Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, Las Palmas (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª).Sentencia núm. 550/2010 de 1 octubre
JT\2010\1424
	
TASAS MUNICIPALES: Tasa por el servicio de suministro y distribución de agua potable: naturaleza: incidencia de la STC 185/1995 y de la Ley 25/1998: tasa y no precio público: procedimiento de aprobación: nulidad existente.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso contencioso-administrativo núm. 135/2009 
Ponente: Ilmo. Sr. D. javier varona gómez-acedo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Canarias (Las Palmas) estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Acuerdo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio que autoriza el aumento de la tarifa por el servicio de abastecimiento de agua potable.

SENTENCIA nº 550/10
ILMO. SR. PRESIDENTE
D. Francisco J. Gómez Cáceres
ILMO. SRE. MAGISTRADOS
D. Jaime Borras Moya
D. Javier Varona Gómez Acedo
D. Alfonso Rincón González Alegre
En Las Palmas de Gran Canaria, a 01 de octubre de 2010. Visto por esta Sección TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. , integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el recurso Contencioso - Administrativo nº 0000135/2009 , interpuesto por la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (ASOLAN) , representado el Procurador de los Tribunales D. Francisco Bethencourt Manrique de Lara y dirigido por abogado , contra la Consejería de Empleo, Industria y Comercio , habiendo comparecido, en su representación y defensa el letrado del Gobierno de Canaris; comparece como codemandado el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote, representado por el procurador Dña. Mercedes Ramírez Jiménez y la entidad Insular de Aguas de Lanzarote, S.A., representada por el procurador Dña. María del Carmen Sosa Doreste.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Es objeto de recurso el acto identificado en la cabecera que precede.
SEGUNDO.- La representación de la demandante interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicho acto, formalizando demanda con la súplica de que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del acto administrativo impugnado.
TERCERO.- Las Administraciones demandadas y entidad codemandada contestaron a la demanda, oponiéndose a ella e interesando la inadmisión o desestimación a del recurso interpuesto.
CUARTO.- No se recibió el proceso a prueba, y concluida su tramitación, se señaló día para votación y fallo del presente recurso en cuyo acto tuvo lugar su realización.
Se han observado las prescripciones legales que regulan la tramitación del recurso cuya cuantía es indeterminada.
Es ponente el Ilmo. Sr. Don Javier Varona Gómez Acedo, que expresa el parecer de la Sala.
 FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Las Administraciones demandadas ha opuesto diversas causas de inadmisión del recurso.
La primera de ellas, ya parcialmente resuelta por auto de 9 de diciembre de 2009 , carece de sentido ya que la entidad demandante ha cumplido con la exigencia del artº 45.2 d) LJ. ( RCL 1998, 1741) , dado que acompañó con su escrito de interposición del recurso, el acuerdo adoptado por su Junta directiva y los estatutos de la Asociación de los que resulta su competencia para ello, según el artº 19 m). 
La segunda causa de inadmisión se califica de "desviación procesal" dado que según se dice : se pretende "revisar la legalidad de la orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio por el que se acordó autorizar el aumento de la tarifa de abastecimiento de agua en la isla de Lanzarote con pretendido fundamento en la nulidad del acuerdo de la Asamblea del Consorcio de Aguas de Lanzarote de 3-10-2008. Es obvio que estamos ante un claro supuesto de desviación procesal en el que el actor aparentemente recurre el acuerdo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio que autoriza el aumento de la tarifa pero que realmente pretende que el Juzgado entre a conocer de la legalidad del acuerdo de la Asamblea del consorcio de Agua de Lanzarote de 3-10-2008 por el que se acordó aprobar la modificación de la TARIFA bajo el pretexto de que no está de acuerdo con la naturaleza jurídica del acto que autoriza, lo cual, infringe el carácter revisor de este orden jurisdiccional."
