Este 16 de noviembre llegó el día del juicio contra, entre otros, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz del Grupo Nacionalista en la Institución, Pedro San Ginés, que se enfrenta a una pena de inhabilitación por 12 años, misma petición que en el Juzgado Número 3 de Arrecife se formula contra el ex secretario del Cabildo Francisco Perdomo y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín. A los tres se les juzga por un presunto delito de prevaricación por la incautación el pasado 18 de septiembre de 2014 de la desaladora de Montaña Roja -en Playa Blanca- que gestiona Club Lanzarote, por vender irregularmente agua a terceros entre 1988 y 2014, con una supuesta concesión por silencio administrativo en 2012.
La vista, a pesar de que los abogados han pedido la anulación del juicio, continuará este martes en el Juzgado de lo Penal 3 de Arrecife después de que este lunes las defensas explicaran que no consta acusación del Ministerio Fiscal ni de Club Lanzarote, sino solo el recurso de tres ex consejeros del grupo político Podemos a los que el juez ha autorizado su personación, una solicitud de los letrados que no ha sido estimada por el juez entre las cuestiones previas expuestas. La causa ha seguido adelante solo por las denuncias interpuestas a modo particular por los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez.
Cuestiones previas
El abogado de San Ginés ha solicitado tres cuestiones previas en el inicio de la vista oral. En la primera ha solicitado la nulidad del acto de apertura de este juicio oral. "El pasado 6 de julio de 2018 la acusación popular solicitó apertura del juicio oral. Sin embargo, poco más tarde, el juez admitió que quienes se habían personado a título personal fueron dos de los tres entonces consejeros de Podemos", ha manifestado el letrado. De ahí que haya defendido la "incapacidad procesal para formular acusación" contra San Ginés.
En la segunda estimación, el abogado de San Ginés ha alegado que las personas que en su día se personaron como acusación popular no pertenecían ya ni formaban parte del citado grupo político. En este punto el abogado ha recordado que precisamente el grupo político al que el acusado pertenece, Coalición Canaria (CC), no pudo recurrir a finales de 2019 el archivo de la causa del que hace años fuera consejero de los Centros Turísticos de Lanzarote Carlos Espino porque el juez de dicha causa no lo admitió.
En la tercera cuestión previa, se ha hablado de extemporaneidad de la acusación. "Un ciudadano no puede estar esperando sine die a que se formule acusación en su contra. El Supremo deja claro que incluso si fuera insólito o desmesurado, dará lugar a una acusación necesaria. Pero la acusación privada o popular no es una acusación necesaria ni persigue intereses públicos. Si hay un retraso de un año y se han solicitado varias ampliaciones, no hay lugar a esa acusación por extemporánea", ha dicho el abogado del ex presidente del Cabildo.
El letrado ha hablado de otras cuestiones en las que ha pedido la inadecuación de las cuestiones periciales. El abogado ha indicado que las pruebas deben basarse en los hechos registrados el pasado 18 de septiembre de 2014, y no con posterioridad. Por último, la defensa de San Ginés ha explicado que "no hay acusación por parte de Fiscalía ni tampoco por parte de la entidad Club Lanzarote", con la que el Consorcio insular de Aguas alcanzó posteriormente un acuerdo para poder seguir produciendo agua pero sin venderla a terceros.
El segundo abogado de la defensa ha explicado por su parte que "la única acusación a la que se autorizó judicialmente fue el grupo político Podemos, con lo que este juicio se va a celebrar sin la parte acusatoria". "El grupo Podemos nunca fue parte procesal. Si el fiscal como acusación pública y la parte denunciante y perjudicada solicitan el sobreseimiento de una causa y renuncian a la acusación, el juez la aceptará", ha apuntado el abogado del que fuera secretario del Cabildo y del Consorcio insular de Aguas, Francisco Perdomo, haciéndose eco de una sentencia del 12 abril 2008 del Tribunal Supremo.
El tercer abogado, en este caso el del ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ha hablado de "una acusación torticera y extemporánea" que solo solicitaron los ex consejeros de Podemos Carlos Meca y Pablo Ramírez. El letrado ha apuntado que "hay una clara motivación política detrás de todo esto, ya que era notorio el enfrentamiento de Meca y Ramírez, en la oposición, con el acusado, entonces en el grupo de gobierno" del Cabildo de Lanzarote.
