Nos da la sensación de que en la historia del artículo de El País, que todavía colea como es lógico a lo largo de esta semana, se están cometiendo errores de interpretación, algunos intencionados, otros fruto del desconocimiento, y otros fruto de una especie de amnesia colectiva entre aquellos que no terminan de entender la historia. La mayoría de los defensores del artículo y del consejero socialista Carlos Espino se agarran al hecho indudable de que hablar de las ilegalidades urbanísticas en Lanzarote no es nada nuevo. Claro que no, los periodistas que conformamos esta redacción lo venimos denunciando desde hace años, siendo autores incluso de los trabajos de campo que sirvieron para que el Cabildo pudiera presentar los pleitos contra las licencias concedidas en muchos casos con nocturnidad y alevosía. Nosotros vivimos muy de cerca el origen de la moratoria, con sus errores y con sus aciertos, de ahí que sepamos de lo que estamos hablando. Otros, que no hacen más que decir disparates que nada tienen que ver con la realidad, están disparando al aire, y probablemente terminen dando en la mente de los que no saben tampoco mucho de esta historia. Lo primero que hay que decir es que cuando nació la moratoria el señor Carlos Espino no era miembro del grupo de gobierno del Cabildo, ni siquiera ocupaba un cargo de relevancia dentro del PSOE. Y lo segundo que hay que decir es que hay que ser muy inocente en estos días que corren para pensar que el diario vinculado más de cerca a los socialistas publica así porque sí un artículo de esas características, en el que con toda la intención del mundo se vincula a Lanzarote con la Marbella corrupta, en el que se mete el miedo en el cuerpo de todo el mundo hablando del derribo de unos hoteles que todavía está lejos de ser una realidad. Ese es el quid de la cuestión, que se miente, o se dicen medias verdades, lo que es mucho peor.
No es baladí el tremendo enfado que tienen en los socios de gobierno del Cabildo, en el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Este mismo lunes María José Docal se ratificaba en sus durísimas declaraciones de la semana pasada y anunciaba que va a pedir explicaciones, porque es consciente, como lo es cualquier persona con un poco de sentido común, que el artículo de El País ha supuesto una nefasta promoción turística para la Isla, precisamente en un momento tremendamente delicado para el casi único sector económico.
Ya publicamos hace unos días que estamos de acuerdo con los muchos lectores que se lanzaron a los foros de nuestro diario a defender el contenido de la noticia que publicó El País en lo referente a la necesidad de que cumplan la ley aquellos establecimientos alojativos que están al margen de ella. Ahora, lo que reclamamos es que no se quede la gente en ese importante detalle, que vaya un poco más allá y profundice en las consecuencias de lo publicado, y, lo que nos parece peor, en la intención de aquellos que suministran la información. Como ya saben aquellos que están pegados a la actualidad, después de la información de El País llegó la información de Canarias Ahora, un medio digital de Gran Canaria que respetamos pero que evidentemente no puede ser sospechoso de ser enemigo de los socialistas. Al contrario que el diario de tirada nacional, Canarias Ahora, con la firma de su director, Carlos Sosa, sí creó una noticia de una importante información. “Al menos once complejos turísticos ilegales radicados en la isla de Lanzarote ya se encuentran en fase voluntaria de ejecución de sentencia, situación previa a la tramitación de los correspondientes expedientes de demolición por parte de los ayuntamientos de Yaiza y Teguise, los denunciados, o por el Cabildo de la isla, el denunciante”, dice Sosa en su información, en la que añade que “el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó el pasado 4 de febrero siete recursos del Ayuntamiento de Yaiza en los que se solicitaba la nulidad de otras tantas sentencias que en su día revocaron licencias de construcción a complejos turísticos radicados en ese municipio lanzaroteño”. “Estos siete autos otorgan firmeza a esas sentencias y ordenan que se comunique al Ayuntamiento el inicio de la fase de ejecución de las mismas”. Bien, esto es una noticia importante, que requería, lógicamente, de las habituales interpretaciones jurídicas que el Cabildo esta vez no quiso hacer, porque parece más interesado en que se vuelva a producir el goteo de sentencias que evidentemente van a llegar. Lo extraño del asunto es lo de siempre: ¿por qué un diario grancanario posee esta información que es lógico pensar que obra en poder de los servicios jurídicos del Cabildo lanzaroteño? Lo podemos imaginar. Otra filtración interesada. No tenemos pruebas, porque en la Primera Corporación insular, a la que llamamos a preguntar, nos dijeron lo de siempre: “la pericia de los periodistas de ese medio”. No dudamos de la pericia de nadie, pero conocemos perfectamente cómo funciona este negocio, y cómo algunos administran la información en fases, en capítulos. Es una historia muy conocida, por desgracia para algunos.
