martes 14.07.2020

Crónicas de Lanzarote

Marcos Bergaz asume la parte de responsabilidad que ha tenido su partido pero dice que San Ginés, “que tanto presume de buen gestor”, era el que tendría que haber arreglado los procedimientos

El PSOE cree que Podemos “se pasa de frenada” al querer judicializar el tema de las irregularidades en la contratación de servicios vinculados con asuntos sociales

El PSOE cree que Podemos “se pasa de frenada” al querer judicializar el tema de las irregularidades en la contratación de servicios vinculados con asuntos sociales

El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, tiene muy claro que Lanzarote en Pie-Sí Podemos, uno de los dos partidos que están en la oposición en la institución, “se pasa de frenada” cuando ha anunciado su intención de judicializar las irregularidades que se han producido durante décadas en la contratación de servicios vinculados con los asuntos sociales. Para él, según explicó este jueves durante su intervención en el programa “A buena hora” de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, se nota mucho que la formación morada no ha tenido responsabilidades de gobierno.

“Puedo entender que Podemos, que no ha tenido responsabilidades de gobierno en una institución como el Cabildo, que no ha gestionado un área tan compleja como Servicios Sociales, eleve el tono y la crítica en este tema, pero creo que se pasa de frenada cuando está pidiendo acudir a la justicia. Una cosa es que desde el punto de vista administrativo se tengan que hacer mejor las cosas, se tengan que adaptar los procedimientos a los cambios normativos, y otra cosa es hablar de delitos”, relató. “Las facturas que se han pagado corresponden a servicios que se han prestado que han sido supervisados por los técnicos del Cabildo, de los cuales yo me fío porque tengo plena confianza en ellos. Son los que constatan que los servicios se han prestado y que se ajustan a los precios del mercado y al resto de cuestiones vinculadas con el uso del dinero público. Entiendo que a Podemos le puede tocar elevar el tono de la crítica, porque no han tenido responsabilidades, pero de ahí a decir que hay que acudir a la Vía Medular hay un mundo”, argumentó.

Bergaz hizo un ejercicio de autocrítica, asumiendo que su partido también tiene parte de responsabilidad en lo sucedido, aunque coincidió con su compañera María Dolores Corujo en que el principal responsable es Pedro San Ginés, puesto que es el presidente el que tiene la potestad de cambiar las cosas incluso tomando decisiones sobre áreas de sus socios de gobierno si entiende que no se están haciendo bien las cosas. “Se lleva mucho tiempo con este tema y aquí los responsables somos seguramente todos los que hemos tenido responsabilidad en la gestión pública. Ahora, el presidente no puede ponerse de perfil, es un presidente que ha estado diez años al frente de la institución, y si de lo que siempre le ha gustado presumir es de una brillante gestión, está claro que con este tema no ha sido así. Es público y notorio que las cosas no se han debido hacer muy bien cuando las facturas de servicios sociales esenciales han sido reparadas por la interventora y los servicios jurídicos hablan de contratos irregulares y hasta verbales”, detalló.

Respondiendo a Mayte Corujo, que expresó minutos antes en el mismo programa sus dudas sobre por qué en casi un año el actual Gobierno del Cabildo no había sido capaz de sacar adelante el proyecto que ella ejecutó para licitar correctamente los servicios, dijo que “ocurre lo mismo que sucedió con el punto de encuentro, que lo único que hay es un contrato con una auditora y poco más, el procedimiento se tiene que hacer y se está haciendo ahora”.

Para él, a pesar de que en Coalición Canaria (CC) están convencidos de que en el PSOE han ido a por lana y han salido trasquilados con este tema, el contenido y la contundencia mostrada por Corujo en su rueda de prensa del pasado martes estaban más que justificados. “La presidenta lo que ha hecho es arrojar luz. Seguro que casi nadie sabe que mensualmente se tienen que levantar reparos para pagar facturas que suponen un gasto de más de 300.000 euros, facturas que se pagan sobre servicios esenciales que nadie pone en entredicho pero que carecen del contrato correspondiente y de la seguridad jurídica necesaria. Seguridad jurídica tanto para las empresas que prestan el servicio como para la institución que lo paga”, explicó.

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