jueves 1/10/20

Crónicas de Lanzarote

El acceso a esta renta estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y de patrimonio y se excluye de ese patrimonio máximo a la vivienda habitual

El Gobierno aprueba un ingreso mínimo permanente desde 462 euros y compatible con el trabajo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes, último día hábil de mayo, al ingreso mínimo vital. La ayuda llegará, según el Ejecutivo, a unos 850.000 hogares y los planes son que empiece a cobrarse en junio, aunque unas 100.000 familias en extrema vulnerabilidad podrán cobrarlo de oficio en inmediatamente. Su coste para las arcas del Estado no será menor, unos 3.000 millones al año, un gasto que llega para quedarse, pues se trata de una ayuda estructural y permanente, no coyuntural por la situación de crisis derivada del Covid 19. La ayuda nace con varios aspectos novedosos con respecto a otras rentas de inserción ya existentes, ya que será compatible con otras ayudas y rentas del trabajo. Esto será así mientras no se supere el umbral establecido y busca ampliar la cobertura de la prestación a las personas y hogares con bajos ingresos y empleos temporales, según ha adelantado el diario ABC.

La presentación ha corrido a cargo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha asegurado que «es el mayor avance en los derechos sociales, como mínimo, desde la aprobación de la Ley de Dependencia», aunque también ha sido acompañado del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quen ha ofrecido los detalles de la norma. El esprint que ha sufrido la aprobación de esta norma, y que generó un sonado pulso en el seno del Gobierno de coalición entre el propio Iglesias y Escrivá, ha sido justificado por el vicepresidente porque «la pandemia ha agravado la situación» hasta convertir esta nueva prestación en «una necesidad absolutamente urgente» y agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que atendiera la urgencia que le reclamé para sacar esto adelante lo antes posible».

Econ la compatibilidad con el empleo se busca con esto evitar las llamadas «trampas de la pobreza» que se producen cuando las prestaciones sociales son incompatibles con el empleo y que obligan a las personas a elegir entre un trabajo y la prestación, lo que además incentiva la economía sumergida. No obstante, se incluirá un mecanismo de incentivo al empleo, que premiará a quienes acceden a un puesto de trabajo o comiencen una actividad por cuenta propia. De esta forma, hasta un determinado nivel de ingresos laborales, la persona que esté cobrando el IMV y se ponga a trabajar o a emprender no perderá la prestación.

El IMV será una prestación no contributiva de la Seguridad Social que podrán solicitar en todo el país aquellas personas cuyos ingresos no superen un importe determinado. Esta «renta garantizada» será de 462 euros al mes, con doce pagas, para una persona adulta que viva sola, y si es una unidad de convivencia dicha cantidad se incrementa en función de sus componentes, tanto adultos como menores, hasta incrementar su cuantía inicial en un 220%, hasta 1.015 euros mensuales. Así, la prestación a recibir será igual a la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos que ya tenga la persona o la unidad de convivencia.

Además, las familias monoparentales contarán con un complemento de 100 euros mensuales. Según cálculos del Ejecutivo, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer, según han adelantado a Ep fuentes del Gobierno. Por otro lado, esta cuantía podrá ser complementada por las rentas de inserción de las CCAA. Este es uno de los elementos que más polémica ha generado y, de hecho, promete ser uno de los focos más problemáticos en el futuro pues varias comunidades se han levantado contra la gestión cedida al País Vasco desde el Gobierno y también la han reclamado para sus gobiernos.

Según ha explicado el Gobierno, la solicitud la realizará la persona interesada, unicamente una persona por unidad de convivencia, a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, preferentemente. El Ejecutivo contempla algunas circunstancias especialles respecto a los requisitos de acceso para colectivos como las personas víctimas de trata, explotación sexual o violencia de género, o los solicitantes de asilo. El acceso al IMV estará condicionado únicamente al nivel de ingresos y de patrimonio y se excluye de ese patrimonio máximo a la vivienda habitual.

El Gobierno aprueba un ingreso mínimo permanente desde 462 euros y compatible con el...
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