jueves. 28.03.2024

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este miércoles que hará cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña pero que analizará con la Generalitat cómo recuperar "por el cauce constitucionalmente procedente" los aspectos que hayan sido anulados por razones de forma.

"El Tribunal ha dictado su sentencia. Naturalmente, la acato, la cumplo y la haré cumplir", ha dicho Zapatero en el Debate del estado de la Nación, en el que la sentencia del Constitucional sobre el 'Estatut' ha sido el primer asunto que ha abordado tras su introducción general.

Según ha dicho, ahora es su "obligación" contribuir al "desarrollo y aplicación del Estatut y para ello analizará con la Generalitat "la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma" puedan ser abordados "como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente".

Zapatero ha dejado claro que actuará así no sólo por obligación, sino como muestra de que su Ejecutivo "no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta".

Adelantándose a las intervenciones de los grupos catalanes --que esta tarde tomarán la palabra y dedicarán reproches a la sentencia del TC--, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que "siempre" ha creído en la "diversidad de España" y en la "convivencia respetuosa".

REPROCHE AL PP

Además, ha culpado al PP y a su recurso que "cuestionaba globalmente y de raíz" el Estatuto, de la "incertidumbre" vivida durante cuatro años y ha reconocido que le hubiese gustado que la sentencia no se hubiese demorado tanto.

Sin embargo, ha estimado que finalmente ésta es "un respaldo al proceso general de renovación estatutaria" en toda España. "El Tribunal ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut, frente a la impugnación global de los recurrentes", ha recalcado.

En todo caso, ha opinado que los cuatro años en los que el Estatuto se ha aplicado hasta que el TC se ha pronunciado han servido "para comprobar que con el Estatuto no se reformaba la Constitución por la puerta de atrás, que con el Estatuto no se rompía España, que el Estatuto no preveía un sistema de financiación injustificado, que el Estatuto no consagraba discriminaciones entre los españoles".

RESPETO A LA VOLUNTAD CATALANA

El jefe del Ejecutivo ha recordado que hubiese preferido que todos los grupos políticos hubiesen acordado el 'Estatut' en 2006, argumentando que éste debió ser "desde su misma gestación, un instrumento de convivencia y no de confrontación". Para ello, avisó, hacía falta respetar tanto la Constitución como la voluntad de reforma de los catalanes.

"Había que haber sido tan respetuoso con la necesidad de su adecuación a los procedimientos y reglas constitucionales como con la voluntad de reforma expresada por los ciudadanos de Cataluña", advirtió a los grupos políticos.

Así, ha defendido que su Gobierno fue "receptivo a esa rotunda voluntad democrática de reforma" y que después ha contribuido, como ha hecho con todos los Estatutos autonómicos, a desarrollar y aplicar la reforma. El PSOE, ha recalcado, respaldó el 'Estatut' en las Cortes y con él la "voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana de renovar el autogobierno de Cataluña y de reafirmar su identidad política en el marco de la Constitución.

A su juicio, el 'Estatut' "responde lealmente a la aspiración a mayores cotas de autogobierno" que la sociedad catalana "siente profundamente como muestra de su propia identidad" y para hacer realidad esa convivencia en la diversidad es necesario "aprovechar las oportunidades" que ofrece tanto el 'Estatut' como todos los Estatutos de autonomía de nueva generación.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

En este contexto, el presidente ha defendido la colaboración entre administraciones, "cuya especial necesidad en momentos de crisis no hace falta reseñar". Subrayó algunos acuerdos alcanzados para, por ejemplo, el impulso de programas como el Plan E-automóvil, la aplicación de la ley de dependencia, el plan de desarrollo rural, la reducción del gasto farmacéutico y del déficit público.

"Es necesario seguir en ese camino", subrayó, para añadir que la cooperación con las Comunidades Autónomas tiene que servir también para acordar "un nuevo marco financiero para las entidades locales".

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