La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias y presidenta del PP en las Islas, Australia Navarro, considera “un despropósito y una irresponsabilidad” que el Gobierno de España pretenda cargar a los ayuntamientos parte del coste de la gestión del Ingreso Mínimo Vital “sin ninguna contrapartida económica que alivie sus ya maltrechas arcas municipales”.
Australia Navarro alertó este sábado en nota de prensa que, según se desprende del borrador del convenio de colaboración entre la Seguridad Social (INSS) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), los consistorios de municipios de más de 20.000 habitantes “tendrán que asumir una parte burocrática de las peticiones, pero no cuentan con ninguna partida para reforzar las plantillas que se ocuparán de ello”.
La presidenta de los populares canarios recordó, en este sentido, las previsiones del Gobierno de Canarias, cuando informó que el ingreso mínimo vital, aprobado a finales del pasado mes de mayo, beneficiaría a unas 90.000 personas en las islas y, aseguró, que “si a los ayuntamientos no se les dan los fondos necesarios para afrontarlo, la medida estrella del Gobierno de España para levantar un escudo social que ayude a mitigar los efectos económicos del coronavirus se bloqueará y dejará colgadas a miles de familias canarias que cuentan con ella para su supervivencia”
“Las corporaciones locales de más de 20.000 habitantes, unas 30 en Canarias, serán las encargadas de iniciar los expedientes administrativos de cada solicitante, pero en el borrador no se incluye ninguna partida para que los entes locales refuercen y amplíen sus plantillas de servicios sociales para hacer frente a la avalancha de solicitantes” explicó la portavoz popular quien aseguró que “si esta situación no se corrige se deja a las finanzas locales en un complicado escenario al borde, en muchos casos, del colapso financiero”.
El borrador detalla una gran cantidad de tareas de las que se encargarán los ayuntamientos como, por ejemplo, comprobar de oficio el mantenimiento de la unidad de convivencia, gestionar y trasladar a la Seguridad Social todo cambio de las condiciones económicas de cada familia, comprobar el cumplimento de las obligaciones y elaborar informes que servirán para determinar las sanciones de los incumplidores.
Al respecto, Navarro recordó que el decreto-ley que regula la renta mínima ya incluyó una disposición que decía que los gastos que se deriven de la iniciación de los expedientes "deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio".
