La portavoz económica de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Esther González, cree el real decreto ley, que incluye el diferencial fiscal para el sector audiovisual de Canarias de 12,4 millones de euros para el ejercicio económico de 2020 y que fue aprobado el pasado jueves por el Consejo de Ministros, tiene visos de inconstitucionalidad. En su condición de vicepresidenta primera de la Mesa de la Cámara, González solicitó ayer que los Servicios Jurídicos elaboren un informe para determinar el procedimiento a seguir por el Legislativo.
Esther González mostró su preocupación sobre la nueva situación generada por el Ministerio de Hacienda con el real decreto ley antes mencionado y dedicado a la fiscalidad energética con la atención puesta, en paralelo, en el pleno de mañana viernes del Congreso de los Diputados.
Una sesión plenaria que, entre otros asuntos, tiene previsto proceder con la votación definitiva del proyecto de ley contra el fraude fiscal que contiene la enmienda, incluida en el Senado, sobre la que el Parlamento canario emitió ayer lunes un informe desfavorable por vulnerar el diferencial fiscal del sector audiovisual canario un 80% superior al vigente en el resto del Estado, como obliga el Régimen Económico y Fiscal (REF).
La parlamentaria de NC afirma en la nota enviada a Crónicas que el real decreto ley sobre la fiscalidad energética, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, incluye el mismo contenido que la enmienda del Senado, es decir, que eleva la deducción fiscal de las producciones audiovisuales canarias a 12,4 millones de euros cuando debía ser de 18 millones de euros, que es el 80% superior a los 10 millones de euros vigentes para el resto del Estado desde mayo de 2020. Momento en el que se modificó el impuesto de Sociedades sin actualizar el REF, denunció.
La única diferencia del real decreto ley con la enmienda de la Cámara Alta, según González, es que el diferencial fiscal de 12,4 millones de euros será de aplicación en el ejercicio fiscal de 2020.
La posible inconstitucionalidad de esta nueva norma, en opinión de la portavoz de NC, se produce porque el Gobierno estatal obvió la obligación recogida en el Estatuto de solicitar el informe preceptivo del Legislativo canario antes de que aprobara el real decreto ley. “Lo que no ocurrió con el Senado”, precisó, “ya que pidió el parecer del Parlamento de Canarias antes de que el Congreso de los Diputados vote definitivamente mañana viernes” el proyecto de ley contra el fraude fiscal.
Ante esta situación y en su condición de vicepresidenta primera, solicitó que los Servicios Jurídicos de la Cámara elaboren un informe con el fin de saber “cómo debemos proceder” ante estos hechos, teniendo clara la conveniencia de preservar el mejor escenario posible para las empresas del sector. Tienen de plazo hasta el próximo 25 de julio para la autoliquidación del impuesto de sociedades con el diferencial fiscal en vigor de 12,4 millones de euros, tal y como señaló.
En paralelo, para la portavoz económica de los nacionalistas progresistas, se tendrá que analizar el cauce para solventar la posible inconstitucionalidad. Se refería, entre otros, a la convocatoria de la comisión bilateral de cooperación entre Canarias y el Estado, donde se analizan las normas con rango de ley, estatales o autonómicas, que suscitan cuestiones susceptibles de plantear un recurso de inconstitucionalidad.
