Que la justicia en España es falible y en ocasiones un auténtico cachondeo, como dejó dicho y escrito el ya desaparecido políticamente Pedro Pacheco, es una obviedad. Que hay gente que cada día trabaja para que los ciudadanos cambien la percepción que tienen sobre uno de los pilares básicos de cualquier democracia es otra. Lo que ha sucedido este viernes con el archivo provisional-definitivo (todos los que conocen por dentro la historia saben que nadie lo va a recurrir) de la querella que en 2010 el Consejo de Administración de los Centros Turísticos interpuso contra el siempre polémico Carlos Espino entra dentro de los dos supuestos: cachondeo, por la cantidad de jueces y fiscales que han pasado por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife y han provocado que una investigación aparentemente sencilla se pegara diez años durmiendo el sueño de los injustos; falibilidad porque la decisión que ha tomado el magistrado José Luis Ruiz Martínez genera una enorme controversia en una sociedad sorprendida en no pocas ocasiones por acciones judiciales y penitenciarias ciertamente cuestionables.
Este medio de comunicación abanderó la investigación sobre las polémicas decisiones que el entonces todopoderoso Carlos Espino tomaba dentro de una empresa pública que fue capaz de llevar a la más absoluta de las ruinas. Su primera y llamativa medida, como se recordará, fue echar al consejero delegado elegido en concurso de méritos José Juan Lorenzo, un despido improcedente que costó más de 50.000 euros a los contribuyentes. Curiosamente, unos pocos meses antes de hacerlo había alabado en público, durante el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, su gran gestión en la entidad. Lo hizo, lo del despido, para poner a una persona de su confianza al que además se pagaban diferentes gratificaciones que fueron denunciadas incluso por el Comité de Empresa, por los trabajadores, los mismos trabajadores responsables que vieron peligrar su puesto de trabajo y que creyeron que la joya de la corona de todos los cabildos de Canarias terminaría como Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA), intervenida judicialmente o en concurso de acreedores. De ahí todo fue ir cuesta abajo y sin frenos, hasta el punto de que al abandonar la sociedad en 2009 tanto él como los que le servían o asesoraban tomaron la insólita decisión de utilizar pagarés para sufragar gastos inverosímiles como fue crear una página de Internet paralela a la oficial que supuso la friolera de otros 52.000 euros de todos los ciudadanos de la Isla. Sí, una página de Internet que no ha servido absolutamente para nada costó ese dinero, dinero que como era público parecía no doler. ¿A quién se encargó, a quién se encargaba la mayoría de los trabajos en aquella época de triste recuerdo? Ese es el principio y el fin de un caso que algunos resumen sólo en la adquisición de la cocina de Jameos del Agua, tal vez por abreviar la historia, o tal vez por hacerla más pequeña de lo que realmente es, pero que encierra un sinfín de gastos injustificados que pasan de una probada mala gestión a una posible malversación de caudales públicos.
Los medios de comunicación serios tienen la obligación de fiscalizar al poder y al poderoso, de controlar también a aquellos que teóricamente controlan todo, incluyendo a los que están en el estamento judicial, jueces y fiscales. Por eso la prensa libre y valiente puede, como hacemos en este caso, cuestionar una decisión judicial, pero no por connotaciones políticas o por interesado sesgo editorial, sino por mostrar que por unas razones u otras el camino que se emprende no es correcto. Y no lo es cuando hace tiempo que se sospechaba que con el cambio de juez se le iba a dar carpetazo definitivo al asunto. Es triste que en esta redacción y en parte de la sociedad no sorprendiera el archivo de la causa. Lo es, pero no tendría que serlo, y los ciudadanos de esta tierra no deberían tener motivos para pensar que existe una justicia para ricos y otra para pobres, una para políticos y otra para civiles, una para políticos socialistas y otra para los que no son de ese partido… Eso es lo que no debe ocurrir y eso es lo que habría que evitar. Pero ocurre. De hecho, hay que ser sordo y ciego para no saber que la mayoría de la gente que conoce el caso en profundidad y que lo aborda con un mínimo de rigor no comprende que finalmente no llegue a ser juzgado, no ya en fase de instrucción, sino en sala, a ser posible en una donde haya tres magistrados de prestigio y solvencia reconocida que analicen todo con detalle y sentencien a favor o en contra del investigado. Pero no en un acto bajo sospecha, en un procedimiento con todas las garantías tanto para el investigado como para la gente que pidió que se le investigara.
