Un poder demasiado peligroso

Terminaba este miércoles el I Congreso de Reservas de Biosfera Españolas, un evento que ha reunido, entre otros ilustres personajes, a lo más ‘granado' de la judicatura, criminología, abogacía y fiscalía española de sobrada experiencia en temas urbanísticos y que se ha celebrado quizás en uno de los momentos más oportuno teniendo en cuenta el debate que se ha abierto en estos días sobre la necesidad de que el Estado controle de alguna manera las actuaciones que se realizan en materia urbanística y no se deje todo en manos de los ayuntamientos.

Precisamente el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín puso el dedo en la llaga el pasado viernes cuando en la mesa redonda “Legislación Territorial y Ambiental” aseguró que "el urbanismo es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos" y abogó por un mecanismo de control supraestatal. Y parece que no va desencaminado Martín Pallín si atendemos a los desmanes urbanísticos que se han venido denunciando en estos días y que forman parte de la actualidad del país.

Aunque algunos alcaldes de la Isla ya se han mostrado en contra de este argumento, -ellos alegan que se trata de temas puntuales y que “porque hayan ocurrido cosas como las de Mabella, no tienen por qué quitarle las competencias a los demás ayuntamientos”-, lo cierto es que es un asunto que se debería tener en cuenta por parte de nuestros legisladores. Es decir, buscar las fórmulas para conseguir ese control paraestatal que impida los escándalos urbanísticos de los que tanto se habla y, sobre todo, el destrozo de nuestras costas y de nuestro territorio.

Cuando estamos abogando por un equilibrio sostenible entre el desarrollo de la población y la conservación de la naturaleza que en Lanzarote, según los expertos que acudieron a este congreso, está representado desde hace años por la moratoria con la que se limita la ocupación y la transformación del territorio y un planeamiento insular que intenta apostar por la sostenibilidad, no se pueden permitir estas licencias, porque no estamos hablando sólo del caso Malaya, que ha sido todo un escándalo urbanístico en el que está implicado medio Ayuntamiento marbellí, sino que ahora se denuncian más irregularidades urbanísticas en Madrid y en Valencia.

Todos sabemos además que éstas son sólo las irregularidades que se denuncian, pues parece claro el poder ilimitado que tienen los alcaldes en la utilización del territorio, en especial algunos que se encuentran en determinadas zonas costeras. Los representantes del Poder Judicial entonaron el "mea culpa" al reconocer que no han sido capaces de frenar los desmanes urbanísticos, bien sea por la ambigüedad de la legislación medioambiental o bien por falta de pruebas acusatorias. José Antonio Martín Pallín llegó incluso a asegurar que la actual legislación "hace reír" a los imputados en escándalos urbanísticos ya que estos sólo tienen que pasar "unos años en la cárcel" y, encima, acaban "saliendo a hombros".

Alguien decía el otro día que era necesaria la concienciación de todos los ciudadanos en este asunto tan importante para una comunidad, pero yo creo que eso sobra en Lanzarote, en sus vecinos, claro, no tanto en sus alcaldes y empresarios que de alguna manera son los responsables de esos desmanes urbanísticos por pura y cruda ambición. Es preciso, pues, conseguir esa legislación que impida a esos alcaldes, ‘i-rresponsables' del territorio, hacer lo que les da gana o les beneficia más económicamente creyéndose que la Isla o el municipio en concreto es suyo y en él se puede hacer de todo.

Se requiere con urgencia de ese control para que al final no nos echemos las manos a la cabeza al comprobar que esa sostenibilidad de la que tanto presumimos ya no forma parte de Lanzarote.Este congreso debe servir de puesta a punto de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote para que todos aquellos errores cometidos a lo largo de estos 10 años puedan ser subsanados, a la vez que establecer las premisas necesarias para que no se vuelvan a producir.

El PSOE obligaba esta semana a uno de sus alcaldes, el de la localidad madrileña de Ciempozuelos (Madrid), a dimitir ante la sospecha de operaciones urbanísticas irregulares que tienen como origen la recalificación masiva de suelo en ese municipio, mientras que el gobierno madrileño del PP justificaba un pelotazo urbanístico que permitió a José Gil de Biedma, tío carnal de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ganar 2,1 millones de euros tras vender unos terrenos por un precio diez veces superior al de compra argumentando que en los seis años que habían pasado entre la compra y la venta se había revalorizado el precio del suelo, igual que se revaloriza el precio de los pisos. Dos maneras diferentes de afrontar un problema muy grave que está preocupando mucho a la población.

En fin, esperemos que este I Congreso de Reservas Españolas, un congreso de altura sin duda, no se convierta simplemente en un slogan publicitario de cara a las elecciones venideras, sino que tanto los políticos que actualmente gobiernan en la Isla como los que ocuparán esos mismos sillones a partir de mayo de 2007, sigan al ‘pie de la letra' las recomendaciones y conclusiones de un congreso con el que se ha intentado sentar las bases de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote.