viernes. 29.03.2024

Fotos: José Curbelo

Después de seis horas de audiencia, en la que intervinieron testigos y acusados, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas dejó visto para sentencia este lunes el juicio por el caso “Villa Dolores”, la hacienda alquilada por el Ayuntamiento de Haría bajo mandato de Juan Ramírez para un supuesto uso formativo y de rehabilitación patrimonial.

El Ministerio Fiscal ratificó su acusación por presunto delito de falsedad de documento público y prevaricación contra el ex alcalde nacionalista, Juan Ramírez, para quien se solicitó una pena cuatro años de prisión, ocho de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa económica de doce euros al día durante un año. La acusación particular, en este caso el propio Consistorio norteño, secundó la petición de la Fiscalía y denunció la “connivencia” existente entre Ramírez y el propietario de la villa, el empresario Rafael Pedro Perdomo, administrador único de la Sociedad Villalma 94-S.L.

Por su parte la defensa del político lanzaroteño reclamó la “libre absolución” del acusado al entender que “no existió delito alguno” en el proceso de arrendamiento de la finca Villa Dolores, llevada a cabo en octubre de 1995 por el entonces primer edil y el gestor inmobiliario. Ahora, serán los tribunales quienes determinen si el político lanzaroteño, actualmente en la oposición municipal como representante de Asamblea Conejera (AC), deberá o no entrar en la cárcel y poner fin a su carrera política.

Pero Ramírez no ha sido el único acusado en esta rocambolesca histórica, la entonces secretaria del Ayuntamiento, María Teresa Caba, y Rafael Pedro Perdomo también fueron acusados por el fiscal. Con respecto al empresario, el fiscal solicita que sea condenado a una pena de dos años de prisión por un delito de falsedad por particular en documento oficial. Asimismo, se requiere una multa de nueve meses con cuota diaria de 12 euros y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Caba por su parte se pidió una pena de inhabilitación para empleo público por un año y al pago de una multa económica por "no velar por el cumplimiento de las reglas".

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Visto para sentencia el juicio por el alquiler de Villa Dolores en Haría
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