La justicia no puede permitirse el lujo de que la gente crea que las decisiones están condicionadas por el capricho político o por las preferencias de unos y otros. Porque hay cosas que no son normales. El mismo juzgado que ahora ha archivado de forma provisional-definitiva fue capaz de hacer que caminara una querella contra el director de este diario sin fundamento alguno. Tanto el juez de turno (otro distinto al actual) como la Fiscalía (la misma) calificaron como apropiación indebida y pidieron dos años de cárcel y fianzas multimillonarias al periodista Alfonso Canales y a su hermano por el registro de un dominio de Internet, obviando que la parte acusadora además añadía otros delitos como coacciones y amenazas que evidentemente jamás se llegaron a producir ni a probar en sede judicial. Tuvieron que estudiar el caso en sala los tres magistrados que están al frente de la Audiencia Provincial de Las Palmas para determinar en un demoledor fallo que era insólito que la instrucción del caso determinara que se debía celebrar juicio cuando no había una sola prueba que sostuviera la causa. Llegaron a escribir en su sentencia que lo que se planteó allí fue un “acto de fe”. Ahora, el mismo juzgado con otro juez distinto pero con el mismo Ministerio Fiscal, ese que Pedro Sánchez dijo en una de las más gloriosas meteduras de pata de un presidente de Gobierno que recibe órdenes de los políticos, entiende que en un caso de posible malversación de dinero público por un importe muy superior al millón de euros no hay razón para que se juzgue. Ahí está el problema de este asunto. No se trata de condenar ya a Carlos Espino, que en muchos aspectos ya ha sido varias veces condenado por la sociedad lanzaroteña, se trata de que un caso de esta entidad como mínimo sea analizado por tres magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que sean ellos los que determinen la inocencia o la culpabilidad de todos los implicados, no sólo de aquel que como dijo su amanuense de turno en un infame artículo en el Canarias 7, Mario Alberto Perdomo, era más guapo que el resto de los políticos, se peinaba mejor y manejaba mejor que todos ellos juntos los “resortes del poder”.
El papel del juez instructor en este país es fundamental. Sin embargo, jueces instructores como Baltasar Garzón han hecho sospechar a muchos feligreses de la facilidad con la que la política puede llegar a controlar la justicia. Simplemente bastó el ofrecimiento de Felipe González para que el juez estrella de la Audiencia Nacional se olvidara todo lo que en teoría le habían enseñado cuando se sacó la carrera de derecho, especialmente lo concerniente a la imparcialidad y a la venda en los ojos tan necesaria cuando se abordan asuntos de gruesa naturaleza. Luego bastó con que González incumpliera su promesa para que el mismo juez estrella arremetiera con dureza contra el Partido Socialista (PSOE) y lo masacrara en sucesivas instrucciones desde su despacho. El paso entre hacer justicia y ser justiciero es muy estrecho. La mayoría de jueces y fiscales ni cruzan ese desfiladero ni tienen intención de hacerlo. Ahora, de vez en cuando ocurre que algunos se atreven a escupir sobre los principios que sostienen el sistema simplemente por el afán de prosperar en sus particulares carreras. No decimos que sea el caso que nos ocupa, ni mucho menos. Pero sí decimos que para que no existan sospechas, todo en los juzgados debe discurrir por los senderos de la normalidad, de la lógica. Y aquí ha habido muchas cosas que no lo son. De entrada, que se haya tardado diez años en analizar un caso que con un poco de interés se podría haber resuelto en seis meses. De salida, que se dé carpetazo sin más como si la nefasta gestión del controvertido político no necesitara de un análisis posterior a una mera instrucción. ¿O realmente no existían pruebas, verdaderamente todo formó parte de una denuncia política, es inocente Carlos Espino?
Sospechoso pero meditado silencio
Si así fuera, sorprende enormemente el silencio que se ha producido desde que se conoció la noticia. Sólo Coalición Canaria (CC) se ha atrevido a sacar una nota de prensa para presionar a aquellos que entiende que debe presionar, los integrantes del PP. ¿Y el PSOE? ¿Cómo un supuesto triunfo de este calibre está siendo prácticamente silenciado, por qué no han organizado ya una fiesta en la sede de Valterra para celebrar el éxito de su compañero, a qué están esperando para enviar a los medios varias notas de prensa y diferentes artículos de opinión criticando a aquellos que presentaron a Espino como un posible corrupto cuando hay un juez y probablemente un fiscal que entienden que es víctima del sistema?
La explicación es bastante sencilla: en el PSOE han mostrado en este caso la prudencia que no han mostrado en otros, en casos que afectan a otros. Da la sensación de que tanto ellos como los medios de comunicación que están más próximos a sus planteamientos han preferido no hacer demasiado ruido para que el ruido no despierte a alguien que puede estar en estos momentos echándose una extraña siesta.
Eso por parte del PSOE, que evidentemente restituirá con honores como militante (nos cuentan que ya se está moviendo el tema) y le harán la fiesta que corresponde cuando el archivo oficialmente ya sea definitivo. Y lo será, por desgracia para los que confían en la rectitud de los principios básicos del comportamiento humano, porque ni el Ministerio Fiscal, que está para velar por los intereses públicos (en una posible malversación de caudales de todos los contribuyentes mucho más si cabe), ni el PP parecen dispuestos a recurrir una decisión que insistimos ha generado una lógica polémica en Lanzarote.
Ocurra lo que ocurra, si se cumple el pronóstico del archivo definitivo, somos conscientes de que habrá personas que no van a dejar el tema ahí. Y no nos referimos sólo al hecho de que CC esté tratando de probar que se han conculcado sus derechos como acusación particular en la causa. Nos referimos a otras personas a las que les ha llamado poderosamente la atención lo que está sucediendo.
