- La aclaración del informe de la interventora precisa que “se ha limitado a informar sobre aquellos elementos económicos, financieros, orgánicos y procedimentales que deberán observarse para la efectiva fiscalización del Plan” pero reconoce, respecto al endeudamiento del Cabildo, que no dispone de los datos de liquidación del último presupuesto aprobado y que las inversiones con recursos ajenos deberán ser fiscalizadas en el momento en que cada actuación se someta a la fiscalización del órgano competente
Carlos Espino y Ramón Bermúdez aseguran que la oposición “ha manipulado” la interpretación del informe de Intervención sobre el Plan de Inalsa.
Fotos: Jesús Porteros
El equipo de gobierno del Cabildo (PSC-PIL) aclaró este lunes el informe de Intervención sobre el Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa, emitido la pasada semana a instancias de la oposición y que informa, textualmente, “de forma desfavorable” sobre dicho Plan.
Según explicaron Carlos Espino y Ramón Bermúdez, los respectivos portavoces del Partido Socialista y del Partido de Independientes de Lanzarote, el pasado viernes le fue requerida a la interventora del Cabildo una aclaración del informe por parte del grupo de gobierno, al objeto de “desmontar la burda, grosera e interesada interpretación” que a su juicio ha hecho la oposición, a la que acusaron de convertir el informe en un “arma de manipulación económica”.
En dicha aclaración, según dijo el Gobierno insular, la interventora niega que haya informado desfavorablemente sobre el Plan de Viabilidad sino, más bien, sobre la ausencia de órgano fiscalizador en el organismo competente, es decir, en el Consorcio Insular de Aguas.
A modo de conclusión, en el apartado octavo de dicha aclaración se afirma que la interventora “no ha informado desfavorablemente sobre el Plan de Inalsa, sino que se ha limitado a informar sobre aquellos elementos económicos, financieros, orgánicos y procedimentales que deberán observarse para la efectiva fiscalización del Plan”. La propia interventora reconoce que “se informó con carácter desfavorable sobre el hecho de que no exista órgano fiscalizador en el Consorcio desde su constitución”.
Nueva interventora en el Consorcio
En este sentido, según PSC y PIL, “el Plan de Viabilidad de Inalsa nunca se ha aprobado de manera conjunta, en forma de bloque, sino que se trata de una “carta de navegación” cuyas actuaciones deberán ser fiscalizadas y, con ello, acompañadas de los debidos informes económicos, técnicos y jurídicos, en el momento de su aprobación. “Paso por paso y actuación por actuación”, dijo el portavoz socialista, Carlos Espino.
Ante tal falta de órgano fiscalizador en el Consorcio Insular de Aguas, que carece del mismo desde 1999, el también consejero de Presidencia anunció que la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, se había apresurado a instar a la interventora del Cabildo a que, mientras se convoca la plaza de secretaria interventora del Consorcio Insular de Aguas, sea ésta la que se encargue de dicha función.
"En la próxima asamblea del Consorcio se elaborarán y redactarán los presupuestos y se realizará una modificación estatutaria para poder incluir el cargo de interventora", afirmó.
El grupo de gobierno, según aseguró Ramón Bermúdez, seguirá adelante con el Plan de Viabilidad de Inalsa, ya que la empresa necesita acciones para su saneamiento. “No hay nada que temer”, afirmó el portavoz del PIL, que acusó a la oposición de catastrofista y de no aportar alternativa alguna.
“Las dos grandes mentiras de la oposición”
Según Carlos Espino, la oposición ha creado dos grandes mentiras para manipular “exitosamente” a la ciudadanía. Por un lado, el supuesto informe negativo de la interventora que, aseguró, "en ningún caso se hurtó al Pleno ya que la fecha de su registro es del 2 de julio mientras que aquel pleno se celebró el día 1"; y, por otro lado, la famosa “privatización encubierta” de Inalsa. Para el grupo de gobierno, esa privatización ha quedado desmontada el pasado viernes, cuando el Consorcio Insular de Aguas asumió la financiación del gran depósito. “Sospechaban que la empresa que la financiaría iba a quedarse con Inals y aquí está la prueba que desmiente ese elemento clave”, aseveró.
