Manuel Plasencia es trabajador de Inalsa.

Desde que dejó de pertenecer al Comité de Empresa de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) prácticamente desapareció de los medios de comunicación pero le echa no pocas horas del día al estudio del estado de la empresa y a cualquier decisión o inquietud relacionada con Inalsa. La última: las medidas para garantizar la supervivencia de la empresa presentadas la semana pasada por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, a su vez, consejera delegada de Inalsa, presidenta de su Consejo de Administración y presidenta del Consejo Insular de Aguas. Manuel Plasencia desveló a la 95.8 FM y a Crónicas su parecer sobre dichas medidas, que por cierto, han pasado casi desapercibidas incluso entre los partidos de la oposición, y afirma contundentemente que “los gestores de Inalsa están vendiendo más humo que agua”. La intención de Plasencia es llamar la atención sobre la inviabilidad del documento tal y como ha sido expuesto y subraya que sus declaraciones son a título particular como trabajador de Inalsa y no como representante de nadie. Para empezar señala que desde julio de 2007, cuando asumió la responsabilidad del Cabildo el grupo de gobierno PIL-PSOE, se vienen tomando decisiones y anunciando medidas, como el debatido Plan de Viabilidad y Modernización de Inalsa presentado hace catorce meses con nuevo gerente abordo y que finalmente no se ejecutó, “y sin embargo la empresa cada día está peor y debe más”, tanto, que está inmersa en un procedimiento de Ley Concursal. “Este paquete de medidas es una especie de copia del Plan de Viabilidad”, asegura Plasencia. El primer obstáculo que debe superar Inalsa para pensar que puede salir de la quiebra es el precio que paga por cada kilovatio de energía a Unelco-Endesa. Actualmente es una auténtica sangría pagar cerca de 1,7 millones de euros mensuales. “Si la empresa no encuentra una salida para este gasto el resto de medidas quedan sin piso”. La dirección política se aferra a la posibilidad de contratar con una eléctrica distinta a Unelco acogiéndose a la liberalización del mercado, pero cabe rememorar que fue incapaz de mantener la tarifa de interrumpilidad contratada con Unelco que en el pasado reciente supuso un ahorro significativo, y encima la empresa ha sido penalizada por no acogerse al mercado liberalizado. “¿Por qué no se han aclarado las razones por las que Inalsa dejó de presentar los avales necesarios exigidos por el operador?”, pregunta el trabajador.

Sin mejores tarifas eléctricas lo demás no va a ninguna parte

El paquete de medidas presentado por la presidenta contempla inversiones para mejoras de plantas desaladoras y depósitos, entre otras, que además redundarían en el consumo de energía pero la empresa está descapitalizada. Los trabajadores advirtieron la descapitalización de Inalsa desde el año 99. El documento de Manuela Armas enuncia posibilidades de financiación para optimizar los medios de producción aunque Manuel Plasencia dice que tal y como están planteadas en el texto son más elucubraciones que realidades. Lo lógico, realza, es haber presentado la batería de medidas de supervivencia de la empresa ya con la negociación amarrada del nuevo operador eléctrico.

“Peligroso” justificar horas extras

El documento toca el capítulo de personal y aterriza en la necesidad de bajar los costes prejubilando y jubilando gente y optimizando los recursos humanos a través de lo que denomina Plan Organizativo, ligado a la consecución de financiación para la modernización de Inalsa. No obstante, justifica el alto número de horas extras, una erogación onerosa para la empresa (unos 700.000 euros anuales), “por la atención de instalaciones obsoletas tanto en redes como en plantas desalinizadoras”, hecho que Manuel Plasencia tilda de “peligroso”. Si se organizara mejor la plantilla y hubiese una buena gestión, según el trabajador, no sería necesario pagar horas extras para atender los requerimientos técnicos muy a pesar de las deficiencias de las plantas. “Los reto a que saquen el número de horas extras y por qué se contratan”.

