Un momento del desayuno de trabajo ofrecido por Espino a la prensa este lunes.
El Ayuntamiento de Yaiza entregó el pasado 6 de abril en la Oficina Técnica del Cabildo insular de Lanzarote la documentación relativa a 406 licencias de obras, las concedidas durante el período de aprobación de la moratoria, dando así cumplimiento a la exigencia judicial que pesaba sobre ellos a instancias de la Primera Corporación desde el pasado 30 de diciembre.
Así lo confirmó ayer en un desayuno con la prensa el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, quien además garantizó que de este modo se demuestra la “mala fe” con la que ha actuado el Consistorio que preside José Francisco Reyes. A juicio del consejero, lo que ha intentado el Ayuntamiento “hasta el último momento” es que el plazo del Cabildo para interponer recursos contra esas licencias “prescribiera”. Por ello, Espino no descartó responsabilidades penales que pudieran detraerse de la actitud del alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.
Afirmando que de momento desconoce si al Ayuntamiento le restan por entregar más licencias, el responsable de Política Territorial aseguró que el Cabildo dispone de un período legal de 60 días desde que acusó el recibo de esas licencias, es decir, hasta principios del mes de junio, para que sus técnicos emitan un informe de compatibilidad legal y para que el Cabildo interponga cualquier tipo de recurso contra dichos permisos. “Hay un plazo de 60 días, establecido por imperativo legal, por lo que todos nuestros recursos humanos se volcarán en el análisis de estas licencias”.
De estas 406 las licencias que el Consistorio sureño ha mantenido “ocultas” y que recientemente ha remitido al Cabildo, 42 pertenecen al Plan Parcial Costa Papagayo, 24 al de Castillo del Águila, 199 al de Montaña Roja, 17 al de Las Coloradas, 10 al de San Marcial de Rubicón, 35 a Cortijo Viejo, 12 al Plan Parcial Playa Blanca y 67 de Puerto Calero.
PTE
El consejero alegó que sentía una “terrible indignación” por el retraso “inexplicable” en la entrega de éstas, y denunció que la actitud del Ayuntamiento ha deteriorado la imagen de las instituciones, la credibilidad sobre la normativa del territorio y es la que ha creado “inestabilidad jurídica”. Según Espino, el “juego de mentiras y esta política del oscurantismo” no se habrían extendido tanto en el tiempo si desde Yaiza se hubiera procedido al simple cumplimiento de la ley. Y es que tanto Plan Insular de Ordenación (PIOL) como la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias obligan a informar sobre las licencias concedidas a establecimientos turísticos y las licencias para uso residencial en las urbanizaciones turísticas, respectivamente.
A pesar del retraso con que se entrega esta documentación, relativa a licencias otorgadas desde el año 2000 al 2006 en diferentes planes parciales de Playa Blanca, Espino advirtió de que con las licencias en la mano al menos podrían bien incluirse o bien subsanarse los errores que se detecten en el Plan Territorial Especial (PTE), cuya elaboración al parecer está a punto de concluirse, y que ha encontrado en esta aparente ausencia de colaboración por parte del Consistorio de Reyes su principal obstáculo.
No obstante, Espino afirmó sentir “especial satisfacción por la remisión de los documentos, “aunque sea después de quince años”. Quedaba clara por tanto la “responsabilidad manifiesta” que ha tenido Yaiza desde el punto de vista del consejero.
Espino afirmó, en cualquier caso, que con esta entrega de licencias todo hace pensar que el Ayuntamiento comprende al fin que hay que implicarse en el PIOL y en el cumplimiento de la ley, que de esta manera podría aclararse el mapa del PTE y que, además, el Cabildo emprendería con la mayor brevedad las acciones judiciales que crea convenientes.
Ante la cuestión del plazo en los recursos, Espino advirtió de lo complicado del asunto, al tener como problema apremiante el conocer con exactitud el número de camas con licencia a estas alturas en Yaiza. En referencia al hecho de cuál sería el número de camas a estudiar, Espino respondió no saber con exactitud las construcciones que hay que ver hasta que los técnicos no terminen la primera fase del trabajo. “Se haría, en todo caso, una estimación”, añadió el consejero.
“Negociaciones”
Cuestionado por el reciente acuerdo entre el Cabildo y la empresa Yudaya S.L. en Playa Blanca, Espino eludió con fina ironía hablar de próximas “negociaciones” con promotores sobre cuyas construcciones pesan impugnaciones y recursos. “Aquí no hay ningún proceso de paz en juego. El Cabildo no puede negociar la aplicación de la ley. En este sentido, será el peso de la ley el que se acabe imponiendo”, dijo.
Sobre la supuesta modificación del Plan Insular de Ordenación (PIOL) y la posibilidad de que nuevas promotoras salden sus irregularidades para volver a la legalidad, Espino confesó que el Cabildo está “deseando poder ponerle sobre la mesa a dichos empresarios las razones que hacen inviables sus camas turísticas, y aseguró que lo importante ahora es “mantener el equilibrio entre los establecimientos reglados y los no reglados” en Lanzarote.
Según Espino, en términos generales podrían desclasificarse “tantas camas como las construidas ilegalmente”. El consejero desmintió que desde Política Territorial del Cabildo se estuviesen dando nuevos derechos a los promotores. “El derecho a construir a partir de 2011 ya lo tienen. O se les da suelo residencial no reglado o se intenta controlar ese sistema de establecimientos sin legalidad alguna por el momento”, dijo.
El acuerdo de Algol en Teguise
El consejero de Política Territorial del Cabildo, Carlos Espino, aseguró también que por mucho que ahora determinados grupos de jóvenes pertenecientes a partidos políticos se lleven las manos a la cabeza, todos los ayuntamientos saben que se están produciendo negoaciones con ciertas promotoras.
En este sentido, confirmó que desde el Cabildo se tenía constancia del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Teguise con la empresa Algol Inmobiliaria, por el que ésta cede al Ayuntamiento 135.800 metros cuadrados de suelo urbano en Costa Teguise a cambio de modificar las tasas de edificabilidad permitidas en sus parcelas, sumando dos hoteles junto al campo de golf. Espino precisó que los técnicos del Cabildo debían aún “chequear” dicho convenio y su viabilidad.
