La nueva Ley, la primera que tendrá Canarias en esta materia, contempla también especificidades en la aplicación de la normativa para el caso de La Graciosa, y tratará de que transporte marítimo, aéreo y terrestre se complementen entre sí

FOTOS: JOSE CURBELO

Unos setenta empresarios del transporte público y privado y diversos parlamentarios canarios discutieron este lunes en Lanzarote el proyecto de Ley del Transporte por Carretera de Canarias, una nueva normativa con la que el Parlamento de Canarias trata de dotar al sector de las peculiaridades que las Islas necesitan para regular una actividad que, a juicio del empresariado, no recoge el actual decreto de aplicación en Canarias de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre del Estado.

El artículo 30 del actual Estatuto de Canarias, que data del año 1982, ya refleja que la movilidad terrestre es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Por ello, y más vale tarde que nunca, tanto Coalición Canaria (CC) como el Partido Popular (PP) se han marcado sacar adelante la nueva Ley antes del término de la actual legislatura.

Las peculiaridades de Canarias como territorio, su orografía, su menor tráfico de mercancías en comparación con la Península (aunque casi igualado proporcionalmente al de pasajeros), la economía de escala del sector isleño, en el que imperan las pequeñas y medianas empresas, son algunos de los motivos que impulsan la nueva ley.

Por ello, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Inés Rojas, junto a los parlamentarios José Miguel Barragán (CC) y Fernando Toribio (PP), recogieron las sugerencias del sector al nuevo proyecto de ley.

La nueva Ley, la primera que tendrá Canarias en esta materia, contemplará también especificidades en la aplicación de la normativa para el caso de la isla de La Graciosa, y tratará de que transporte marítimo, aéreo y terrestre se complementen entre sí. Así, los ponentes sugirieron la idea de “que una mercancía que está hoy en La Palma pueda llegar a Lanzarote en menos de 24 horas”.

El tacógrafo

La instalación por mandato de la Unión Europea (UE) del tacógrafo -un sistema analógico o digital que aporta información exacta sobre el tiempo que lleva circulando un vehículo- centró el debate que acogió este lunes Arrecife.

Mientras el decreto estatal ordena la paulatina instalación de estos aparatos exclusivamente en las islas con más de 100 kilómetros longitudinales -Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura-, el proyecto de ley canaria implicaría el uso del tacógrafo en todas las islas, para cuya implantación habría un plazo de cuatro años. Para los parlamentarios, sería una contradicción aplicar su uso sólo tres islas, ya que cuando transportistas de otras islas se trasladen a éstas serán inspeccionados y sancionados según la normativa vigente en ese territorio. Por el contrario, los empresarios criticaron que la instalación del tacógrafo les impediría aprovechar los turnos seguidos y no partidos en el caso del transporte discrecional de pasajeros.

Los empresarios expusieron además la necesidad de que las tarjetas autonómicas de los transportistas canarios sirvan también en la Península, ya que según denunciaron, hay cierta competencia desleal cuando los transportistas del resto del territorio nacional vienen a las Islas a aprovechar el mercado existente.

Otras quejas y cambios

Entre los cambios que propugna el proyecto de ley, figura también la modulación de la propiedad de vehículos. Así, a partir de ahora un solo propietario de una población de más de 200.000 habitantes podrá tener acceso a 5 vehículos. En cambio, los propietarios de las poblaciones con menos de 200.000 habitantes podrán acceder a una única licencia.

En el caso de Lanzarote, se pretende cambiar la actual ley que obliga a cada propietario a tener un solo taxi por una ley que contemple que por cada 50.000 habitantes se puede acceder a dos vehículos. Por ello, los taxistas dicen que la nueva ley les afectará negativamente ya que propiciará el monopolio pues quien tenga cinco licencias puede adherirse a otro propietario y hacer una sociedad que monopolice el sector.

El sector de transporte discrecional, de viajeros y de mercancías, también se verá afectado. Con el nuevo proyecto de ley se está discutiendo la posibilidad de tener una tarjeta por empresa o una única tarjeta para cada actividad.

En cuanto a las empresas de vehículos de alquiler, se les reconocerá como un sector diferenciado de cualquier otro. Los parlamentarios tuvieron que “pelear” bastante con el sector turístico. Ante la propuesta de los empresarios hoteleros de disponer de servicios de transporte terrestre propios, el Parlamento recibió un aluvión de quejas por parte del sector afacetado, lo que hará que finalmente sólo los establecimientos alojativos de cinco estrellas puedan contar con una limusina legalmente.

El primer punto de la ley diferenciará las competencias de las distintas administraciones públicas en esta materia; el segundo regulará los derechos y deberes del sujeto del transporte, así como su capacitación; el tercer punto recogerá la normativa aplicable a grúas y remolques, así como al sector turístico; el cuarto versará sobre actividades complementarias al transporte, tales como la distribución o el arrendamiento de vehículos; el quinto, sobre inspección y régimen sancionador, establece la creación de un Consejo Canario del Transporte, una Mesa y una Junta Arbitral, nuevos órganos que tratarán de velar por que las distintas pugnas en el sector no lleguen a los tribunales y puedan resolverse de forma amistosa.

La ley en sí y sus trámites

La nueva ley terminó su paso por la ponencia correspondiente precisamente este lunes. La idea de los parlamentarios de CC y PP es incorporar algunas de estas últimas sugerencias empresariales a las 46 enmiendas que cada uno de los dos partidos propondrán al texto definitivo. El proyecto de Ley será elevado este próximo viernes a la Comisión parlamentaria de Turismo y Transporte. A estas alturas parece claro que tanto nacionalistas como populares rechazarán las más de 120 presentadas por el Partido Socialista (PSC) que, según ambos, “van dirigidas totalmente a evitar que esta ley salga adelante”.

En cuanto al texto que en estos momentos se culmina, en principio se contemplan 11 artículos y hasta 8 disposiciones adicionales.