La Unión General de Trabajadores (UGT) ha pedido al Gobierno de Canarias que siga los pasos del País Vasco y no excluya a los inmigrantes de la sanidad pública, pues lo contrario es "un claro atentado a los derechos humanos, a la propia Constitución Española".
En una nota de prensa remitida a Crónicas, el secretario general de UGT-Canarias, Gustavo Santana, ha apuntado que el presidente del Ejecutivo canario, Paulino Rivero, "tiene una oportunidad para practicar de verdad esa rebelión social que pedía a la sociedad canaria hace sólo unos días".
"La rebelión contra las políticas del Gobierno de España no debe ser sólo por la financiación y el dinero; debe ser también para defender los derechos de todas las personas que viven en Canarias, también de los inmigrantes", remarcó Santana.
Desde UGT se considera que la decisión del Estado de excluir a más de 150.000 inmigrantes irregulares de la sanidad pública "va a aumentar la exclusión social y supone además un riesgo sanitario para toda la población".
El sindicato ha trasladado su apoyo a los médicos y a todos los trabajadores que están dispuestos a ser insumisos ante la nueva legislación. "Los trabajadores de la salud que van a realizar la objeción de conciencia a la nueva legislación están demostrando un compromiso con los derechos humanos que debería tener el Gobierno", destacó Santana.
Para el secretario general de UGT-Canarias, "el Gobierno, que ha aumentado de forma considerable el déficit público para salvar a la banca, vuelve a dar un paso más en contra de la justicia social", pues la Declaración internacional de los Derechos Humanos sostiene que "no se puede discriminar a nadie por su origen, religión o raza". "Por eso esta nueva reforma legislativa es un atentando contra los Derechos Humanos que el PP quiere imponer con el rodillo de su mayoría absoluta sin consenso político ni social", apostilló.
