Una idea clara de España y mano tendida. Estas han sido las claves del discurso de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que el candidato ha desgranado sus planes: medidas para hacer frente a la crisis económica, la reforma de la Justicia y continuar con las políticas sociales y de inmigración. También apeló al diálogo en una breve mención a la lucha contra el terrorismo.
Como estaba previsto, Zapatero instó al diálogo a lo largo de todo su discurso, con una apelación directa a Mariano Rajoy en el cierre de su intervención.
"Todos. Gobierno, oposición, Comunidades Autónomas, sindicatos y organizaciones empresariales tendremos que estar a la altura", señaló al exponer sus planes frente a una situación económica adversa. Un "paréntesis" que España afronta "en buena situación" (tenemos un "muro amortiguador", dijo), si bien reconoció que en nuestro país los factores que caracterizan el parón económico mundial "se conjugan con las dificultades en el sector de vivienda".
El presidente en funciones desgranó un paquete de medidas inmediatas para hacer frente a la "desaceleración" que entrarían en vigor la misma semana de constitución del gobierno: la prometida deducción de 400 euros en el IRPF (para pensionistas, asalariados y autónomos); un adelanto de las deducciones de IVA para las empresas y medidas concretas en maltrecho el sector de la construcción, como reducir la carga fiscal, fomento de la obra pública, rehabilitación de edificios o un plan especial de recolocación de parados de la construcción.
La situación económica no hará daño a las políticas sociales, uno de los pilares de su discurso, según el candidato, que planea medidas, como elevar el salario mínimo a 800 euros y las pensiones de jubilación con cónyuge a 850 o una 'ley de igualdad de trato'.
También en inmigración Zapatero planea seguir la misma línea de la pasada legislatura: "Hay quienes en la immigración ven solo un problema. En mi idea de España, la inmigración regulada y reglada es una oportunidad", apuntó. Sin embargo, el candidato también tomará medidas contra algunos de esos problemas, colaborando con municipios y CCAA para "que ningún ciudadano se vea privado de derechos o ayuda social por la llegada de un inmigrante. Los servicios educativos y sanitarios serán redoblados allá donde se incremente la demanda", dijo.
