jueves. 28.03.2024
Según asegura la Guardia Civil, que vuelve a hablar de la desarticulación de otro "entramado"

Rodríguez Batllori y los otros seis detenidos actuaban como testaferros de Dimas Martín

La Guardia Civil pasó por el Registro de la Propiedad y averiguó que 48 propiedades están a nombre de los testaferros, con lo que el líder del PIL habría salvado hasta ahora su patrominio, de más de 6 millones de euros, de los embargos impuestos por la Audiencia Provincial de Las Palmas en el caso del Complejo Agroindustrial de Teguise

Los siete detenidos este viernes por la Guardia Civil eran testaferros del líder histórico del PIL Dimas Martín, que habría puesto a su nombre, según la investigación de la Guardia Civil, 48 propiedades inmobiliarias y terrenos que sumarían un patrimonio de más de seis millones de euros. Aún se prevé la detención de otro empresario más en Andalucía, tal y como adelanta este viernes la Agencia ACN Press a través de su corresponsal en Lanzarote, el periodista Saúl García. Las siete personas detenidas este viernes están acusadas de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, según avanza la Agencia EFE.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado han solicitado información en el Registro de la Propiedad de Arrecife donde Martín tendría, a nombre de otros, la mayor parte de estas propiedades.

Los detenidos son la propia hija de Dimas Martín, Susana Martín, su antiguo chófer y trabajador del Ayuntamiento de Teguise, Carlos Matías Curbelo, el abogado Francisco Rodríguez Batllori, el ex concejal de Arrecife José Miguel Rodríguez, que ya fue detenido en al primera fase de la Operación Unión, el empresario José Gonzalo Gil Acosta, el empresario y miembro del PIL José Ramón Vizcaíno y el empresario Samuel Lemes. La Guardia Civil les acusaría de un delito de blanqueo de capitales.

El ex consejero de Empleo del Gobierno de Canarias Rodríguez Batllori, que también fue viceconsejero de Justicia y Seguridad, difundió esta semana una carta en la que aclaraba que las gestiones realizadas como asesor de la compañía de aguas de Lanzarote, Inalsa, eran legales y estaban justificadas, por lo que negaba que se hubieran podido producir cobros irregulares. En el sumario del caso Unión Batllori también figura como supuesto asesor de Dimas Martín en relación a la situación penintenciaria del líder del PIL.

Vizcaíno es propietario de Pinturas Vizcaíno y se le vincula, además, con la construcción de la casa de Susana Martín en Guatiza. Por su parte, Samuel Lemes, piloto de rallies, es el hijo del empresario y dueño de la única subcontrata que queda en Inalsa, Fontanería Francisco Lemes, y además le construía a Martín la casa que estaba haciendo en suelo rústico en Yaiza.

Gil Acosta esta vinculado al Grupo Hoteles Playa, de Almería, del empresario José María Rossell. Este grupo tiene un hotel, el Playa Verde, en Costa Teguise, cuya licencia se consiguió con el PIL mandando en el Ayuntamiento de Teguise, y otro hotel paralizado en Costas Teguise, afectado por las licencias impugnadas por el Cabildo.

Rossell, propietario del primer grupo hotelero de Andalucía, era presidente y administrador, respectivamente, de El Maho y Televolcán, donde compartía cargo en el Consejo de Administración con Susana Martín.

Delitos cometidos

Las siete personas detenidas están acusadas de delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento público, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Las detenciones se han producido en Lanzarote, Gran Canaria y Almería y se han practicado varios registros en domicilios de los detenidos en los que se ha intervenido abundante documentación, tanto en soporte informático como en papel, que está siendo analizada por los investigadores, informa la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación de la Operación Jable ha puesto de manifiesto una trama relacionada con los supuestos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, dirigida por un ex alto cargo público en connivencia con varios de los empresarios detenidos, informó la Guardia Civil.

La investigación ha puesto de manifiesto que, a través de un importante entramado empresarial, y utilizando a varias personas que actuaban como testaferros, una persona ocultó la propiedad de sus bienes para que estos no pudieran ser intervenidos por la Administración de Justicia.

También se ha puesto de manifiesto otra trama relacionada con supuestos pagos, que con fondos de un consistorio de Lanzarote y de empresas públicas, se realizaban a uno de los detenidos por servicios no prestados.

Otro ex-cargo público ejercía tráfico de influencias sobre los funcionarios para que hicieran efectivos dichos pagos.

La operación está siendo llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Ha participado también el Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Canarias, junto con las unidades territoriales de la Guardia Civil en esta zona.

La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta, informa la Guardia Civil.

Rodríguez Batllori y los otros seis detenidos actuaban como testaferros de Dimas Martín
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