Por Manuel Marrero Morales, miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC
El sistema educativo español en las tres últimas décadas ha padecido una ley educativa cada cinco años y, realmente, eso es un auténtico disparate; puesto que no llega a consolidarse ninguna propuesta y, además, todas ellas han nacido condenadas al fracaso porque no han venido acompañadas de la correspondiente financiación que garantizara su adecuada implantación.
En Canarias, a diferencia del resto del Estado, y ocasionado porque aquí siempre hubo una forma mayoritaria de hacer un sindicalismo diferente, se produjeron diversas conquistas: pactos de estabilidad para el profesorado interino, listas para trabajar controladas democráticamente al igual que los nombramientos del profesorado, que los maestros y maestras no tuvieran que seguir cuidando en los comedores escolares y, a cambio, se nombrara a personal para tal fin; del mismo modo se conquistó la jornada continua del profesorado, o, mejor dicho, la autonomía y soberanía de las comunidades educativas para decidir democráticamente sobre qué tipo de organización horaria se daban para cada centro; a cambio, se abrió también el reconocimiento de las administraciones (autonómicas y locales) de que a ellas también les correspondía aportar financiación para las actividades complementarias en horario de tarde; una gran conquista supuso la homologación económica del profesorado con el resto del funcionariado, sin contrapartida alguna porque de una deuda se trataba, y además para el conjunto del profesorado, incluidos los interinos. Y ese sindicalismo diferente lo ha impulsado el STEC-IC durante todo este tiempo.
En la mayor parte del resto del Estado, con otras formas de hacer sindicalismo, ninguna de estas conquistas ha sido posible en su totalidad, porque aún siguen los maestros cuidando en los comedores, la inestabilidad del profesorado y la renovación anual de las listas ha sido una constante, no se ha generalizado aún la jornada continua, y la homologación fue sólo para el funcionariado y, además, justificando cien horas de formación para tener derecho a cobrarlo. Y los tiempos que se avecinan son aún peores.
Sin embargo, en Canarias, desde hace ocho años en que se produjo una escisión en el
STEC-IC y posteriormente se produciría una nueva ruptura con la aparición de un sindicato de interinos, el sindicalismo asambleario y reivindicativo se ha atomizado en
beneficio de los corporativos y afines a las distintas administraciones. Aunque el STECIC recuperó la mayoría en las pasadas elecciones, esto no fue suficiente para conformar una oposición contundente a las nefastas políticas educativas del gobierno canario.
Durante este tiempo la casi totalidad de las organizaciones sindicales le han firmado a la Consejería de Educación todo lo que les ha puesto sobre la mesa. El STEC-IC se ha negado a apoyar estas políticas negativas para la Enseñanza Pública, que han empeorado las condiciones de vida y trabajo del profesorado. Por ello, estamos empeñados en volver a recuperar la hegemonía sindical para poder hacer frente a la Consejería de Educación.
Durante los últimos cuatro años, Coalición Canaria apoyó la LOCE del PP, para luego apoyar también la LOE del PSOE, y, en el período entre ambas leyes quedó en vigor la antigua LOGSE. Más disparate en el sistema educativo imposible. Mayor falta de criterios de quienes en la última década gobiernan la Consejería de Educación (primero el Sr. Ruano y ahora el Sr. Godoy), imposible también.
Las mayores agresiones al servicio público de la educación se están produciendo en los últimos tiempos: directores por concurso y no elegidos democráticamente, contratos basura en educación, una gran cantidad de profesorado compartiendo centros, los interinos más antiguos condenados a los lugares más lejanos por una presunta e inexistente estabilidad, pérdida de control absoluto del profesorado sobre los nombramientos, las plazas a ofertar y los diversos actos administrativos, supresiones de plazas creciendo las ratios y agrupando cursos diferentes, despidos en Formación Profesional, deterioro en general del sistema público disminuyendo las inversiones para la educación pública en la misma medida en que han ido aumentando los conciertos educativos que financian la segunda etapa de la educación infantil, privatizan parte de la Formación Profesional o de los comedores escolares, o continúan ofertando el adoctrinamiento religioso dentro del horario lectivo. Y todo esto, realizado con el beneplácito y la aquiescencia de organizaciones que dicen representar al profesorado de la enseñanza pública.
Y mientras tanto, como señuelo electoral, en dos ocasiones la Consejería de Educación presentó una Ley Educativa Canaria, -que nunca pretendió ser tal- sino una serie de retazos deslavazados que, con la misma poca credibilidad con que los engarzaron, la
retiraron de la circulación y nunca más se supo.
Es ahora, cuando en Madrid se está desarrollando la LOE, el momento para consolidar y no perder determinadas conquistas que el sistema educativo en Canarias presentaba respecto al español de manera diferencial; sin embargo, el Gobierno Canario, tan falto de criterios propios, y más aún en época preelectoral, no tiene el valor suficiente para abrir un debate social sobre una necesaria Ley Canaria de Educación.
Desde el STEC-IC estamos dispuestos al diálogo y a propiciar la unidad de los trabajadores; pero también exigimos que se produzcan auténticas negociaciones y no vamos a admitir más atentados ni burlas contra la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.
