Aunque en la etapa escolar nos explicaron la trascendencia de los indígenas en el desarrollo de América y el país, así como la rapiña de la que han sido víctimas desde la misma llegada de Colón y su legión, creo que seguimos situándolos en la parcela del desprecio. No, no miremos para otro lado; el simple hecho de tachar a alguien de ‘indio' cuando no es tan ‘erudito' o ‘guapo' como nosotros tiene detrás muchas connotaciones. Me acuerdo del énfasis que hacía el maestro Lácides Mengual (q.e.p.d), del colegio de San José de Barranquilla, en la organización administrativa y económica de las diferentes tribus. La admiración y respeto que nos producía en aquel momento no corresponde al comportamiento de hoy. A quienes vivimos en el exterior, por estos días más que convulsos de Colombia, las ediciones digitales de los diarios, sin llegar a reemplazar a las de papel, nos acercan a las distintas agresiones que sufre el pueblo colombiano en general. La insuficiencia del salario mínimo, el aumento de impuestos, el certificado de defunción expedido a la Seguridad Social, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, la disminución de la calidad de vida de los pensionados y el aumento de la corrupción son solo algunas de ellas. Sin el mismo despliegue, sobre todo en el ámbito nacional, leí con particular atención la denuncia que hicieron las autoridades del Resguardo Zenú de Córdoba y Sucre sobre la invasión del Ejército a una zona de su territorio donde mantenían bajo custodia a dos políticos miembros de la etnia con orden de captura de la Fiscalía por su presunta conexión con el paramilitarismo. Si bien el cuerpo armado se disculpó subrayando que se trataba de una operación para buscar guerrilleros o liberar secuestrados y no para capturar a los dos indígenas, la incursión, además de haber sido un fracaso porque los recluidos y los responsables de su vigilancia fueron más listos y lograron trasladarse a otro sitio sin ser detectados, supone el desconocimiento de los mandos militares de la existencia o de los límites de un territorio especial indígena. Pregunto: ¿Cuánto le cuesta al país la formación de los oficiales en la flamante Escuela Superior de Guerra de Bogotá? El cacique del Resguardo se ha cansado de repetir que su etnia está a la espera del fallo del Consejo Superior de la Judicatura para saber si los dos imputados serán procesados por la Justicia ordinaria o si será finalmente la Jurisprudencia Especial Indígena quien decida el castigo que merecen. En la página de Internet de la Rama Judicial aparecen sentencias referidas a los distintos pueblos indígenas del territorio colombiano que precisamente dirimen conflictos sobre quién tiene la competencia para juzgar en determinado caso a un indígena encartado. Por ejemplo, un fallo de 2001 del Consejo Superior de la Judicatura relacionado con un delito de acceso carnal abusivo a una menor resolvió que el presunto violador debía ser juzgado por la Jurisdicción indígena del Cabildo de San Andrés de Sotavento (correspondiente a los departamentos de Sucre y Córdoba) en detrimento de los intereses de la Fiscalía Delegada ante Juzgados Penales de Sincelejo. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura alude en esta misma sentencia a la Corte Constitucional para citar un fallo acerca del derecho al fuero del cual gozan los indígenas: “En efecto, se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo”. No obstante, la Corte advierte de que esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable, la Jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. No me considero, ni mucho menos, la persona idónea para emitir un concepto sobre el tribunal competente que debe juzgar a los dos indígenas del Cabildo de San Andrés de Sotavento acusados de presuntos nexos con el paramilitarismo, pero sí me atrevo a interpretar la reivindicación de la etnia Zenú. Entiendo que claman, por encima de las leyes y con razón, el respeto mínimo a su cultura. Históricamente se reconoce que el Resguardo Zenú fue creado mediante cédula Real 1060 de la Corona Española en el año de 1.773, abarcando en la actualidad parte de los departamentos de Córdoba y Sucre con asentamientos en diferentes municipios. La ley establece las formas de coordinación de la Jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. La decisión está en el tejado de los juristas, pero el respeto es competencia de todos.
