viernes 30/7/21
El TSJC ha confirmado que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote denegó de forma legal la instalación de la desaladora del Sur a ‘Edam Janubio', por lo que el ex consejero delegado de Inalsa cree que el grupo de gobierno esconde otros intereses para haber negociado y acordado ya un trato con la UTE

Mario Pérez y el Comité de Empresa de Inalsa apuestan por “seguir batallando” contra Edad Janubio tras el nuevo espaldarazo del TSJC

Para los trabajadores la sentencia deja claro algo “obvio”, que la producción y distribución del agua en la Isla es competencia exclusiva de Inalsa. El Comité de Empresa, que venía rechazando hace años la concesión de la licencia, insiste en su oposición al acuerdo por 2,5 millones de euros entre el Cabildo y la UTE

Como un nuevo espaldarazo para seguir pleiteando. Así han valorado este jueves el ex consejero delegado de Inalsa Mario Pérez y el Comité de Empresa la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avala la negativa del Consejo Insular de Aguas a conceder, en su día, una autorización a la UTE Edam Janubio (participada por FCC) para realizar las obras de la planta potabilizadora de Janubio.

Con la vista puesta en el próximo día 10 de diciembre, fecha en que está prevista la próxima vista oral por el laudo de la UTE contra Inalsa, Mario Pérez, ex consejero delegado y ex presidente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, aseguró este jueves que la nueva sentencia “es un paso más en la defensa de lo público”. Según el actual presidente de CC en Lanzarote, “nunca hemos planteado una guerra jurídica ni en contra de la UTE. Simplemente hemos pretendido siempre que en Lanzarote el carácter público del agua sea un tema absolutamente trascendental, lo que hemos venido defendiendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ante el Tribunal Supremo y también ante el Consejo Consultivo de Canarias”.

Una vez que estas tres instituciones le han dado la razón al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en su negativa a conceder dicha licencia, ni Mario Pérez ni el Comité de Empresa de Inalsa entienden que el grupo de gobierno del Cabildo siga pretendiendo aplicar el acuerdo por el que la Primera Corporación abonaría unos 2,5 millones de euros a Edam Janubio a cambio de que la UTE se olvide de los pleitos pendientes.

“En su día se hizo un contrato nulo y en contra de todos los colectivos. Ahora esta sentencia ayuda para seguir batallando. Es la segunda ocasión en que manifestamos que estos no son los términos para una buena gestión en Inalsa. ¿Cómo no vamos a seguir batallando? ¿Cómo nos vamos a rendir, cuando el TSJC nos dio la razón, y el Juzgado de lo contencioso administrativo y el Consejo Consultivo de Canarias también?”, cuestionó Mario Pérez. El ex consejero delegado de Inalsa recordó que PSC y PIL pretendían que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote concediera dicha licencia a la UTE, y que “en el momento en que se firmó ese nefasto contrato Inalsa estaba presidida por Enrique Pérez Parrilla, y Plácida Guerra era consejera delegada”.

Por eso asegura que ahora estos dos mismos partidos tienen intereses ocultos en la negociación que han seguido con la UTE para alcanzar un acuerdo extrajudicial a pesar de que ya ha sido declarado nulo de pleno derecho el contrato que en su día se firmó con Edam Janubio. “¿Cuáles son las verdaderas razones para que se lleguen a acuerdos por debajo de la mesa? Lo importante es que el agua siga siendo pública en Lanzarote”, explicó.

Para Mario Pérez, este nuevo “espaldarazo supone que la licencia que pretendía obtener la UTE era imposible concedérsela. En Lanzarote no existe la posibilidad de que ningún particular pueda acceder a la producción y distribución y desalación del agua, es un tema vinculado al ámbito público de la Isla”, precisó. “Ayuntamientos, Cabildo y demás instituciones públicas tienen que velar por que el agua siga siendo pública, y todo lo demás son ‘pamplinas'”, concluyó.

Los trabajadores también rechazan el acuerdo con la UTE

Por su parte, el portavoz del Comité de Empresa de Inalsa, David Luna, recordó que, en su día, el Consejo Consultivo de Canarias “dio la razón al Consejo Insular de Aguas porque ese contrato vulneraba todos los preceptos y ordenamientos jurídicos de Lanzarote, desde el PIOT, que establece que la producción y distribución del agua es una competencia exclusiva de Inalsa y, por tanto, del ámbito público, hasta el Plan Hidrológico Nacional, la normativa canaria y también la europea”.

De ahí que los trabajadores, que se reunirán este jueves para analizar más detalladamente la sentencia, consideren que hay razones de sobra “para seguir con los pleitos con la UTE hasta el final y no llegar a ningún tipo de acuerdo extrajudicial antes de tiempo”.

Los trabajadores afirman que la nueva sentencia del TSJC deja claro algo “obvio”, que la producción y distribución del agua en la Isla es competencia exclusiva de Inalsa. El Comité de Empresa, que venía rechazando hace años la concesión de la licencia, asegura que “se ha hecho justicia”.

“PIL y PSOE perseguían que se concediera la licencia, pero Inalsa y Mario Pérez, que separó bien sus cargos de consejero delegado y de presidente del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, estaban como meros espectadores”, explicó David Luna.

De otra parte, cuestionado por esos presuntos intereses que habrían movido supuestamente PSC y PIL a pretender que se concediera la licencia de la planta de Janubio a la UTE, Luna sostuvo que el Comité de Empresa siempre ha ido “con la verdad por delante, y por eso también se ha opuesto desde el principio a la puesta en marcha del Plan de Viabilidad de Inalsa, que esconde claramente una intención de privatización de la gestión del agua en Lanzarote”, apostilló.

La sentencia y la desaladora de Janubio

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la apelación que presentó la UTE Edad Janubio respecto a la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo.

El TSJC señala en su sentencia que la UTE insiste en los mismos argumentos que había presentado anteriormente y le condena a pagar las costas. “De lo expuesto por la parte apelante se desprende que más bien se comparte el criterio del juez ‘a quo' sobre la improcedencia de la autorización y que las cuestiones que se plantean tratan de obtener una respuesta a la controversia con la empresa Inalsa derivada de un contrato suscrito entre ambas, sin embargo dichas cuestiones son ajenas al objeto del recurso, sin perjuicio de que se ventilen por otro cauce”, señala la sentencia.

En abril de 2004 el Consejo Insular de Aguas denegó a esta unión temporal de empresas la autorización para iniciar las obras en Janubio para construir una planta potabilizadora, que había sido adjudicada por Inalsa, la empresa pública de aguas, en el año 2001. El Consejo Insular de Aguas, presidido entonces por Mario Pérez, entendía que la gestión de la planta iba a ser privada y señalaba que no estaba permitido que la producción de agua no fuera de carácter público.

Precisamente esta misma semana se inauguraba una nueva planta desaladora de 4.000 metros cúbicos al día en Janubio, que será gestionada por Inalsa. Sobre la empresa pública de aguas, además de una gran deuda, pesa la amenaza de tener que pagar 13 millones de euros a la UTE Edam Janubio por no respetar esa adjudicación de la planta. Fue un arbitraje de la Cámara de Comercio de Las Palmas la que determinó lo que la empresa pública debía pagar a FCC y la vista de este juicio se celebra el próximo 10 de diciembre.

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