La misma suerte desestimatoria merece tal solicitud, por una pluralidad de motivos, el primero de los cuales es que el recurso y la demanda pretenden la declaración de nulidad de la Orden impugnada, según se desprende del literal de los respectivos "suplícos". A su examen nos ceñiremos, por elemental congruencia. No entraremos a valorar si los posibles vicios de la Orden recurrida, afectan también a otros actos anteriores, o si los mismos son o no firmes por haber sido o no objeto de notificación. Simplemente ello no es objeto de la pretensión impugnatoria.
Y no mejor suerte ha de correr la ultima y extravagante causa de inadmisibilidad que se argumenta en la forma siguiente: "también existe otro motivo por el que debe declararse la inadmisión del recurso interpuesto por la entidad ASOLAN habida cuenta que la decisión de esta entidad de discutir la naturaleza jurídica de la tarifa que el Consorcio viene percibiendo por la prestación del servicio de abastecimiento en la isla de Lanzarote es contraria a sus propios actos. Efectivamente, la interposición del presente recurso por la entidad ASOLAN vulnera el propio comportamiento que desde el año 1.992 (fecha de creación de la Asociación, tres años después del nacimiento de INALSA) se viene observando en esta entidad y por tanto conocedora desde el principio de su constitución de la tarifa que la concesionaria del servicio (INALSA) percibe de los usuarios por la prestación del servicio de abastecimiento de agua en Lanzarote."
Lo que se recurre es la modificación de unas tarifas, que no puede impedirse con el argumento de que no se recurrieron las tarifas revisadas. La revisión en si mismo tiene una entidad autónoma suficiente para no ser considerado un acto "reproducción" del anterior. Pero es que además, no solo sería susceptible de recurso la modificación en si misma, lo sería también por la vía de recurso de los actos de aplicación de esa tarifa.
SEGUNDO
Descartados los posibles motivos de inadmisión, podemos entrar en el fondo de la cuestión debatida, lo que exige previamente determinar la naturaleza jurídica de la contraprestación exigible por el servicio de abastecimiento de de agua potable que realiza el Consorcio de Aguas de Lanzarote a través de la entidad mercantil INALSA.
Para ello contamos con los suficientes antecedentes jurisprudenciales que zanjan la cuestión, entre los que se encuentra la STS 20 julio 2009 ( RJ 2010, 675) , recurso núm. 4089/2003 , Ponente: Excmo Sr. Juan Gonzalo Martínez Micó, cuya exhaustiva exposición trascribimos: 
"1. La sentencia recurrida declara la nulidad radical de las Normas Reguladoras del suministro de agua potable, Normas Reguladoras del Precio por servicio de saneamiento, las Normas Reguladoras del Precio por servicios del matadero y acarreo de carnes y las Normas Reguladoras del Precio por Estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales , adoptadas por el Ayuntamiento de Avila para el ejercicio de 2001 por haber infringido estas normas reguladoras citadas los arts. 20 y 41 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre ( RCL 1988, 2607 y RCL 1989, 1851) , de las Haciendas Locales , los arts. 6 y 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril ( RCL 1989, 835) , de Tasas y Precios Públicos (del Estado), en relación con el art. 62.2 y 51 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246) de RJAP y PAC y art. 5 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre ( RCL 1963, 2490) , General Tributaria . 
2. El Ayuntamiento recurrente diferencia dos supuestos:
a) El servicio puede ser prestado directamente por ente de Derecho público: esto es, por una Administración Territorial o por un Organismo Autónomo. Unos y otros se hallan globalmente sometidos en su actuación externa al Derecho Administrativo, por lo que la contraprestación que puedan percibir de los servicios que rindan a los ciudadanos deben ser calificados necesariamente como tasas.
b) El Servicio puede ser prestado por entes constituidos en forma privada (sociedades) que "se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado" como dice la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 6/1997, de 14 de abril ( RCL 1997, 879) ; su régimen, tanto interno como externo, es de Derecho privado o común, no de Derecho público, lo que imposibilita, en los términos literales del art. 20 de la LHL , calificar de tasas a las contraprestaciones que perciban por los servicios que lleven a cabo; se trata, en tal caso, de puros precios contractuales, sometidos en su formación y exigencia al Derecho privado, aparte que su determinación pueda estar sometida a autorización administrativa. 
