El Pleno del Ayuntamiento de Teguise ha aprobado, con el voto en contra de los socialistas, la moción presentada por los concejales del Partido Popular (PP) para instar al Gobierno del Estado a que contemple una financiación adicional a los ayuntamientos para evitar la quiebra social y favorecer la reactivación económica.
Los concejales del PP, Jonás Álvarez y Paloma Fernández, destacan este miércoles en nota de prensa el esfuerzo económico que están haciendo los ayuntamientos para poner en marcha nuevos servicios o ampliar los existentes mientras que el Gobierno de España no ha destinado ni una sola ayuda extra a las corporaciones locales, que “son las que están en primera línea de batalla y las que están destinando importantes cuantías económicas a ayudar a los vecinos más vulnerables y evitar que nadie se quede atrás en esta crisis”.
Los populares, que han presentado esta misma iniciativa en todas los ayuntamientos donde tienen representación, apuntan que la única medida que ha tomado el gobierno de Sánchez ha sido permitir a las entidades locales e puedan gastar el 20% del superávit generado en 2019 a atender gastos urgentes derivados del estado de alarma pero nada más.
“Es una medida tramposa porque se trata de que puedan utilizar el ahorro que los propios ayuntamientos han generado, al margen de que el 20% es un porcentaje ridículo para atender las cosas urgentes y todo lo que está por venir en los próximos meses”, denuncia el portavoz Jonás Álvarez. “Mientras la mayoría de las administraciones locales han aplazado el pago de tributos, de tasas, o establecen rebajas para vecinos, comercios y empresas, el Gobierno se ha desentendido cuando hablamos de financiación adicional”.
En este sentido, en la propuesta se plantea la exigencia de que el Estado movilice a todos las entidades locales de nuestro país más de 40.000 millones de euros, que incluye el adelanto de las entregas a cuenta de lo que les corresponde por su participación en los tributos del Estado, la creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas, creación de fondos específicos para el rescate del transporte público y el uso de los ahorros de los que disponga cada ayuntamiento.
