El otro día, la Hacienda Canaria le embargó la cuenta a un empresario amigo, por un plazo no pagado del IGIC. La Agencia Tributaria Canaria comunicó a varios clientes la obligación de retener el pago de sus facturas al afectado, hasta que no quedara satisfecha la deuda. La primera empresa que recibió la comunicación pagó los mil y pocos euros a la Agencia, con lo que el afectado quedaba liberado de su deuda. Pero la Agencia Tributaria Canaria había enviado la orden de retención de pagos a varios clientes a la vez, con lo que la empresa acreedora (que ya no lo era) resultó bloqueada, sin poder percibir un euro de sus facturas. Esto se soluciona con comunicados de levantamiento de embargo inmediatos, pero la Agencia Canaria tarda, incluso, meses, en enviarlos, en contra de la norma de la Agencia Tributaria Estatal, que los emite telemáticamente, de forma instantánea. Encima de cómo están las cosas, la Administración Canaria, en su infinita voracidad, entorpece la labor de las empresas isleñas, torpedea los intereses de los empresarios y tarda una enormidad en certificar el pago de las deudas tributarias pendientes por una lentitud inadmisible en sus procedimientos. Sencillamente, un desastre, y más en el clima de ruina económica que estamos viviendo. Este empresario se quejaba amargamente: “Me han bloqueado”, me decía, “y ahora tengo que pedir cita, y que me la den, para lograr que la Agencia Tributaria Canaria envíe a todos mis clientes que han recibido la orden de retener mi dinero el certificado que indique que no debo nada a la Administración, liberatorio de mis facturas. Esto me llevará semanas y semanas”. Me da cierto asco todo esto, que en tu propia tierra boicoteen tu trabajo y más cuando ya has cumplido con la obligación de tributar. Aquí embarga todo el mundo, hasta el funcionario del cortadito, de chaqueta colgada en la silla mientras desayuna en El Corte Inglés.
Publicado en Diario de Avisos