En el caso del servicio por suministro de agua potable, de forma expresa el art. 20.4.t) de la LHL lo configura como tasa siempre que sea presado por las Entidades locales. Su prestación por empresas concesionarias excluye, pues, la configuración de tal servicio como tasa. 
La Corporación recurrente concluye que los servicios por suministro de agua potable, servicios de matadero, estacionamiento de vehículos en las vías públicas y servicio de saneamiento del Ayuntamiento de Avila se prestan en régimen de concesión por las empresas SOGESUR S.A., MATADERO FRIGORIFICO DE AVILA S.L. y DORNIER S.A., lo que excluye la aplciación de los arts. 20 y 41 de la LHL , y en el caso del suministro de agua el art. 20.4.t) de la LHL , por tratarse de precios privados. 
3. Para resolver el dilema planteado parece conveniente recordar con cierto detalle lo que hemos dicho en ocasiones anteriores ( sentencias de 14 de abril de 2000 ( RJ 2000, 4273) , recurso num. 4689/1994 , y 22 de diciembre de 2001 ( RJ 2002, 1139) , recurso num. 5759/1996 , entre otras, y últimamente, sentencia de 16 de julio de 2009 ( RJ 2010, 497) , recurso num. 536/2003 ) acerca de la evolución legislativa que ha tenido lugar en materia de tasas y precios públicos locales. En esa evolución histórica de la regulación legal de las tasas y precios públicos locales podemos encontrar la clave para la resolución del problema que ahora nos ocupa. 
Desde el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924 , la utilización privativa o especial del dominio público y la prestación de servicios públicos municipales constituyeron el hecho imponible de los entonces denominados "derechos y tasas"; así continuó en la Ley Municipal de 1935, en las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1955 (sic) y 3 de diciembre de 1953 ( RCL 1953, 1597) , Reglamento de las Haciendas Locales de 2 agosto. 1952, Texto articulado y refundido de Régimen Local de 24 de junio de 1955 ( RCL 1956, 74, 101) , y Ley General Tributaria 230/1963 que definió las tasas en su art. 26.1 .a) como "aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público, la prestación de un servicio público o la realización por la Administración de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo", Ley 41/1975, de 19 de noviembre ( RCL 1975, 2334 y RCL 1976, 327) , de Bases del Estatuto de Régimen Local, cuya base 22ª utilizó solo el vocablo tasas, definiéndolas, en lo esencial, según el art. 26 de la Ley General Tributaria , Real Decreto-Legislativo 3250/1976, de 30 de diciembre ( RCL 1977, 224) , Ley 7/1985, de 2 de abril ( RCL 1985, 799, 1372) , Reguladora de las Bases del Régimen Local y Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ( RCL 1986, 1238, 2271, 3551) , Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 
Especial mención merecen las sustanciales reformas introducidas por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre , y por la Ley 8/1989, de 13 de abril , en materia de tasas y precios públicos, como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre ( RTC 1995, 185) y 233/1999, de 16 de diciembre ( RTC 1999, 233) , ambas posteriores a la sustanciación de este recurso de casación. En efecto, la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, introdujo y estableció en su art. 41 un nuevo concepto de precios públicos de naturaleza no tributaria, en sustitución de las tasas tradicionales: "Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por: A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. B) La prestación de servicios o realización de actividades administrativas de la competencia de la Entidad local perceptora de dichas contraprestaciones, cuando concurra alguna de las dos circunstancias siguientes: a) Que los servicios públicos o las actividades administrativas no sean de solicitud o recepción obligatoria. b) Que los servicios públicos o las actividades administrativas sean susceptibles de ser prestadas o realizadas por el sector privado por no implicar intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación de autoridad, o bien por no tratarse de servicios en los que esté declarada la reserva a favor de las Entidades locales con arreglo a la normativa vigente". 
