El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, José Manuel Soria, aseguró este miércoles que no tiene “ningún tipo de duda” acerca de la inocencia de dos ex directivas de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del Gobierno de Canarias (Essscan), Inmaculada Acosta y María de Haro, relacionadas con la operación Catis, que ha destapado la compra de titulaciones falsas.
Minutos antes de comenzar la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Canarias, Soria afirmó que, a lo largo de los próximos cinco meses y hasta las elecciones, “veremos algunos episodios más de esta naturaleza”, lo que justificó como resultado de “las tendencias que marcan las distintas encuestas”.
Pese a que en un principio negó conocer qué era la operación Catis, finalmente aclaró que lo único que conoce del tema es lo que le ha comentado directamente la que fuera directora de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios, María de Haro.
Soria afirma que este miércoles por la mañana la imputada le comunicó que el martes había recibido una llamada telefónica de la Guardia Civil comunicándole su situación.
Asimismo, el presidente del PP asegura que ni ella misma conoce “las razones de esta imputación”, puesto que la Benemérita se negó a darle más información alegando que estaba ”bajo secreto de sumario”.
Pese a la importancia de este asunto, Soria aseguró que este tema no se iba a tratar en la reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP de Canarias, celebrada este miércoles por la tarde en su sede de Santa Cruz de Tenerife.
Aún así, Soria no dijo nada sobre la ex directora del Essscan hasta octubre y concejal del PP en Telde en 2007, Inmaculada Acosta, a la que la Guardia Civil señala como presunta receptora de parte del dinero que cobraba un sindicato de Cádiz por entregar títulos falsos certificados por la Escuela del Gobierno de Canarias. La popular lo niega todo.
La raíz canaria de la trama gaditana incluye la implicación en el caso de la secretaria general de la Essscan hasta 2008, Carmen Nieves Cáceres, funcionaria de la Comunidad Autónoma desde 2001 y en la década de los noventa, del Cabildo de El Hierro. Según una nota oficial de la Guardia Civil, las tres estarían imputadas por la participación en un delito de falsedad documental.
