La Mesa del Congreso acordó este martes, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, volver a prorrogar una vez más por una semana el plazo para la presentación de enmiendas parciales al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
El proyecto, que fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 6 de febrero, se encuentra desde entonces en la Comisión Constitucional de la Cámara, pero al no haberse cerrado el plazo para la presentación de enmiendas ni siquiera se ha constituido formalmente la Ponencia encargada de su estudio.
Con esta nueva prórroga, hasta el próximo día 12, parece, según fuentes parlamentarias, prácticamente imposible que el proyecto pueda empezar a discutirse por el Pleno de la Comisión antes del verano, pues los meses de julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios
Tras su aprobación por la Comisión Constitucional, el proyecto debe después ser aprobado por el Pleno, para pasar a continuación al Senado, donde seguiría un procedimiento similar.
Esta es la octava vez en que, a propuesta del PSOE, se amplía el plazo de presentación de enmiendas de la reforma canaria.
El PP no respaldó el texto en el Parlamento de Canarias, ni tampoco su toma en consideración por el Congreso. Aunque los socialistas unieron sus votos en la asamblea regional a los de CC para aprobarlo, una vez llegó a las Cortes Generales, distintos miembros de la dirección federal del PSOE, como su secretario de Organización, José Blanco, expresaron en numerosas ocasiones su voluntad de alcanzar un acuerdo con el Partido Popular sobre el conjunto del texto.
Para justificar las sucesivas prórrogas, el portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido, ha argumentado muchas veces la trascendencia de la reforma, así como la necesidad de que ésta no se viera contaminada por el proceso electoral que concluyó el pasado 27 de marzo.
Fuentes socialistas también han resaltado en varias ocasiones "el complicado encaje constitucional" de distintos aspectos del proyecto.
Junto a las cuestiones de índole constitucional, el Partido Popular argumentó, para rechazar el proyecto, la reducción del papel de los Cabildos que a su juicio acarrearía, además de su oposición a una Ley Electoral que seguría distorsionando la representación.