Esta reforma se justificó en la Exposición de Motivos de la Ley, diciendo que "en el ámbito estricto de las tasas, la exacción de éstas se limita a la prestación de servicios públicos y a la realización de actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien al sujeto pasivo, cuando uno y otra, por su propia naturaleza o por disposición legal o reglamentaria, no sean susceptibles de ser prestados o realizados por el sector privado, siempre que su demanda no sea voluntaria. Para los demás casos de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia municipal , así como por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal , se instrumenta un sistema de precios públicos, como recurso no tributario, que dota al régimen financiero municipal de mayor dinamismo y de más capacidad de adaptación a la realidad económica".
La diferencia entre las antiguas tasas es que estas tenían como límite máximo el valor del aprovechamiento del dominio público y el coste de los servicios, y debían regularse por Ordenanzas Tributarias que se aprobaban provisionalmente por mayoría cualificada (mayoría absoluta de los miembros de la Corporación) y que se sometían durante 30 días a información pública, principalmente presentación de reclamaciones, que una vez resueltas, daban lugar a la aprobación definitiva. Es de destacar la participación ciudadana directa en el establecimiento y ordenación de las tasas.
En cambio, en los precios públicos, el valor del aprovechamiento del dominio público local y el coste de los servicios era el importe mínimo de los mismos, a su vez los precios públicos, al carecer de la naturaleza de tributos, se establecían o modificaban por un acuerdo del Pleno (mayoría de miembros asistentes) o, por delegación, de la Comisión de Gobierno, sin necesidad, de seguir el procedimiento garantista propio de las Ordenanzas fiscales, es mas, sin necesidad siquiera de utilizar la forma de Ordenanzas.
La innovación introducida por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales , fue seguida por la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, que introdujo en la Hacienda estatal y en la de las Comunidades Autónomas el nuevo y "revolucionario" concepto de precio público. Es menester destacar que el texto del art. 24 de la Ley 8/1989 es similar y substancialmente igual al del art. 41 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales , al cual copió. 
Como consecuencia de lo anterior, se modificó el art. 26, apartado 1, a) y b), de la Ley General Tributaria , que quedó redactado de la siguiente manera: "26.1. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien a los sujetos pasivos, cuando concurran las dos siguientes circunstancias: a) Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los administrados. b) Que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado, por cuanto impliquen intervención en la actuación de los particulares o cualquier otra manifestación del ejercicio de autoridad o porque, en relación a dicho servicio, esté establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente". 
Ante la frontera difusa entre precios públicos y tasas, la mayor parte de los Ayuntamientos convirtieron las tasas tradicionales en precios públicos.
Estos vientos mas que de reforma, de heterodoxia fiscal, llegaron incluso a la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre ( RCL 1980, 2165) , de Financiación de las Comunidades Autónomas , adaptando mediante la Ley Orgánica 1/1989, de 13 de abril ( RCL 1989, 834) , el art. 7 , apartado 1 , regulador de las tasas como ingreso tributario de las Comunidades Autónomas, el hecho imponible de "utilización privativa de su dominio público" y la prestación de servicios públicos y realización de actividades económicas en las circunstancias expresadas, que se incluyeron en la órbita del nuevo concepto de "precio público". 
Años mas tarde, el Tribunal Constitucional resolvió varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el art. 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y en su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre , declaró la inconstitucionalidad de la letra a) (precios públicos por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público), y de la letra b) (precios públicos por prestaciones de servicios públicos), del apartado 1, del art. 24 , lo cual implicaba volver al concepto tradicional, constitucionalmente correcto de las Tasas. 
A partir de la Sentencia 185/1995, del Tribunal Constitucional , se inició una auténtica contrarreforma mediante: 
1º) El Real Decreto-Ley 2/1996, de 26 de enero ( RCL 1996, 272) , que dotó de cobertura legal, con carácter inmediato y provisional a todos aquellos precios públicos de la Hacienda del Estado, nacidos al amparo del art. 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 . 
