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Okupas, lo que nadie quiere solucionar

Eduardo Álvarez |

Eduardo Álvarez | 09 de agosto de 2020

 

 

Estamos en un país donde existe la propiedad privada, o no.

Yo puedo tener dos coches, dos motos, dos bicis, dos yates, puedo tener por duplicado estos bienes y otros muchos siempre y cuando los adquiera de forma legal y los pague con mi dinero, bien porque lo he ahorrado o bien porque alguien me ha prestado el dinero para adquirirlos, un banco, mi padre, un tío de Cuenca, el Papa Francisco o el sumsun corda.

Esta compra de bienes está amparada, regulada y protegida por la ley.

Pero curiosamente, pudiendo hacer lo mismo y con los mismos medios, a la hora de comprarme una casa, este acto es el único que no me protege la ley.

El derecho a la propiedad privada y a una vivienda digna es el único derecho que la ley se pasa por el forro de los bemoles a la hora de defenderme de personas a las que, este derecho inalienable, les parece que no va con ellos.

Curiosamente existe un delito recogido en el código penal que reza literalmente lo siguiente:

 

Articulo 202 CP

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Hasta donde mi limitado intelecto llega, cuando un ciudadano se mete en mi casa, sin mi consentimiento, aprovechando mi ausencia, cambiando las cerraduras o forzando alguna puerta o ventana,  comete un delito según el texto descrito en el artículo del Código Penal.

Es tan simple y sencillo como esto. Nadie que no sea yo o alguien autorizado por mí, puede acceder a mi vivienda y si lo hace, la fuerza de la ley lo pondrá en la calle directamente, sin necesidad de juicios ni dilaciones. O a lo mejor no y yo no sé leer.

En el Código Penal no establece en ningún caso que se pueda ocupar una casa ajena, ya sea la vivienda habitual o la que me compre para disfrutar de mis vacaciones. Da igual que sea la primera que la quinta, la ley tiene la obligación de defenderme, no porque yo lo diga, sino porque así está recogido en la legislación vigente, que para eso está.

Bueno pues algo que parece ser tan sencillo de entender para la mayoría de los mortales, para los políticos debe ser un silogismo condicionado, un jeroglífico inexplicable o simplemente y eso es lo que yo creo, una forma torticera de hacer política para ganar votos.

Alguien me puede alegar a este razonamiento, que hay un derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución Española y que cuando un ciudadano ocupa una vivienda que no es suya, una vez que transcurren una serie de horas desde este hecho hasta que los descubren dentro, el procedimiento para desalojarlos es otro, que no la aplicación directa de la Ley. Un procedimiento absolutamente injusto, incomprensible, cuyo único damnificado es el propietario de la casa ocupada, que, por una parte, se ve obligado a buscarse la vida para vivir al no tener casa y por otro lado debe iniciar un procedimiento judicial largo, tedioso y caro con el único objetivo de recuperar lo que la ley debería proteger, su propiedad privada.

No hay excusas, no hay justificaciones, no me vale que el okupa sea un indigente, tenga familia, viva en la calle, no tenga trabajo. Mi casa es mía y punto. Si el que me roba la propiedad tiene esos problemas, que sea el estado el que se los solucione, que para eso está.

No voy a entrar en más consideraciones porque este asunto no admite puntualizaciones de ningún tipo.

No entro a cuestionar si la vivienda es de un banco, de un fondo buitre, de una empresa que se dedica a especular, nada. Si eso pasa, si las circunstancias son esas u otras similares, no me corresponde a mí valorarlas. Solo sé que alguien, incumpliendo el Artículo 202 del Código Penal ha entrado en mi casa sin mi consentimiento y la ley me tiene que defender de ese acto delictivo.

Esto que parece tan sencillo, entre otras cosas porque así es, parece que a los políticos no les entra en la cabeza. Tampoco me extraña esto porque si algo han demostrado los que nos gobiernan es que neuronas, lo que se dice tenerlas, no tienen.

Los partidos que defienden la ocupación de viviendas como solucion habitacional a los que no la tienen, son los mismos que un día defienden los escraches como muestra de civismo y protesta lógica contra otros y cuando se la hacen a ellos ponen el grito en el cielo clamando contra los escracheadores como si fueran demonios vestidos de Prada. Son aquellos que un día se disfrazan de superman para apoyar a los okupas y después se sientan en alcaldías catalanas cobrando cantidades disparatadas para su cualificación profesional. Son aquellos que, cuando eran normales jamás se irían de sus casas de barrios humildes y cuando, por obra y gracia de la democracia que tanto denostan, se convierten en casta, se mudan a urbanizaciones de lujo, pagando cantidades indecentes y con un alto grado de opacidad en su precio.

 

En definitiva, quien tiene que cambiar la ley o adaptar los artículos del código penal a una realidad absolutamente desquiciante para la defensa de la propiedad privada son aquellos a los que esto no les afecta.

Estoy convencido que el día en que alguno de estos ciudadanos, para los que la propiedad privada es simplemente un concepto romántico y utópico, ocupen el casoplon, o su anexo de invitados, de algún político con coleta, la ley cambiara radicalmente.

Todo esto me lleva a pensar que, a pesar de que la ley ya lo contempla, los votos mandan más que el código penal.

 

Por Eduardo Álvarez

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