Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la introducción en España de inmigrantes ucranianos, guineanos y brasileños que portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas.
Los trabajadores irregulares eran contratados a través de diferentes empresas radicadas en Portugal, quienes a su vez, eran subcontratas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción. Los operarios utilizados como mano de obra barata trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo, Segovia y en la Isla de Gran Canaria.
En la operación policial han sido detenidas diez personas, entre las que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
Asimismo, han sido arrestados catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular. Los policías que han participado en esta operación han contado en todo momento con la colaboración de los órganos competentes del Ministerio de Trabajo.
Desarrollo de la operación
Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre de 2005 por agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de inmigración y falsedad documental) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias al realizar un control de extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria. Un número considerable de brasileños allí alojados eran portadores de “permisos de permanencia” de Portugal.
Los extranjeros alegaron que trabajaban todos ellos en el ramo de la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa. Al no disponer de contrato o permiso laboral, los policías iniciaron las gestiones para esclarecer el motivo de la presencia en la Isla de estos individuos.
La Ley 45/1999 de 29 de noviembre sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional es la que fija la actividad laboral de los operarios que se trasladan de un país a otro de la UE. El permiso de permanencia en Portugal no es un documento valido y suficiente para trabajar en España.
Los investigadores localizaron varias obras en distintos puntos de la geografía española en las que trabajaban estos inmigrantes, y pusieron al descubierto la existencia de una red delictiva formada por ciudadanos de nacionalidad portuguesa y brasileña, que se dedicaba a la introducción en España de inmigrantes de diferentes nacionalidades (especialmente del área lusófona) que eran utilizados como mano de obra ilegal en nuestro país.
Los empleadores incumplían las condiciones laborales y de Seguridad Social, y los trabajadores portaban cartas de identidad portuguesas falsificadas para ser utilizadas por ciudadanos brasileños, con las que posteriormente pretendían conseguir la tarjeta comunitaria. Estas documentaciones eran obtenidas a través de distintos canales vinculados al grupo delictivo.
Empresas radicadas en Portugal
Las empresas portuguesas eran las encargadas de contratar en Portugal a ciudadanos extranjeros nacionales de Brasil, Ucrania y Angola. Los trasladaban a España y los empleaban en la construcción y reparación de inmuebles, sin obtener previamente los preceptivos permisos de residencia y trabajo, y sin que figuraran dados de alta en la Seguridad Social , al simular que ya lo habían hecho en Portugal.
La UCRIF Central en colaboración con el SEF portugués, comprobaron que en las empresas registradas en Portugal los administradores eran los mismos para todas ellas. El SEF notificó a los policías españoles que en Portugal estas compañías solamente habían dado de alta en la Seguridad Social a ocho trabajadores.
Los agentes españoles pudieron determinar que unos 1000 obreros habrían trabajado para estas empresas en diversas ciudades españolas localizadas, con la colaboración del Ministerio de Trabajo, en Las Palmas, Oviedo, Vigo, Málaga y Segovia. Para efectuar estos desplazamientos de obreros, las empresas tienen la obligación de comunicarlo a la Autoridad laboral portuguesa, sin que constara que lo hubieran hecho en ninguna ocasión.
Estas compañías carecían de domicilio social declarado en España, y su actividad era realizada en domicilios particulares alquilados, que carecían de todo tipo de signos externos identificativos.
Los trabajadores extranjeros eran alojados en domicilios cercanos a las obras, que habían sido también alquilados por los gerentes de las empresas, y posteriormente realquilados a grupos de entre cinco y diez individuos que corrían con todos los gastos. La comida era abonada también por los obreros.
El salario a percibir estaba fijado en nueve euros por hora, pero en realidad cobraban únicamente cinco euros. Los encargados recibían 7,5 euros.
La red llevaba operando de esta forma cuatro años.
Un cálculo aproximado de los ingresos totales que ha podido obtener con la realización de estas actividades fraudulentas pudiera superar la cantidad de un millón de euros. Las primeras estimaciones apuntan a que los trabajadores captados en su país y trasladados a España superan la cifra de mil.
Detenidos
A) EN ASTURIAS
1. Cléber A. F., brasileño.
2.William V. B., natural de Brasil.
Por estancia irregular
1.- Wendell V. M., de Brasil.
2.- Marcos S. F., natural de Brasil.
3.- Gelbiane L. C., de Brasil.
4.- Lindamar V.M. B. B., natural de Brasil.
5.- Diego D. S. S., de Brasil.
6.- Addilton Adriano P., natural de Brasil.
7.- Pedro C. C de Brasil.
8.- Galiano Francisco B., natural de Angola.
9.- Alberto Antonio R., indocumentado, natural de Angola.
10.- Aliou D., indocumentado.
11.- Cosme C.
Se han practicado dos registros domiciliarios en Oviedo y cuatro inspecciones laborales en obras de construcción en Asturias; dos en Oviedo, una en Salas y otra en Piedras Blancas-Castrillón.
