El secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, ha sido finalmente capaz de encontrar una solución salomónica que pusiera fin a una de las polémicas más llamativas y surrealistas que se ha producido en la política de las Islas durante el último año de pandemia. Finalmente, la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista (PSOE) acordó este lunes designar al lagunero Santiago Pérez como la persona que va a optar finalmente al puesto de senador por la Comunidad Autónoma que quedó vacante por la renuncia de Pedro Ramos.
Con el acuerdo, se termina con el lío que se había organizado con los socialistas tinerfeños, cuya dirección, es obvio, había ofrecido el puesto a Pérez para que regresara al partido y como paso inexcusable para tratar de blindar el Ayuntamiento de La Laguna, donde gobiernan en estos momentos. La aparición en escena del majorero Blas Acosta provocó que los planes iniciales cambiaran. La delicada situación política del secretario general de los socialistas en Fuerteventura, apunto de ser censurado en su Cabildo, provocó un cambio de planes y la idea de que fuera él y no Pérez el que asumiera el cargo. Unas cuantas filtraciones después y no pocas polémicas más tarde, Acosta dejó el Cabildo y emprendió con rudeza una campaña para obtener el puesto, arremetiendo con dureza contra su principal adversario, al que acusó de ser poco menos que un traidor y un recién llegado al partido, alguien que iba a recibir un premio que no merecía. Torres, junto a su equipo, después de recibir enormes críticas por carta del propio Acosta, halló la solución ofreciendo al ya ex presidente del Cabildo majorero un puesto como viceconsejero de Economía. Así, todos más o menos contentos.
Ambos dirigentes, además, han sido acusados por partidos como Coalición Canaria (CC) de tratar de coger el puesto en Madrid únicamente para aforarse y para no responder de causas pendientes en los tribunales ordinarios de las Islas. Ahora sólo lo podrá hacer uno de los dos, y Acosta, que llegó a decir que la justicia en Fuerteventura estaba podrida –luego se retractó-, tendrá que hacer frente a dos causas por las que la fiscalía le pide un total de 7 años de prisión. En este caso los socialistas no han aplicado su código ético que sí aplicaron en casos como el del ex alcalde de Arrecife José Montelongo.