Espino negó también que no se hubieran priorizado acciones dentro del Plan de Viabilidad, tal y como sostiene la oposición. "En la última asamblea del Consorcio se creó una Comisión entre Inalsa, el propio Consorcio y los trabajadores, y ya se han redactado los pliegos de condiciones para los proyectos de red en Arrecife, la conexión en alta con Unelco, el suministro de membranas y la centralización de Lanzarote III y IV", entre otros asuntos. La oposición se pregunta si estas acciones llevan aparejadas sus pertinentes informes, tal y como garantiza el grupo de gobierno que se hará a partir de que el Consorcio cuente con interventora.
Contradicciones
Aunque la aclaración del informe insiste en que las inversiones con recursos ajenos, es decir, privadas, deberán ser fiscalizadas en el momento en que cada actuación se someta a la fiscalización del órgano competente, reconoce, sin embargo, respecto al endeudamiento del Cabildo, que no dispone de los datos de liquidación del último presupuesto aprobado.
A pesar de ser, tal y como en él reza literalmente, “preceptivo y vinculante”, es cuanto menos llamativo que el informe de Intervención fuera emitido la pasada semana a instancias de la oposición. También es curioso que tanto la oposición como los medios de comunicación hayan interpretado en el mismo sentido dicho informe, que especificaba que el Plan de Inalsa no cuenta “con los informes preceptivos y vinculantes”. Informes que no existen en la actualidad, como asegura la propia interventora al manifestar que “no le consta a esta Intervención ningún tipo de documentación de carácter económico” referente al polémico Plan de Viabilidad. Prosigue el informe que “ha de fiscalizarse el Plan con carácter previo a su suscripción”, tal y como obliga la Intervención General de la Administración del Estado. En virtud de esto último, el Plan ni siquiera pudo haber sido aprobado sin contar con un presupuesto y una clara previsión de financiación.
Por si fuera poco, la interventora del Cabildo también pone en duda la competencia del Consejo de Administración del Consorcio para aprobar asuntos “de carácter económico”, tal y como se hizo la semana pasada en la primera sesión de este órgano creado el mismo día en que se celebró la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas. Según el informe, correspondería a la Asamblea del Consorcio dicha competencia.
Lo poco que se ha propuesto en el capítulo de financiación del Plan de Viabilidad tampoco convence a la interventora del Cabildo. “La financiación del proyecto está fundamentalmente basada en recursos ajenos mediante préstamos, sin que se detalle si supondrán aportaciones dinerarias a capital social, por lo que no es posible proceder a la fiscalización óptima al no recogerse el destino de la aportación”.
El informe deja claro además que el Plan de Viabilidad no es para nada rentable, “ni siquiera a largo plazo”. Así, queda descartada cualquier posibilidad de amortización en un plazo de al menos cinco años.
Incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
El primer informe de Interventicón asegura no contar con los datos suficientes y precisos para garantizar que el Plan cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. “Es necesario realizar este cálculo a partir de los datos de liquidación del último presupuesto aprobado, de los cuales no me consta documentación alguna al respecto. La Audiencia de Cuentas también ha hecho mención reiterada al respecto”.
Ampliación de capital
El informe dice que “el Plan se ha de centrar sobre el patrimonio contable de la sociedad” y no sobre una previsión de pérdidas y ganancias, “ya que las distintas aportaciones pueden conllevar a una ampliación de capital por compensación en pérdidas”. Este punto, ligado a la ausencia de rentabilidad a largo plazo de las inversiones, es lo que manifiesta según la oposición el peligro para Inalsa de acabar en manos privadas ante la imposibilidad de afrontar las deudas que pudieran derivarse de la ejecución del Plan.
Según el informe, “respecto a la línea de financiación propuesta, no consta que los ingresos hayan sido debidamente evaluados en virtud del Principio de Prudencia, ya que se indican aportaciones públicas de las cuales no consta compromiso firme de aportación, y por tanto, no procederá su previsión”. “A su vez, la línea de financiación propuesta supera con creces el capital social suscrito por las autoridades públicas”, añade Intervención.
Además, todos los socios del Consorcio, ayuntamientos y Cabildo, tendrían la responsabilidad de pagar las deudas derivadas del Plan en función de la parte proporcional de las acciones que poseen en la empresa pública. Según el interventor, “el objetivo de estabilidad presupuestaria es conjunto”, por lo que habría que analizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad de cada uno de los dueños de Inalsa antes de afrontar un análisis global.
En este sentido, ayuntamientos como el de San Bartolomé, Arrecife o Yaiza, con una situación financiera bastante precaria como reconocen sus propios gobiernos locales, podrían verse imposibilitados a afrontar las compensaciones por pérdidas y la ampliación de capital del Consorcio al que hace mención el informe de Intervención.