Los tres letrados han solicitado, además de la absolución de sus clientes, que no declare ningún perito durante la vista oral que ha comenzado este lunes.
Declaraciones
Así las cosas, tras las alegaciones de las partes acusatorias, el Tribunal ha decidido rechazar las cuestiones previas planteadas por las defensas y ha iniciado el juicio oral con la declaración de Pedro San Ginés, que no ha contestado a las numerosas preguntas planteadas in voice por la acusación popular ni tampoco a las de la fiscal, pero que sí ha respondido a las preguntas de su abogado, tal y como han hecho posteriormente los otros dos acusados.
Las tres personas que hoy se sentaron en el banquillo han asegurado que hubo asesoramiento verbal por parte de la Secretaría del Cabildo y del Consorcio Insular de Aguas a pesar de la falta de autorización judicial para la intervención en la desaladora de Montaña Roja.
El ex presidente del Cabildo de Lanzarote ha expuesto a cuestiones formuladas por su defensa que la intervención de la planta desaladora gestionada por Club Lanzarote era una de las dos opciones por las que podía decantarse el entonces presidente del Cabildo ante la falta de título habilitante de la actividad que un par de meses después de dicha intervención clausuró el propio Gobierno de Canarias. La incautación era la más inmediata, ha indicado.
San Ginés, Perdomo y Hernández Duchemín han justificado la actuación del año 2014 del Consorcio insular de Aguas alegando que la urgencia de la actuación venía dada por las diversas denuncias que existían sobre la actividad que desarrollaba Club Lanzarote desde 1998, la venta de agua a terceras "a precios desorbitados y sin ningún tipo de concesión administrativa" como desaladora privada.
Razones sanitarias y de interés general
Razones sanitarias y el bien público. Éstas han sido unas vez más las explicaciones que ha repetido San Ginés en la Sala tras recordar que el Diputado del Común requirió hasta en seis ocasiones a la Presidencia del Cabildo que actuara para frenar dicha actividad y ha apuntado que la entidad presidida entonces por Jerónimo Saavedra le advirtió de que acudiría a Fiscalía si seguía produciéndose "inacción" por parte del Cabildo y del Consorcio.
San Ginés explicó que la decisión se adoptó "para garantizar el abasto a los 6.000 vecinos" que estaban obligados a recibir agua de Club Lanzarote, por no haber conexión de Montaña Roja a la red general de distribución. San Ginés ha explicado que el Consorcio avisó en diversas ocasiones a Club Lanzarote de que no poseía ningún permiso para vender agua a terceros, con avisos de cese de actividad que databan de 2013. Para el actual portavoz nacionalista, que recordó que el posterior acuerdo entre el Consorcio y Club Lanzarote fue avalado por los juzgados, "la medida fue proporcionada a la finalidad que se perseguía". Según ha expuesto, la intención del Cabildo era devolver la planta a sus propietarios cuanto antes, pero ha destacado que el propio Gobierno de Canarias dictó la clausura de las instalaciones dos meses después de la incautación.
A preguntas de la abogada de la acusación popular, San Ginés ha reconocido que conocía que en 2014 existían varias desaladoras privadas en la isla, pero ha destacado que todas se dedicaban solo a la producción para el autoconsumo, y que "ninguna de ellas vendía agua a terceros", aspecto que sí se realizaba sin concesión administrativa por parte de Club Lanzarote.
En el tuno de Francisco Perdomo, el ex secretario del Cabildo ha vuelto a respaldar la actuación que se juzga alegando que asesoró a San Ginés ante unos hechos irregulares que no daban garantías sanitarias a los 6.000 usuarios de Montaña Roja a los que, según ha referido, se les obligaba a pagar precios desorbitados por el agua sin que se respetaran límites de acuerdo a los baremos oficiales.
Por su parte, el que fuera gerente del Consorcio insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ha avalado la actuación del Cabildo y del Consorcio y ha recalcado especialmente lo importante que resultaba contar con un servicio público para el abasto de agua también en el citado plan parcial de la zona de Playa Blanca.