2º) Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre , que restableció en el ámbito de las Haciendas de las Comunidades Autónomas las tasas por la utilización de su dominio público, (con igual redacción que el texto original de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y por prestación de servicios públicos en las condiciones exigidas por la Sentencia 185/1989 ). 
3º) La Ley 25/1998, de 13 de julio ( RCL 1998, 1737) , de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, que restableció la ortodoxia en materia de tasas, que volvieron a comprender la utilización del domino público, suprimiéndose en este punto concreto los precios públicos, y redactando de nuevo el art. 24 de dicha Ley , con el siguiente texto: "Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados", y así se redactaron de nuevo el artículo 26.1 de la Ley General Tributaria , el art. 6 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y los arts. 20 y 24, entre otros, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales . 
La Ley 25/1998, de 13 de julio , tuvo presente la identidad absoluta, sin diferencia alguna, entre las normas definitorias y reguladoras de los precios públicos contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de las Haciendas Locales , y las de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (del Estado), que copió literalmente a la primera, de modo que si aquélla era inconstitucional, la segunda lo era también, por ello la Ley 25/1998, de 13 de julio , respetando la doctrina de la sentencia 185/1995, del Tribunal Constitucional , modificó entre otros los arts. 20 y 41 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales , adaptándolos a la doctrina de dicha sentencia, anticipándose así a la esperada sentencia del Tribunal Constitucional resolutoria de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra dichos artículos, y consciente de la situación anormal de los precios públicos locales establecidos al amparo del art. 41 de la Ley 39/1988 , en su versión original preceptuó en su Disposición Transitoria segunda : "1. Antes del 1 de enero de 1999, las Entidades Locales habrán de aprobar definitivamente y publicar los acuerdos precisos de imposición y ordenación de tributos al objeto de poder exigir tasas con arreglo a las modificaciones introducidas por la presente Ley en la Sección 3ª del Capítulo III del Título I de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales . Asimismo, y antes de la fecha indicada, las entidades locales podrán continuar exigiendo tasas y precios públicos con arreglo a la normativa anterior", extendiendo así un manto protector sobre las situaciones creadas al amparo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales , que sólo podía desaparecer, si, a su vez, se hubiera declarado inconstitucional, la Disposición Transitoria Segunda , reproducida. 
Pendían en 1995 del Tribunal Constitucional tres recursos de inconstitucionalidad y cinco cuestiones de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Hacienda Locales , entre ellos el artículo 41 (recurso de inconstitucionalidad núm. 591/1989 ), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Canarias --con sede en las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife--. El Tribunal Constitucional resolvió los recursos en su sentencia 233/1999 , de 16 de diciembre , en la que, pese a ser el art. 41 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, igual al 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril , fue declarado constitucional dicho precepto en el Fundamento de Derecho 16 de la sentencia, si bien la Ley 25/1998, de 13 de julio , lo había modificado con anterioridad para adaptarlo a la sentencia num. 185/1995 del Tribunal Constitucional . 
En definitiva, que la Ley 25/1998, de 13 de julio , ha cortado de raíz toda impugnación o discusión de los Precios Públicos establecidos con anterioridad basada en la doctrina de la Sentencia 185/1995 del Tribunal Constitucional , o dicho de otro modo: estos Precios Públicos han continuado en vigor, por razones de seguridad jurídica, hasta el 31 de diciembre de 1998, sin que pudieran ser impugnados por razón de las nuevas circunstancias definidoras de las tasas y de los precios públicos. 
