La portavoz parlamentaria en materia económica de Nueva Canarias (NC), Esther González, ha explicado este martes en un comunicado de prensa que su formación política basa el alza de los presupuestos del Gobierno de progreso para 2021 en dos recursos fundamentales provenientes de la Administración estatal, la financiación autonómica y los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE). Los nacionalistas progresistas mantienen que el Ministerio de Hacienda debe poner a disposición de la comunidad canaria los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras, computados como superávit con anterioridad a 2019 sin que hayan sido empleados para sufragar deuda.
Esther González secundó, por “prudente”, la decisión del Consejo de Gobierno de iniciar la elaboración de los nuevos presupuestos con una previsión de 950 millones de euros menos que en 2020. La diputada nacionalista observó que aún se desconocen los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto del Estado, lo que impide la definición de la norma presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez para 2021.
Comenzar a diseñar la política canaria de ingresos y gastos para el próximo año con un “suelo” de 7.350 millones de euros, para la portavoz económica de NC, obedece además a la “cautela” derivada de diversas incertidumbres “claves” para fijar el proyecto de ley presupuestario, que tendrá que llegar al Parlamento de Canarias a finales del próximo mes de octubre.
Esther González aludió a dos recursos financieros que dependen de la Administración estatal que permitirán aumentar las partidas y recuperar la reducción ahora establecida por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos de Román Rodríguez.
Se trata del sistema de financiación autonómico y su actualización así como los fondos de recuperación de la UE, cuya distribución será coordinada por el presidente, Pedro Sánchez; con la previsión de que comiencen a llegar a los territorios durante el primer trimestre del próximo año.
Los objetivos del segundo presupuesto del pacto de progreso de la X Legislatura, para Esther González, pasan por reforzar los servicios públicos esenciales (sanidad, servicios sociales y educación) e impulsar la reactivación económica y social tras el Covid19 en un contexto “cambiante, dependiente y de lenta” recuperación del sector turístico, lo que influirá en la evolución de los ingresos tributario propios.
La parlamentaria nacionalista cree que la crisis de salud pública ha consolidado el importante papel ejercido por Canarias en la reorientación de las políticas de gasto de 2020 para ayudar a los sectores más afectados y la prestación de los servicios públicos esenciales, que es “a donde se dirigen los recursos” de la financiación autonómica. Un dato que, en su opinión, “no debe ignorar” Sánchez.
Indicó que las previsiones para 2021 muestran que se comenzarán a remontar los efectos negativos derivados de la pandemia pero “no podremos hablar de recuperación”, de los niveles de riqueza anteriores al pasado mes de marzo, hasta 2023. Ante este escenario, defendió que Canarias insista en reclamar a Madrid el desbloqueo, “de una vez y porque estamos amparados”, del uso de los 500 millones de euros de la sentencia del convenio de carreteras.
Autorizados los 389 millones de euros del superávit del Ejecutivo canario, el Ministerio de Hacienda se ha quedado sin argumentos para retener los 500 millones de euros, en opinión de Esther González. Se ratificó en que cumplen los requisitos exigidos por el departamento de María Jesús Montero ya que fueron computados como superávit en 2018 y además no han servido para pagar deuda.
Tras coincidir con Román Rodríguez en que el endeudamiento a largo plazo será el último recurso a utilizar si se obtiene la autorización del Gobierno estatal, hizo hincapié en la importancia de que haya unos nuevos presupuestos estatales que actualicen el estado de ingresos y gastos y pongan fin a los prorrogados desde 2018.
Un escenario, añadió, que “facilitará el cumplimiento de nuestros
