la querella que la facturación, además de por el sobrecosto, fue también totalmente irregular. "A pesar de que el contrato era por el contepto "Certificaciones de la Obra de Reforma en la Cocina de los Jameos del Agua, según contrato relacionado con el presupuesto Nº 2007139", se emiten un total de cuatro facturas, correspondientes a las certificaciones la primera, la segunda y la tercera, pero señalada otra factura igualmente como tercera pero por otro importe y de otra fecha, más la factura por diferencia de materiales, según presupuesto, por un importe total de 269.345,64 euros.
La defensa de los Centros Turísticos expone que "se pagó un precio superior al pactado, con conocimiento orden expresa de Carlos Espino, según manifiestan, entre otros, el director económico de la EPEL, Francisco Ortega".
Además, en lugar de pagarse el material suministrado, se abona "por certificaciones", como si se tratase de una obra -la colocación de los elementos venía ya incluido en el presupuesto- sin que, por esoo, realmente se pudiera corroborar que los elementos que componían el equipamiento realmente habían sido suministrados.
Hay también después otras facturas diferentes, las número 86, de 12 de junio de 2009; la número 93, de 21 de mayo de 2008; la 111, de 27 de junio de 2009; y la 328, de 23 de noviembre de 2007, según las cuales los Centros adquirieron de la empresa Climafrical nuevos elementos, "no incluidos en el presupuesto original, pagando por ello un precio superior al contratado". Una vez más, en la querella se pone de manifiesto la ausencia del informe de necesidad y de ideonidad del contrato en el que se determinaran las necesidades que pretenden, así como un pliego de condiciones que estableciera lo que la empresa pública quería.
