Vecinos Unidos Canarios ha presentado este viernes en la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas alegaciones contra las prospecciones petrolíferas que la empresa Repsol quiere realizar frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, según ha informado a este diario la organización política en nota de prensa.
En su escrito explican que Vecinos Unidos están integrados como miembros número 12 de la Organización de Estados Africanos Emergentes (OEAS) como representantes del Archipiélago canario, así como miembros número 30 de la Organización Internacional de Naciones sin Estado, motivo por el que el pasado 20 de junio entregaron un amplio dosier ante el presidente del Comité de Descolonización de la ONU, Diego Morejón Pazmiño, exponiéndole los motivos históricos, culturales y económicos por los que el Archipiélago canario debe ser incluido en la Lista de Territorios No Autónomos a ser Descolonizados.
El mismo dosier fue presentado el pasado 26 de junio ante el presidente del Senado español, Pío García-Escudero. Y su respuesta el pasado 9 de julio (Escrito 0007430) fue que el documento fue “trasladado a los portavoces de los Grupos Parlamentarios”. El 26 de junio se entregó la misma documentación al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno. Lo mismo se hizo el 8 de julio en el Parlamento canario, recibiendo como respuesta el pasado 19 de julio (Escrito RE Nº 6662), que “el dosier fue remitido a la Comisión de estatutos de los Diputados y de Peticiones”, así como a los Grupos Parlamentarios.
Vecinos Unidos explica que los sucesivos gobiernos de España han venido incumpliendo sistemáticamente la Resolución 1514 de la ONU de 1960, que dio luz a la Carta Magna de la Descolonización. Haciendo hincapié en los apartados que rezan “los pueblos pueden, para sus propios fines, disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales”; y “en los territorios en fidecomiso y no autónomos y en todos los demás territorios que no han logrado aún su independencia deberán tomarse independientemente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios”… Prueba del caso omiso hecho a esta Resolución, es un dictamen posterior reflejado en el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que refleja que “han surgido diferencias de opinión entre Estados Miembros acerca de la condición de ciertos territorios administrados por España y Portugal, y llamados por estos 2 estados como provincias de ultramar”.
Explican que también se ha incumplido reiteradamente por parte de los gobiernos españoles de turno, el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, en lo referente a que “los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de esos territorios están por encima de todo”; sin obviar el inciso e de la citada Carta, referente a las condiciones económicas y sociales de dichos territorios. Al respecto, consideramos que Canarias no ha alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, porque el mal llamado “gobierno autónomo” no tiene prácticamente ninguna “autonomía” sobre las riquezas de su territorio.
Dicen, asimismo, que tampoco han puesto interés alguno los diferentes gobiernos de España, en la Resolución 1541 de la ONU, sobre todo en lo referente a su Principio IV: “Existe a primera vista la obligación de transmitir información respecto de un territorio que está separado geográficamente del país que lo administra y es distinto de éste en sus aspectos étnicos y culturales”. Téngase en cuenta que las Islas Canarias están a 1.400 kilómetros de España (y tan sólo a 95 kilómetros del continente africano). Sin olvidar que el Archipiélago tiene una gran riqueza cultural heredada de nuestros antepasados Amazigh, que las habitaron durante 2.000 años hasta que los mercenarios castellanos iniciaron su Conquista (que duró 94 años).
Lo mismo podemos decir del Artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde se recoge el concepto de Estado Archipielágico: “su soberanía se extiende a las aguas encerradas por las líneas de base archipielágicas y al espacio aéreo que se extiende sobre ellas, a su lecho y subsuelo y a sus recursos”. Sin embargo, los sucesivos gobiernos de España han negado cualquier competencia a la mal llamada “autonomía” canaria, convirtiéndola en un simple Archipiélago de Estado, sin control alguno sobre sus aguas y recursos.
De este modo, señalan que el llamado Gobierno “autónomo” no es el “pleno gobierno propio” que exige el Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas: NO controla sus aguas; NO controla su espacio aéreo; NO controla sus recursos marinos y terrestres; NO controla sus puertos y aeropuertos; NO controla su Hacienda ni su Seguridad Social; NO controla su sector turístico; NO controla su Zona Económica Exclusiva…Y por tanto, NO controla el que debería ser SU petróleo.
