El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, lanzó este lunes un mensaje contundente a los empresarios hoteleros de la Isla que valoren alojar a los migrantes en sus instalaciones y aseguró que “si eso se hiciera, el primero que denunciaría esa actividad ilícita soy yo”.
Para Acosta es necesario “no mirar para otro lado” y buscar alternativas que podrían pasar por usar, como solución habitacional para quienes vienen buscando un futuro mejor, las instalaciones militares “ociosas en Canarias”; sobre todo en un territorio de paz como Fuerteventura, apuntó, porque “no podemos estar la imagen que estamos dando”. Como alternativa, también señaló la opción de poner a disposición los “cientos de miles de viviendas vacías de la Sareb”. Lo que no podemos, sentenció, “es tardar tanto tiempo administrativamente en resolver un asunto de estas características, máxime cuando se sabía que iba a ocurrir”.
Acosta hizo estas declaraciones a los medios en el marco de la reunión mantenida esta tarde en la sede del Cabildo a fin de coordinar el Plan de Emergencias Insular donde se ha puesto sobre la mesa la creación de un corredor seguro para conectar Fuerteventura con sus principales mercados emisores de turistas. Una medida que también respalda el Foreign Office británico, según ha dado a conocer en la tarde de este lunes.
En la reunión estuvieron presentes regidores, ediles, consejeros, el coordinador de Emergencias así como la directora insular del área de Salud, Sandra Celis, la epidemióloga del Hospital Insular, Guadalupe Alemán, y el director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes.
De momento, la nueva dirección de Salud ha pedido unos días para dar forma a la demanda “pero no vamos a esperar más de quince días para alternativas, es fundamental el control de la pandemia”, subrayó Acosta. Así, el presidente quiso constatar la relevancia de frenar el contagio de coronavirus entre la población y conseguir rebajar el porcentaje a los ratios que marca, por ejemplo, Alemania que pide un máximo de 50 casos activos por cada 1.000 habitantes. Queremos salvar la temporada de invierno, insistió, “pero como sabemos cómo funciona este país en cuanto a procedimientos administrativos, nos hemos dado dos semanas para proponer las medidas y si no, las solicitaremos en impulso”.
El establecimiento de un corredor seguro supondría contar con personal sanitario suficiente para atender los posibles brotes, protocolos activos y pruebas de detección para garantizar la máxima seguridad a los turistas. Unos test cuya financiación pasaría por la contribución económica directa de los empresarios, las compañías aéreas, los turistas y los Cabildos.
