- El 20% de la Judicatura siguió la huelga en toda España, concovada en demanda de mejoras estructurales en la Administración
- La Abogacía Española considera improcedente la huelga de jueces
FOTOS: DORY HERNÁNDEZ
El 90 por ciento de los jueces adscritos a los juzgados de la Isla de Lanzarote secundó este miércoles la huelga convocada por la magistratura en toda España en demanda de un mejor funcionamiento de la institución judicial. Según los propios convocantes, los jueces de la Isla han sido los que más han respaldado esta huelga de toda la provincia de Las Palmas. A las 12:00 horas los magistrados se concentraron en las respectivas sedes de las capitales del Archipiélago para hacer patentes sus reivindicaciones.
En la provincia de Las Palmas, el paro afectó a más del 65 por ciento de los magistrados. Sobre un total de 105 Jueces y Magistrados titulares que este miércoles se encuentran en activo y sin licencia destinados en la provincia de Las Palmas han secundado la huelga 69, lo que supone un 65,71% de los Jueces y Magistrados titulares de La Provincia de Las Palmas.
Mientras, en Santa Cruz de Tenerife, la cifra alcanzó casi el 61 por ciento. El resultado del paro fue la paralización casi total de la actividad judicial en ambas capitales canarias.
Además, en Las Palmas, la portavoz del comité de huelga de la magistratura, Elena Corral, se quejó de "amenazas de sanciones encubiertas" en el transcurso la jornada de huelga. En cuanto a la polémica suscitada por si la magistratura podía ir o no al paro de manera legal, la representante de los huelguistas dijo que hay que dirigirse al artículo 28 de la Constitución, ya que a esta carrera no le ocurre como a la militar que sí tiene prohibición expresa de ejercer este derecho.
Corral aseguró que a esta huelga “teníamos que haber ido hace 20 años” aunque el problema es que “somos responsables, conservadores y se sacrifica la vida personal y el ocio para solucionar los problemas de los ciudadanos. Pero ya, aunque estén a destajo, no es suficiente con 4.500 jueces en España porque no pueden sacar el trabajo ni en tiempo ni con calidad”, dijo.
Santa Cruz de Tenerife
Por su parte, el portavoz del comité de huelga de la Asociación de Jueces y Magistrados de la provincia tinerfeña, Jorge Riestra, calificó de “todo un éxito” el paro, a la vez que instó al Gobierno central a que dedique más inversión a la justicia. “Menos injerencias políticas y más inversión”, declaró.
Entre las múltiples reivindicaciones, los jueces y magistrados insistieron en la necesidad de más medios, tanto humanos como materiales, y decidieron posponer para cuando finalice la situación de crisis económica sus reivindicaciones salariales, a las que, eso sí, no renuncian.
Por otra parte, aseguraron que se están cumpliendo “a rajatabla” los servicios mínimos, esto es aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, ya que afirmaron, ningún funcionario ha abandonado su puesto de trabajo. Hay que recordar que el paro se realiza sin la organización de servicios mínimos debido a que el Ministerio de Justicia considera que este tipo de iniciativas no tienen respaldo legal.
Objetivos
El objetivo principal de la huelga es denunciar la falta de medios humanos y materiales para la agilización de los trámites judiciales, exigiendo la reforma urgente de la oficina judicial, así como que se mantenga en manos de los jueces la competencia de señalar juicios, la plena incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías y una formación adecuada de todo el personal al servicio de la Justicia.
Igualmente, los jueces reclaman el rediseño de los módulos de trabajo, la revisión en profundidad de la actual planta judicial, la modificación del sistema de sustituciones medias para conciliar la vida familiar y laboral, y la adecuación quinquenal de la Ley de Retribuciones de las carreras judicial y fiscal.
Concentración
Por su parte, la asamblea de Jueces y Magistrados con destino en órganos jurisdiccionales de la provincia de Las Palmas había convocado una concentración en la Audiencia Provincial a celebrar a partir de las 12:00 horas de este miércoles, en la que se dio lectura a las reivindicaciones que aprobó la propia asamblea.
En dicho acto, representantes del Colegio de Abogados, el Colegio de Procuradores, el Colegio de Graduados Sociales, las Asociaciones de Fiscales, los Sindicatos de Funcionarios de Justicia, la Junta de Personal de Las Palmas, y el Instituto de Medicina Legal, entre otros, acompañaron a los convocantes.
Una concentración se celebró también a la misma hora en las puertas de los Juzgados de Arrecife y de Puerto del Rosario, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Huelga sin procedentes
Jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están llamados este miércoles a secundar lo que será la primera huelga de este colectivo en la historia de nuestro país, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia.
La protesta está respaldada por cerca del 20% de la Carrera (unos 800 jueces), que apoyaron la adopción de la medida en juntas celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios, y también por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece cerca del 40% de la Judicatura -Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-.
Las otras dos formaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía de este miércoles a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad.
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
Papel del CGPJ
Aunque el CGPJ entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces y se ha declarado "no enterado" de la convocatoria, ayer se puso en contacto con los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia españoles para que al órgano de Gobierno de los jueces información puntual del desarrollo de la protesta..
Así, el Consejo pide que se especifique la incidencia de los paros, el número de juicios o actos judiciales suspendidos como consecuencia de la huelga durante la jornada o aquellos que han sido aplazados en previsión de la misma e información sobre los jueces que se han acogido a la protesta y de los que no acudan a sus puestos de trabajo sin especificar los motivos.
Por su parte, el Ministerio tendrá conocimiento de las incidencias en los órganos en los que se secunden los paros a través de la información que transmitan los secretarios judiciales.
Consecuencias
Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.
Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
Precariedad y colapso
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5%, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
La Abogacía Española considera improcedente la huelga de jueces
Cabe recordar que, por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española considera improcedente la huelga anunciada por jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales.
El Consejo, en un comunicado que emitió el pasado 27 de enrro, asegura que comparte algunas de sus reivindicaciones pero considera que los problemas de la Justicia son mucho más amplios y profundos, y que la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
La Abogacía Española recuerda la doctrina constante y pacífica del Tribunal Supremo que afirma la primacía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución en los supuestos de colisión con otros derechos, incluso de naturaleza también fundamental, como el del derecho a la huelga.
Para el Consejo General de la Abogacia, si alguna manifestación de la Justicia española concita unanimidad de criterio en forma de merecido rechazo es su desesperante e injusta lentitud. Las anunciadas huelgas no harán sino agravar inútilmente el problema que, otra vez más, deberán soportar los ciudadanos.
"Es cierto que en el servicio público de Justicia faltan muchos medios materiales y humanos, así como una adecuada gestión, como reiteradísimamente ha venido denunciado la Abogacía y es clamor de toda la sociedad española, pero es preciso reconocer también en el estamento judicial notables carencias de autocrítica, transparencia y espíritu de colaboración con todos los agentes implicados en el sistema de Justicia", señala el principal órgano de la abogacía en España.
