viernes. 29.03.2024
El experto en deslindes afirma que el problema se habría resuelto con la presentación de un documento que demostrase que se trataba de suelo urbano

Un abogado asegura que el Ayuntamiento de Yaiza no presentó en su momento un certificado que habría paralizado la expropiación en El Golfo

El letrado que probablemente defienda a los vecinos en la Audiencia Nacional, José Ortega, apunta además a un documento “que demuestra que el Consistorio estaba pidiendo una delimitación alternativa dejando el espacio a disposición para un paseo marítimo”

FOTOS: JOSE CURBELO

“Era tan fácil como hacer un certificado, que lo firmase el alcalde, y se acabó el problema”. Con estas palabras resumió este miércoles a Crónicas José Ortega, el abogado que probablemente defienda a los vecinos de El Golfo, el error en la actuación que descubrió en su investigación y que a su juicio cometió el Ayuntamiento de Yaiza.

Según su versión, la Dirección General de Costas no podría haber aprobado el deslinde que se hizo público en julio si la autoridad urbanística hubiera presentado una certificación que demostrase que la zona era un núcleo urbano.

Ortega aseguró en sus manifestaciones a este diario que “el Ayuntamiento ha tenido una actuación muy rara, porque han presentado iniciativas de defensa, en el que se decía que era un núcleo de población y por lo tanto tenía un carácter de suelo urbano, pero sin embargo no han hecho lo que tenían más fácil, que es poner ellos su certificación como autoridad pública y urbanística de que eso es suelo urbano”.

Aunque reconoció que no puede entrar en los motivos que han llevado al Consistorio sureño a cometer este error, explicó en la entrevista que no entiende la actuación del Gobierno local en este sentido.

Estas conclusiones las ha extraído el letrado a través de un exhaustivo análisis de los documentos que se han ido generando en el proceso de deslinde, que comenzó en 1993, y en los que ha encontrado además pruebas de que “el Ayuntamiento estaba pidiendo una delimitación alternativa pero dejando el espacio a disposición para un paseo marítimo”.

En cualquier caso, José Ortega quiso tranquilizar a los vecinos porque confía en que se llegará a una solución satisfactoria porque “Costas no tiene razón en nada”.

Aún se puede solucionar

José Ortega, que se ha desplazado desde Valencia para entrevistarse con los vecinos y seguir el caso de cerca, mantendrá este sábado una entrevista con los afectados para decidir si contratarán sus servicios. Por ahora la información que ha aportado y las soluciones que plantean son bastante halagüeñas y apuntan a un desenlace satisfactorio, como el que ha obtenido en todos los casos de deslinde del dominio público marítimo terrestre que ha resuelto positivamente.

Por un lado su defensa se basa en el propio reglamento de Costas, que especifica que en suelo urbano se pude hacer una servidumbre de expropiación de 20 metros cuando se certifique que se trata de un núcleo de población.

Según Ortega, aunque El Golfo no tenía esta calificación la ley dice que la autoridad competente puede firmar un documento que demuestre que sí que se trata de una zona urbana si cumple unas características como ser un área consolidada por edificaciones.

La autoridad competente en este caso sería el gobierno de la comunidad autónoma, pero también se permite los ayuntamientos y cabildos firmar estas certificaciones. El abogado apuntó en este caso al Ayuntamiento de Yaiza porque es el que lleva desde el año 1999 presentando alegaciones para que el deslinde no se lleve a cabo, pero no recurrió al camino más fácil, presentar este documento con el que se habría solucionado el problema.

Para apoyar este argumento, Ortega señaló que “consta en el expediente administrativo que la servidumbre la ponen en 100 metros porque es que no nadie ha entregado el certificado de autoridad urbanística de otra cosa”.

Este tipo de detalles son los que han llevado al letrado a pararse a investigar más profundamente esta actuación, que tacha de “rara” y que espera que ahora el grupo de gobierno local sepa resarcir facilitando este documento a los vecinos. “Tiene una ocasión de oro para demostrar a los vecinos que están con ellos y que realmente vana a hacer algo positivo para ellos”.

Y es que ya han comenzado los trámites para conseguir esta certificación con la que en principio se resolvería el problema y sólo 20 metros serían los afectados por la ordenanza ministerial. Aún así, Ortega recalca que el error cometido por el Consistorio complicará el proceso que explicó que “ahora que ya se ha dictado la ordenanza en tendrá que ir por la Audiencia Nacional y no es lo mismo venir con esa documentación ahora, que haber venido durante la tramitación del expediente, ahora es bastante más complicado”

Costas no puede demostrar dónde están los límites

Por otra parte, la defensa también podría dirigirse hacia la propia Dirección General de Costas, que según el letrado “no han demostrado que la ola llega hasta donde ellos dicen”.

Este punto no es banal, ya que este criterio es el que delimita hasta donde llega la zona de propiedad pública, es decir, hasta donde tiene potestad el Ministerio de Medio Ambiente para expropiar. A partir de este punto es del que se cuentan los 100 o 20 metros, según si trata o no se suelo urbano, para seguir con el deslinde.

En este punto Ortega tiene claro que no tienen ninguna base para poner los límites donde se han situado. “No ha demostrado que aquello sea playa, ni que llegue la ola, ni nada de nada, no tienen ninguna prueba”, apuntó.

Por eso luchará también para que se regule convenientemente el trazo que delimita hasta dónde llegan las competencias del Ministerio. Al parecer no existen fotos ni documentos que argumenten el lugar en el que comienza la servidumbre, y las pruebas que se incluyen considera que no son válidas, “se refieren a una noticia de prensa de la barrera que pusieron de pedruscos, pero es que esa noticia de prensa cuando la lees ves que este muro se puso por si acaso llegaba el agua, no porque haya llegado”.

En cualquier caso, si alguna de las propiedades llegase a quedar dentro de la zona de la Dirección General de Costas tampoco podría ser expropiada ni derribada porque, como explicó Ortega, tendrían derecho a una concesión de 60 años.

En definitiva, parece que los vecinos de El Golfo pueden estar tranquilos si contratan los servicios de este experto, que parece tener bien estudiado el caso y que cuenta con una larga experiencia que lo avala, con la resolución positiva de casos de deslindes costeros en toda la geografía nacional.

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