jueves. 28.03.2024

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha pedido este lunes 10 años de prisión para el mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, a quien acusa de un delito de sedición en relación con la pasividad de los Mossos el 1-O. Por su parte, para la intendente Teresa Laplana ha pedido cuatro años por este mismo delito.

Ante el tribunal que juzga al número uno de los Mossos, el fiscal ha modificado sus conclusiones provisionales para rebajar el delito de rebelión a sedición en consonancia con la sentencia del «procés», y, como informó ABC, ha ofrecido a los magistrados la alternativa a una condena por desobediencia para Trapero, Laplana y los otros dos acusados, César Puig y Pere Soler, mandos políticos de aquéllos. Carballo ha señalado que esta alternativa ofrecería la posibilidad de establecer una condena en el caso de que la Fiscalía no apreciara sedición, pues al ser la única acusación personada, de no existir esta alternativa los magistrados podrían verse obligados a absolver.

En el caso de Trapero y Laplana, la condena por desobediencia, por la que el fiscal ha solicitado sendas multas de 60.000 y 30.000 euros, implicaría su inhabilitación como agentes de la Policía autonómica, en el caso del primero, por un año y ocho meses; en el caso de la segunda, por un año.

trapero

Pese a que el delito de sedición es menos grave que el de rebelión (el primero atenta contra el orden público, y el segundo contra el orden constitucional), los diez años solicitados por el Ministerio Público para Trapero no difieren mucho de los 11 que pedía por rebelión al inicio del juicio. La explicación radica en que el fiscal considera que el mayor participó en ese delito como autoridad. Así, la condena solicitada rebasa en un año a la que el Supremo impuso, por ejemplo, a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, por este mismo delito.

En sus conclusiones definitivas el fiscal mantiene que pese a las instrucciones del fiscal-jefe del TSJ de Cataluña y de las resoluciones del Tribunal Constitucional que declararon la inconstitucionalidad de la consulta, los acusados, «vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución como norma fundamental del Estado, dieron cobertura efectiva a las actuaciones de una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas y las asociaciones independentistas».

Así, el papel de los Mossos, señala la Fiscalía, fue especialmente relevante. «Su capacidad investigadora e intimidatoria al servicio de la orqanizacion y de los fines independentistas fue imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebracion del referéndum». Los agentes, bajo las órdenes de Trapero, se dedicaron a funciones impropias de un cuerpo policial, como fue la de realizar seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse fisicamente».

Para el fiscal Carballo, que los Mossos formaban parte de la estrategia independentista que da acreditado en el famoso documento "Enfocat" y en la agenda encontrada en el domicilio del Josep Maria Jove (quien será juzgado en Cataluña), donde se expresa la necesidad de contar con la Policía autonómica en todo el proceso separatista.

El fiscal pide 10 años de prisión para Trapero por sedición
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