Más bien exige, por ejemplo, un análisis exhaustivo de todos los costes como el de teléfono. Plasencia sostiene que el trabajador de Inalsa no debe sentirse avergonzado ni mucho menos por los logros conseguidos en el Convenio Colectivo como tampoco deben sentirse mal los trabajadores de una aerolínea que legítimamente se han ganado tarifas preferenciales o un número de billetes gratis al año. No es cierto que a los trabajadores de Inalsa les regalen el agua. Plasencia precisa que a partir de catorce toneladas mensuales deben pagar el consumo. “Otra cosa es que de cara a la opinión pública se quiera decir demagógicamente que los trabajadores somos unos privilegiados y se quiera hacer creer que somos los responsables de la quiebra”. Además, destaca que todos los puntos del Convenio Colectivo fueron negociados precisamente con los mismos demagogos que ahora se rasgan las vestiduras. “El documento habla de personal pero resulta que Inalsa no tiene un departamento de recursos humanos ni una relación de puestos de trabajo así que esto da una idea de la seriedad de lo que proponen”.

Plantas ilegales de grandes consumidores

Las plantas desaladoras ilegales que funcionan en algunos establecimientos alojativos de la Isla que son grandes consumidores constituyen una competencia desleal para Inalsa. Ahora la dirección política de la empresa pide al Consejo Insular de Aguas un informe para detener estas irregularidades, sin embargo, la inquietud de Plasencia en este sentido apunta a los motivos por los que no se soluciona con celeridad este asunto si la presidenta del Cabildo ejerce como máxima responsable tanto de Inalsa como del Consejo. Parece increíble que fuera de Inalsa circule información con la localización de las plantas ilegales y todavía la empresa esté preguntando por ellas. Un estudio encargado por la propia Inalsa calculó en un millón de metros cúbicos anuales las pérdidas por este concepto.

No sería necesario subir el precio del agua

Plasencia está convencidísimo de que si se gestionara de forma correcta no sería necesario subir las tarifas a los más de 60.000 abonados que tienen Inalsa en Lanzarote. El trabajador recuerda que la empresa recibe anualmente una media de subvención de 3 millones de euros para mejorar o renovar sus plantas de producción y así abaratar el coste del agua “pero como ese dinero no se emplea para tal fin se mira el aumento de tarifas como una de las salidas a la crisis”.

Las redes no deben ser responsabilidad de Inalsa

La empresa no puede cargar con el lastre de renovar las redes porque esa actividad no hace parte del objeto social de Inalsa. Según Plasencia, los ayuntamientos tendrían que asumir esa responsabilidad y de paso les recuerda a ellos y también al Cabildo que tienen una obligación pendiente con Inalsa (2,9 millones de euros) por consumo de agua que no tiene el mínimo atisbo que puedan cumplirla en un plazo inmediato. “La depuración en mi opinión también tendría que ser responsabilidad de los ayuntamientos porque Inalsa se constituyó para desalar agua y la prueba es que hemos sido los pioneros y aquí ha venido gente de muchas partes del mundo a aprender de nuestra experiencia en desalación”. A Plasencia le parece desproporcionado el dinero que paga Inalsa a Aguas Filtradas por el servicio de depuración, contrato que ahora se pretende reconsiderar cuando en su momento a pesar de la contestación social se aprobó extenderlo por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración. Los desaguisados en Inalsa también permitieron que se cargaran el negocio del agua envasada. La maquinaria actualmente está en mal estado porque ni siquiera se puso a rodar para mantenerla. Hace dos años el grupo de gobierno anunció con bombos y platillos el renacer de Aguas Chafariz y hoy por hoy en el paquete de mediadas se habla de la venta de la maltrecha maquinaria. Y qué decir de la construcción del edificio de oficinas administrativas contiguo a la planta de Punta de los Vientos que salió a concurso público por un importe y certificados de la empresa acreditan que se ha pagado más por la infraestructura.

Pide auditoría externa

La primera acción imprescindible para acometer cualquier plan de viabilidad para Inalsa es una auditoría externa de la empresa que desvele con absoluta claridad el estado de ingresos y gastos. “Ha sido un reivindicación histórica de los trabajadores y aún no hemos podido conseguir esa auditoría de gestión”, añade Manuel Plasencia, quien es partidario no sólo de encargar el informe sino de remitirlo de inmediato a la Fiscalía. Inalsa está intervenida por una administrador judicial y Plasencia anticipa que aquellos están equivocados aquellos que piensan que la administración concursal investigará a fondo el pasado de la empresa. “La descapitalización de la empresa ha sido brutal y algún motivo tendrá que haber así que le pido públicamente al juez de lo mercantil que investigue”, concluye. En definitiva, para Manuel Plasencia el documento presentado por la presidenta del Cabildo sí corresponde a unas medidas de supervivencia pero no para Inalsa y en cambio sí para los políticos hasta la llegada de las elecciones en 2011.