Según la información de Canarias Ahora, los nuevos autos, que se unen a los ya dictados anteriormente sobre otras cuatro sentencias, afectan a cinco complejos de apartamentos y a dos hoteles. En total, ya pueden iniciarse los trámites de demolición sobre 799 apartamentos o bungalows, entre los que se encuentra un complejo de 422 unidades en el Plan Parcial Costa Teguise y otro de 190 denominado Riu Playa Blanca. Pero también se han visto afectados por estos nuevos autos dos hoteles de cuatro estrellas, el Natura Palace, en el Plan Parcial Montaña Roja, con 466 camas, y el Gran Castillo, en Las Coloradas, con 394 camas. Insistimos, la información es lo suficientemente importante, lo suficientemente grave, lo suficientemente contundente, como para que el Cabildo insular que preside la socialista Manuela Armas hubiera salido con una respuesta contundente, no haberse quedado a la espera de ver cuáles son las reacciones que se producen, que es lo que finalmente hizo. Con esta actitud hace que se incrementen las sospechas sobre lo estratégico y planeado del asunto.
Por lo que se refiere a la información de El País, nos ratificamos en lo expuesto el día anterior, seguimos sin comprender qué se pretendía o que se buscaba por parte del diario al publicar un reportaje como el que el pasado lunes ocupaba su portada impresa y era una de las noticias más destacadas en la edición digital. Nos referimos al reportaje sobre Lanzarote y sus muchos hoteles “ilegales”, sobre las posibilidades “reales” de derribo de muchos de ellos y sobre una investigación de la Udyco que les lleva a concluir, con un titular evidentemente tendencioso, que Lanzarote es “la nueva Marbella”. No es de extrañar el tremendo enfado que existe entre la clase empresarial, en las dos patronales del sector, tanto Asolan como Aetur. Eso sí, no habría estado mal que las dos patronales, en lugar de convocar a los medios para leer una nota de prensa, hubieran permitido las preguntas. Parecía como que querían ocultar algo, y estamos convencidos de que no era el caso.
Queremos creer que fue un error de asesoramiento que provocó un lógico enfado en los medios. Tampoco es de extrañar el enfado que existe en casi toda la clase política, casi toda menos el PSOE, que se supone que es quien sirve de fuente inspiradora para la información que firma Rafael Méndez. De hecho, el único nombre que aparece, además del de “Tato” (así llaman al ex concejal de Urbanismo de Yaiza), es del secretario de Organización del PSOE insular, Carlos Espino. La noticia no aporta nada nuevo, nada que no se sepa. Por eso, como periodistas, no entendemos realmente la razón de su publicación. Otra cosa distinta hubiera sido que aportara algún dato nuevo sobre las escuchas telefónicas que se hicieron a los alcaldes de Yaiza o de Teguise, que hablara sobre un informe que obra en su poder sobre la intención del Gobierno socialista de derribar determinados hoteles, que hiciera alusión a alguna sentencia firme sobre los asuntos vinculados con lo que aquí llamamos moratoria... El reportaje, que no es la primera vez que se publica en la prensa nacional en términos similares, no aporta nada que no se supiera. ¿Cuál es la razón de su publicación, a quién beneficia, a quién perjudica? ¿Es un refrito que se presenta en Semana Santa porque El País no tiene otro tema que tratar? Sea como sea, el caso es bastante grave, y la reacción de nuestros representantes institucionales, si los hubiera o hubiese, tendría que haber sido contundente, tanto como comparar a esta isla con Marbella. Y no decimos que no tengan razón en muchos aspectos de las insinuaciones. Lo que decimos es que hay que aportar datos y pruebas, no conjeturas.