El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Narvay Quintero, ha vuelto a poner en evidencia este miércoles la posición del Gobierno de Canarias, que sigue rechazando las subvenciones al combustible en Lanzarote y en las islas verdes, El Hierro, La Gomera y La Palma, “aludiendo, principalmente, a que ese importe se lo quedaría la empresa”. Tal y como ha planteado por la mañana Quintero en el programa 'A buena hora' de Crónicas Radio-COPE Lanzarote, horas antes de defender la propuesta que ha rechazado el Ejecutivo regional, a su juicio la conversión del servicio de provisión de combustibles en Obligación de Servicio Público permitiría que en islas como Lanzarote también los precios se abarataran.
"En Lanzarote por ejemplo hay más gasolineras que en Fuerteventura, pero paradójicamente es más caro el combustible en Lanzarote que en Fuerteventura porque la primera cuenta con 46 estaciones de servicio frente a las 23 de la segunda", ha manifestado Quintero. "Por economía de mercado, al final en cada estación de Lanzarote, como hay muchas, se pone menos combustible que en las de Fuerteventura, con lo cual para la rentabilidad de cada estación en Lanzarote se tienen que subir los precios para que sea rentable", ha precisado el diputado nacionalista
La solución, para el parlamentario herreño, pasa por la regulación de la Obligación de Servicio Público en Canarias para los carburantes, porque hay islas en las que la libre competencia no tiene ningún efecto: “en los últimos 12 años se han abierto en Canarias 54 estaciones, en El Hierro ninguna, por ejemplo”. Quintero celebró que esta medida, al menos, “aceptaran estudiarla”
A juicio del diputado, hay que bajar los precios de manera inmediata, aunque no permanentemente, a través de la eliminación del impuesto del Gobierno de Canarias que en la Isla recauda 0.26 céntimos de 1.26 euros de coste.
Desde el Grupo Nacionalista Canario insistimos que hay que articular medidas para favorecer ese abaratamiento y realizar una perfecta gestión del dinero público y que se controle con un Observatorio la posibilidad de que las empresas realicen prácticas abusivas.
