Uno de los puntos novedosos del encuentro sostenido este lunes entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias fue la información trasladada por el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Ejecutivo, Domingo Berriel, a los representantes que asistieron por Lanzarote en cuanto a la necesidad de que el polémico Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTE) se adapte a la entrada en vigor de la Ley de Evaluación del Efecto Medioambiental producido por los Planes y Programas Territoriales. Es decir, el PTE tendrá que llevar aparejado la redacción de una evaluación ambiental estratégica, lo que significa que su aprobación no es tan inminente como el Cabildo pensaba. Dicha Ley, publicada el pasado 29 de abril por el Gobierno central, es una extensión de una directiva comunitaria aprobada con anterioridad.
Por ello, el Cabildo emitió una nota de prensa tildando el encuentro de “clarificador”. Inés Rojas, presidenta de la Corporación, estuvo acompañada por Manuel Fajardo y Mario Pérez, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente, Carlos Espino, consejero de Política Territorial, y los portavoces de los grupos políticos de la oposición: Pedro Hernández (AC-25M), Francisco Cabrera (PP) y María José Docal (PIL).
Posibilidades de exoneración
Según explicó Pedro Hernández, en la reunión se plantearon dos posibilidades para exonerar el Plan Territorial Especial de Lanzarote de la evaluación medioambiental. Una, demostrar al Gobierno de Canarias que el Plan Territorial Especial de Lanzarote no tendrá incidencia ambiental en la medida de que no clasifica nuevo suelo. Y dos, pedir su aprobación argumentando que antes de 2004 ya había intención de redactar el PTE, pero con la obligación de aprobarlo antes de finalizar julio de 2006. Para Pedro Hernández es imposible obviar la adaptación del PTE a la Ley de Evaluación del Efecto Medio Ambiental. Por otra parte, no existe ninguna duda sobre la posibilidad de incluir la oferta de ocio complementaria. De hecho, ya está prevista.
Interrogante en Playa Blanca
Berriel explicó a los consejeros que no hay peligro de perder la desclasificación de las 25.000 camas turísticas porque la decisión está amparada en un acto legislativo aprobado por el Parlamento regional en el año 2001 y ratificado en 2003. El Plan Territorial es la vía administrativa para revalidar dicha decisión. “Por eso insisto en que esas 25.000 camas todavía no están desclasificadas”, comentó Pedro Hernández, quien no se confía de la manifiesta buena voluntad del grupo de gobierno.
Caso distinto es el plan parcial Playa Blanca, que no está en la desclasificación prevista por el Gobierno de Canarias. El Cabildo lo contempló en la llamada Adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) y por eso presentó alegaciones al informe emitido por el Ejecutivo en 2003, pero no fueron contestadas y por tanto el Gobierno no incluyó el plan parcial Playa Blanca en el informe que hizo al Parlamento sobre planes parciales susceptibles de ser desclasificados. El plan parcial Playa Blanca prevé alrededor de 5.500 camas. Con relación a la desclasificación de las camas turísticas, una nota de prensa del Cabildo dice: “cabe destacar que no se plantea riesgo en cuanto a los planes parciales, existiendo únicamente una duda en lo que respecta al plan parcial Playa Blanca, para el cual se propusieron durante el encuentro, alternativas contempladas por la Ley que evitarían así el riesgo”.
Semana crucial
La Primera Corporación insular informó que, a lo largo de esta semana, la presidenta del Cabildo, los vicepresidentes primero y segundo y el consejero de Política Territorial de la Corporación mantendrán una serie de encuentros de cara a definir los siguientes pasos a seguir.
