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Sección > Canarias

El sindicato solicita la creación de una lista de sustitución conformada por empleados públicos y la posibilidad de que estos trabajadores privados pasen a la Administración

UGT denuncia que la Agencia Tributaria Canaria "prioriza la contratación de trabajadores de la empresa privada"

Crónicas · 31 de agosto de 2016

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El sindicato UGT en Gran Canaria denuncia que, a la hora de dotarse de personal, la dirección de la Agencia Tributaria Canaria está dando prioridad a los trabajadores de la empresa privada Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) en detrimento de la plantilla de empleados públicos, vulnerando así la norma establecida, según la cual hay funciones que sólo pueden ser ejercidas por funcionarios y personal de la Administración Pública.

"Creemos que debería existir una lista de sustitución, como ocurre en la consejería de Educación y Universidades con el personal docente, ya que cuando se produce una baja laboral o una ausencia justificada de personal de la Administración, el departamento de personal la sustituye, en la mayor parte de las ocasiones, con personal de GRECASA", expone el sindicato este miércoles en nota de prensa.

En cuanto a este personal, recuerdan que la ley establece que tan solo se puede adquirir la condición de funcionario pasando por unas oposiciones convocadas públicamente. Aunque la jurisprudencia acepta una excepción en este sentido, el personal de las empresas privadas que desarrollen sus tareas en las administraciones públicas y desempeñen las funciones que realizan los empleados públicos "puede adquirir la condición de trabajadores públicos, siempre y cuando lo reclamen mediante demanda judicial".

"Además de estar respaldados por la Ley, por sentido común, y en atención a la labor que desarrollan, el Gobierno de Canarias debería facilitar el acceso de este personal a la Administración Pública, mediante unas oposiciones en la que se reconozcan los servicios prestados, así como a la extinción de la Empresa GRECASA", sostiene UGT.

En el año 2012, apunta el sindicato, la entonces Dirección General de Tributos hizo un llamamiento a todos los empleados públicos del Gobierno de Canarias solicitando personal para cubrir las Oficinas de Atención Tributaria (OAT), así como las Delegaciones Tributarias Insulares, con vistas a la creación de la futura Agencia Tributaria Canaria (ATC).

Según UGT, el personal de la mayor parte de las consejerías participó en la convocatoria y fue seleccionado por este procedimiento para cubrir dichos puestos, aunque algunas de ellas impidieron la salida de su personal para evitar la pérdida de trabajadores. A partir de ahí, la Dirección General de Función Pública, mediante resolución, y en virtud a los méritos aportados, adscribió al personal a los diferentes puestos solicitados.

Al finalizar el proceso de formación, que duró unos tres meses, el personal se incorporó a las recientemente creadas OAT y a las ya existentes Delegaciones Tributarias Insulares, a excepción de la OAT de Vecindario, que su apertura se pospuso tres años, y fue promovida por los propios trabajadores de la Agencia Tributaria.

Pero las intenciones de crear oficinas con personal exclusivo de la administración, no siempre ha sido una prioridad de la ATC. Hace aproximadamente dos años se creó la Oficina de Atención Tributaria de la Orotava con personal exclusivo de Grecasa. En la ATC coexisten tres tipos de oficinas de atención tributaria, las que son regentadas exclusivamente por personal de la Administración, las que lo son sólo por personal de GRECASA y las mixtas.

"El problema más grave está en las oficinas con personal exclusivo de Grecasa", explican. "No es que no exista en nuestra administración personal cualificado para ejercer estas labores, simplemente hay un interés económico, como lo demuestra el hecho de que la Audiencia de Cuentas de Canarias, en su informe de fiscalización del periodo 2008-2011, hiciera una recomendación para ajustar las tarifas de facturación cobradas por GRECASA a la Administración, dejando claro que el fin último de ésta no es la obtención de un beneficio económico, sino prestar un servicio encomendado por la Administración. Añadiendo que sus presupuestos son superados en cada ejercicio económico. Recordemos que las retribuciones de los máximos responsables de las empresas públicas ascendieron para el año 2015 a 775.063 euros", alegan desde el sindicato.

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