Ya desde sus inicios, la carta fundacional de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, aprobada el 26 de junio de 1945, incorporó varias iniciativas relativas a los derechos humanos. Una de ellas, es El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación por los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- (PIDESC) aprobado por la ONU en 1966, suscrito por España en 1977, y plasmado en nuestra constitución. El Comité se estableció en virtud de la resolución, de 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC)-. Todos los Estados Partes deben presentar al Comité informes periódicos, a los dos años de la aceptación del Pacto y luego cada cinco, sobre la manera en que se ejercitan esos derechos. El Comité examina cada informe y expresa sus recomendaciones al Estado Parte en forma de "observaciones finales". Las expuestas y conocidas el pasado 21 de mayo al informe presentado por Estado español, han sido demoledoras en cuanto al grado de incumplimiento de estos derechos, con ser grave tal circunstancia, no ha merecido la atención en los diferentes medios de comunicación. He conocido la noticia fortuitamente a través de Internet. Por su trascendencia, describo brevemente tales recomendaciones, y por las que como español siento una profunda vergüenza.
El Comité le pide revisar las medidas de austeridad al perjudicar de forma “desproporcionada” a los colectivos más vulnerables y marginados, especialmente a las personas pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y jóvenes desempleados, los mayores, los sin hogar, la comunidad gitana, los migrantes y los solicitantes de asilo. Asimismo, le recuerda que es precisamente en tiempos de crisis económica cuando los esfuerzos deben ser redoblados para garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, y en especial de las personas más vulnerables. Le recomienda “vigorosamente” que adopte un nuevo programa nacional de lucha integral contra la pobreza”. El Comité destaca las altas tasas de pobreza infantil y la situación de muchas personas mayores que viven con pensiones raquíticas.
Muestra su preocupación por el incremento de las tasas de desempleo, que afectan especialmente a las personas jóvenes, inmigrantes, gitanas y las personas con discapacidad. Le insta a “evitar cualquier retroceso” en este ámbito, incluyendo la protección de los derechos de los trabajadores. Muestra inquietud ante la congelación del Salario Mínimo Interprofesional. Recomienda que revise la cuantía de las pensiones contributivas y no contributivas, para garantizar un nivel de vida.
En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, pide corregir la brecha salarial y los estereotipos de género, y fomentar la igual representación en los sectores públicos y privados. Muestra gran preocupación por la “persistencia de altos niveles de violencia doméstica” y le insta que los recortes “no perjudiquen la protección de las víctimas ni sus derechos”. Recomienda garantizar el acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional.
Para las personas con hipotecas impagables, que “impulse una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria. Además de “aumentar la oferta de vivienda social”, especialmente la de alquiler.
Refiriéndose al reciente Decreto-ley 16/2012 sobre la reforma sanitaria le solicita que asegure el acceso a los servicios de salud de todas las personas que residen en el Estado, cualquiera que sea su situación legal. Insta a mejorar las condiciones de vida en los centros de internamiento de extranjeros.
Critica que la educación haya sido uno de los sectores más afectados por los recortes. Recomienda “una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente” en educación y que reduzca la tasa de abandono escolar temprano, que duplica la media de la UE.
Pide una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. También insta a que no se produzca entre comunidades autónomas un disfrute “inequitativo o discriminatorio” de estos derechos, y a elevar la cooperación al desarrollo a un nivel no menor al 0,7%, según los compromisos adquiridos por España. Recomienda que fortalezca sus estrategias de lucha contra el consumo de drogas y el abuso de alcohol.
El Comité pide que dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en todos los niveles de la sociedad, en particular entre los agentes estatales, los jueces y las organizaciones de la sociedad civil. Como hemos comprobado este último apartado no se ha tenido en cuenta, visto el desconocimiento de estas recomendaciones para la sociedad española.
Todos estos incumplimientos van en contra del artículo 2. del Pacto Internacional del PIDESC: Cada uno de los Estados Partes … se compromete a adoptar medidas…. hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Y todavía más si tenemos en cuenta que España fue el primer país europeo, el 23 de septiembre de 2010, que ratificó el Protocolo Facultativo del PIDESC, adoptado por consenso por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008, que permite a las personas acudir en busca de justicia en estos derechos a las Naciones Unidas. Pura hipocresía.