Lo que resulta incomprensible es que, reconocido por la Ley 25/1998, de 13 de julio, que los arts. 20 (tasas) y 41 (precios públicos) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales , habían resultado afectados por la Sentencia núm. 185/1995, del Tribunal Constitucional , que declaró inconstitucionales las normas definidoras de las tasas y de los precios públicos del Estado, pudiera posteriormente dictarse la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 233/1999, de 16 de diciembre , que declaró contrariamente que el art. 41 (precios públicos locales) era constitucional ; no obstante, como esta segunda Sentencia no se pronunció sobre la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 25/1998 , ha de concluirse, por lo que respecta al caso que nos ocupa, que en el ejercicio 2001, que es cuando iban a regir las modificaciones de Ordenanzas y Regulación de Precios Intervenidos acordada por el Ayuntamiento de Avila en su reunión del Pleno de 22 de diciembre de 2000, varios de los precios públicos cuya modificación se cuestiona debían ser tasas y no precios públicos. 
Así, el servicio de suministro y distribución de agua potable, debe ser objeto de una tasa (art. 20.4.t ) LHL ). Poco importa que el servicio público de suministro de agua potable sea prestado mediante concesión administrativa. Las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de suministro de agua potable prestado mediante concesión deben ser calificadas como tasas, con independencia de la modalidad de gestión empleada. Incluso en los casos en que el servicio es gestionado por un ente público que actúa en régimen de Derecho privado --las entidades públicas empresariales--, a través de sociedades municipales o por un concesionario, lo exigido a los ciudadanos tiene la calificación de tasa, no de precio privado o tarifa. La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión. 
El servicio de saneamiento, consistente en la prestación del servicio de alcantarillado municipal para la devolución de las aguas residuales a los cauces convenientemente tratadas y depuradas, es hecho imponible de una tasa (art. 20.4.r ) de la LHL . La sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 2001 ( RJ 2002, 1139) (rec. num. 5759/1996 ) consideró que a partir del 1 de enero de 1999 el servicio de suministro y saneamiento del agua , cuando tales servicios o suministros son prestados por los Entes locales, es un hecho imponible de la tasa correspondiente. 
Lo que el Ayuntamiento de Avila denomina precio por servicio de matadero y acarreo de carnes debe ser también una tasa (art. 20.4.u ) de la LHL ). 
El estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, dentro de las zonas que a tal efecto se determinen, puede ser susceptible de una tasa (art. 20.3.u ) de la LHL . 
El establecimiento de precios públicos en 2001 por el suministro de agua potable, por el saneamiento del agua , por el servicio de matadero y por el estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales es contrario a los arts. 20 y 41 de la Ley 39/1988, de las Haciendas Locales , y a los arts. 6 y 24 de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos." 
Con tal doctrina, reforzada en razón de la normativa estudiada en dicha sentencia, por lo dispuesto en el artº 2.2. de la LGT 58/2003 ( RCL 2003, 2945) , estamos en condiciones de afirmar que las tarifas a que se refiere la Orden objeto de recurso, no son tales sino que deben ser consideradas como tasas cuya confección y aprobación requiere un procedimiento distinto y competencia también distinta, lo que comporta la existencia de sendos motivos de nulidad recogidos en los apartados b) y e) del articuelo 62 de la Ley 30/92 de RJAP y PAC . 
TERCERI.- Como queda expuesto las violaciones legales a que nos hemos referido, determina la estimación del recurso. No se aprecian motivos para hacer especial pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . 
Por ello, vistos los artículos citados y demás de general aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución ( RCL 1978, 2836) decidimos 
FALLO
Que, sin apreciar las causas de inadmisión invocadas, debemos estimar y estimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la representación procesal de ASOCIACION INSULAR DE EMPRESARIOS DE HOTELES Y APARTAMENTOS DE LANZAROTE ( ASOLAN) frente al acto antes identificado que anulamos, sin imposición de costas.
Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitida en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
Al notificarse a las partes se les indicará que esta sentencia es susceptible de recurso de casación --que deberá prepararse en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de la notificación-- ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente don Javier Varona Gómez Acedo en audiencia pública de lo que yo, el Secretario de la Sala, certifico.
El presente texto se corresponde exactamente con el distribuido de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.6 b) del Reglamento 3/2010 (BOE de 22 de noviembre de 2010). La manipulación de dicho texto por parte de Editorial Aranzadi se puede limitar a la introducción de citas y referencias legales y jurisprudenciales.