El consejero de Medio Ambiente y Ordenación territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, anunció este miércoles que el jueves mantendrá una reunión con representantes de la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan), del Cabildo de Lanzarote, de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise y de los sindicatos UGT y CC.OO. para abordar el problema de los hoteles que están siendo investigados por la Unión Europea (UE) por su “ilegalidad”.
Berriel, que hizo estas declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión de la Comisión de Ordenación del Medio Ambiente y del Territorio de Canarias (COTMAC), explicó que el Gobierno canario ha considerado que como cualquier solución que se ha de dar dentro de la legalidad a estos hoteles podría tener una repercusión en el empleo, “hemos creído conveniente invitar a los secretarios insulares de las dos centrales sindicales importantes CCOO y UGT a que estén en la reunión y nos expresen su opinión”.
Aseguró que no se trata de una “cuestión baladí” porque se está hablando de más de 20 hoteles de última generación que dan empleo directo a 4.000 trabajadores y de manera indirecta a 6.000 y es por ello por lo que opinó que este tema se ha de analizar sin más dilación.
No obstante, el consejero recordó que la UE solo se ha limitado a pedir información sobre estos hoteles tras la solicitud que ha realizado el representante de Los Verdes en el Parlamento Europeo, David Hammerstein, sobre una serie de establecimientos sobre los que ha caído una sentencia determinada. “Hay que analizar caso a caso y ver qué solución tienen en virtud a esas sentencias”, dijo, añadiendo que en el caso de que los expedientes de todos los hoteles estén perfectamente acreditados “ningún problema han de tener”.
Berriel también afirmó que la opinión de los agentes implicados es importante para el Gobierno, “porque nosotros estamos metidos en una ley de medidas urgentes en materia de Ordenación Territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la que se establece un criterio para aquellas instalaciones hoteleras que cumpliesen con la legalidad urbanística “pero que por problemas sobrevenidos, sobre todo con la moratoria, no hayan podido inscribirse en el registro de instalaciones hoteleras, pues que se puedan legalizar con unos condicionantes determinados”.
“Eso sería de aplicación también en algún caso o no, en función del alcance de la problemática de cada uno de los hoteles que están en Lanzarote”, manifestó Domingo Berriel, a la vez que reiteró que se ha de estudiar caso a caso y que en principio “la sentencia lo que obligaría a bote pronto es a retrotraer el expediente al momento en que la sentencia basa la nulidad de la licencia y ahí se verá si falta un informe y por qué falta y si se puede obtener”, precisó.
El consejero, por último, dejó claro que el Gobierno canario no va a eludir ni impedir que se cumpla con el urbanismo e insistió en que quiere que se disipe pronto este asunto.
