A pesar de que las autoridades sanitarias lo sabían y los políticos responsables lo sabían, durante un año y un mes los siete ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote decidieron hacer caso omiso a la realidad de que la entrada de público en los campos de fútbol y en los pabellones donde se practican deportes como el balonmano o el baloncesto no era ni mucho menos un peligro para la extensión de la pandemia del coronavirus. Lo supieron poco tiempo después de que este virus mortal paralizara el mundo en marzo de 2020 pero decidieron que era más seguro y sobre todo más cómodo para ellos no hacer nada. Estando Lanzarote en niveles de poco o nulo contagio, los políticos locales, que se reunían en la ahora fracasada Mesa Insular en teoría para velar por la seguridad de todo el mundo, dejaban pasar los meses con una negativa surrealista a hacer caso a las recomendaciones de la autoridad sanitaria competente, que era el Gobierno de Canarias. Y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Sanidad, no sólo permitía el acceso a los pabellones y a los estadios, como ha sucedido en el resto de islas donde se ha echado mano del sentido común y de las ganas de hacer cosas, sino que lo recomendaban como un acto de beneficio psicológico tanto para los que están en las pistas o en los campos como para los que se podían ver en la grada. Un año y un mes de negativa que provocó que se vieran imágenes bochornosas que dieron la vuelta a Canarias de madres y padres subidos en sitios inverosímiles para poder ver a sus hijos, de equipos en competición nacional o regional con una desventaja enorme frente a sus oponentes por tener que disputar como locales los encuentros con el silencio como principal aliado.
Este fin de semana se ha terminado la sinrazón, pero sólo a medias. Los ayuntamientos de Tías, Arrecife y San Bartolomé, gobernados por el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP), y el Cabildo, con mismo signo político de gestión, acordaron a última hora y a regañadientes permitir sólo que entrara el público para ver las competiciones oficiales de los más mayores. Es decir, nada de madres y padres para ver a las niñas y a los niños de los equipos de estos municipios que también están por fin disputando esos partidos que les han sacado de la fatídica rutina provocada por el coronavirus. Por el contrario, dentro de la guerra política que se ha instalado en la Isla también por este asunto, los ayuntamientos de Tinajo, Haría, Teguise y Yaiza, todos ellos con gobiernos de Coalición Canaria (CC) daban su brazo a torcer y admitían la equivocación de este largo año, dejando, con los protocolos que se podrían haber puesto en práctica hace meses, que la gente entre en los recintos.
Lo que se ha visto es lo que se esperaba: una cantidad de público en cada uno de los encuentros que no daba para que nadie se asustara, para que nadie pudiera hablar de aglomeraciones o para que alguno de los cenizos que está deseando que salte un positivo para creer que tenía razón pudiera hablar de que no se respetaban las distancias de seguridad. Como se ha visto este fin de semana, era infinitamente más peligroso acudir a un restaurante, a un centro comercial o a una reunión familiar para propagar el virus que el estar sentado en una grada viendo cómo tu equipo se desenvuelve en una competición que ha arrancado con la necesidad de que la gente sienta que la relativa normalidad está ya aquí.
Mientras todo esto sucedía, los políticos seguían enredados en sus estrategias para ver quién tiene la razón, cuando no la tiene ninguno, al menos ninguno de los que ha participado en la negativa a permitir algo que el sentido común determinaba que se tiene que hacer. Madres y padres de Arrecife, San Bartolomé y Tías, eso sí, tendrán que pedir explicaciones a sus gobernantes para que les expliquen por qué ellos tienen que seguir apuntados al Circo del Sol para poder ver a sus hijos correr.