Alegaciones a las prospecciones
Con estos antecedentes, Vecinos Unidos explican que teniendo en cuenta que el petróleo que van a extraer, pertenece al futuro Estado Canario, y en base a los Fundamentos de Derecho anteriormente expuestos, exigen que se paralicen las prospecciones. "Fundamentalmente porque la extracción de crudo (nuestro crudo) de unos fondos marinos que por derecho nos pertenecen (desde antes de que España conquistara estas islas por las armas), sería un atentado (uno más) del Gobierno de España hacia nuestros recursos… De esta circunstancia ya hemos interpuesto las correspondiente denuncia ante el ”Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Y haremos un seguimiento exhaustivo de todas las “violaciones” que se cometan con respecto a la Carta de las Naciones Unidas", aseguran.
"Al margen de los Fundamentos anteriores, y viendo que la Metrópoli quiere exprimir (un poco más) a la Colonia Canaria, EXIGIMOS que Canarias no esté expuesta a los habituales riesgos catastróficos del petróleo. No hemos olvidado lo que ocurrió en el Golfo de México en 2010 (el pozo Zanahoria 1 es un 20% más profundo que aquel en que se produjo la catástrofe). Un vertido como ese podría alcanzar todas y cada una de las islas, y arruinaría nuestro modus vivendi y el ecosistema. Lo irónico es que el presunto Estudio de Impacto Ambiental, no contempla esa posibilidad", subrayan en su escrito.
Por otro lado, aseguran que el citado Estudio no valora el alto grado de sensibilidad a la contaminación de hidrocarburos. Con lo cual, el más mínimo derrame afectaría: nuestros sistemas de abastecimiento de agua potable; la pesca que nos proporciona alimento; los ecosistemas marinos y costeros con sus endemismos, con su biodiversidad reconocida mundialmente; incluso al sector turístico (cuyos beneficios se van fuera de las Islas). Es decir, que nuestras riquezas (por derecho) serían vulnerables a cualquier catástrofe medioambiental de estas características.
"Insistimos en que las islas de Lanzarote y Fuerteventura (principalmente) y el resto del Archipiélago (en menor medida) dependen de la desalinización de agua marina. La contaminación costera por hidrocarburos provocaría efectos catastróficos sobre el aprovisionamiento de agua potable en las islas.
En cuanto a las formas, observamos que el Estudio de Impacto Ambiental está plagado de omisiones, indefiniciones, aspectos a desarrollar o preliminares que impiden conocer todos los riesgos y poder alegar en consecuencia. En cuanto a los pozos petrolíferos proyectados, son el fruto de unos permisos adoptados sin información ni participación pública (Real Decreto 1462/2001 y Real Decreto 547/2012), contraviniendo el Convenio de Aarhus de 1998 y las normas que lo desarrollan, que exigen la participación del público en las decisiones con incidencia ambiental.
Más grave aún, el Informe 2011 del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que “Repsol es una multinacional sin política fiscal accesible y con presencia en paraísos fiscales”. Y por si fuera poco, el Estudio de Impacto no contiene toda la documentación necesaria para que la ciudadanía y las instituciones puedan responder. Sobre todo, porque Repsol sí reconoce “la posibilidad de derrames de petróleo que afectarían a todo el Archipiélago”. Es decir, que el Informe oculta lo que es evidente", recalcan.
"En definitiva, que el Gobierno metropolitano español trata de esquilmar un poco más a la COLONIA CANARIA, sin preocuparse lo más mínimo de presentar un Estudio de Impacto Ambiental en condiciones. Y por tanto sin importarle el daño que pueda crear en nuestro modo de vida… Irónicamente, una diputada del mismo Gobierno español, ha puesto el grito en el cielo pidiendo que “paralicen las prospecciones petrolíferas en Baleares, por el daño que podrían hacer a sus costas y al turismo”. ¡Claro! Porque Baleares no es una Colonia…", argumentan.
