Si los perfiles personales son usados para comunicaciones o propaganda institucional, automáticamente pasan a considerarse perfiles institucionales. Hay jurisprudencia al respecto. También es completamente ilegal bloquear a una persona de un perfil institucional sin haberlo ordenado un juez, ya que la administración no tiene competencias para decidir qué medios puede usar un ciudadano para comunicarse con la administración. Esto se incumple sistemáticamente por gente que luego presume de ser demócrata.