El actual grupo de gobierno del Cabildo que lidera el nacionalista Pedro San Ginés no tiene ninguna intención de dejar que el singular y polémico caso Yudaya duerma el sueño de los justos. Tras desvelar este diario en su día el contenido del extraño acuerdo negociado por el entonces consejero de Política Territorial Carlos Espino y los únicos empresarios junto a los hoteleros de Puerto Calero a los que se decidió retirar un pleito vinculado con su adaptación al planeamiento insular, llega ahora el turno de los detalles. Y en los detalles está metido de lleno el grupo de gobierno en minoría, que no sólo se conforma con haber dado a conocer que el abogado del Cabildo, Agustín Domingo Acosta, cobró a la empresa muy por encima del precio que había cobrado inicialmente a la institución por ese caso sino que detrás del aval necesario para que saliera adelante el acuerdo está también el por entonces jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz. Según fuentes de la institución consultadas por Crónicas, están dispuestos a llegar a los tribunales de justicia una vez que han sabido que el acuerdo es nulo de pleno derecho y que encierra numerosas interrogantes que alguien con un mínimo grado de objetividad debería despejar.
Y es que, según la información aportada por la institución, fue un informe jurídico del entonces jefe de la Oficina del PIOT, y no del secretario del Cabildo de Lanzarote, Pancho Perdomo, como se ha tratado de vender desde la parte afectada, el que validó el convenio de Yudaya, lo que permitió al letrado asociado con el actual viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Manuel Fajardo Palarea, cobrar 84.000 euros extra por el procedimiento que supuso que la Primera Institución retirase un contencioso administrativo únicamente a esta promotora, de entre las cerca de una treintena de licencias urbanísticas anuladas a otras tantas mercantiles propietarias de los establecimientos turísticos denunciados en defensa de la moratoria y las licencias urbanísticas municipales concedidas.
A este respecto, llama la atención que la factura de los honorarios del abogado se abonó antes de que el convenio tuviera efectos prácticos, ya que no fue hasta meses después cuando el juez aceptó el desestimiento del contencioso administrativo del Cabildo de Lanzarote contra la referida empresa.
Este hecho, unido a que el abogado facturó 101.000 euros cuando sólo había repercutido 16.000 euros –sin presupuesto previo- al Cabildo de Lanzarote, está siendo estudiado por si hubiera alguna irregularidad. Así, desde el Cabildo insisten en que cada día tienen más claro que todo lo que rodea a este convenio es ciertamente extraño y sospechoso, hasta el punto de que no se explican por qué se dieron estos pasos con esta mercantil y no se hizo con otras.
De hecho, en estos momentos el Ayuntamiento de Yaiza está procediendo a la regularización de la planta alojativa que se tildó de ilegal en aquella época después de que se aprobara en 1998 una moratoria turística que terminó convirtiéndose en un auténtico fracaso y que provocó el efecto contrario al que se perseguía. En esa guerra emprendida por el Cabildo contra los empresarios además de los propietarios de Yudaya se benefició a los dueños de los hoteles Iberostar y Hesperia de Puerto Calero, a los que de forma sorprendente tanto la institución como la Fundación César Manrique retiraron los pleitos que al resto de hoteles afectados sí que mantuvieron. Tuvo que ser uno de esos hoteleros afectados, Alfredo Díaz, quien retomó las denuncias contra sus competidores y quien demostró en los tribunales que esos dos hoteles estaban en la misma situación de irregularidad que el resto, asunto sobre el que hasta la fecha nadie ha dado una explicación política convincente.
Años después, además, se está viendo lo estéril e inútil que era para el interés general el pleito por el pleito contra los empresarios, con los que en ningún momento se quiso negociar, salvo en una última y desesperada instancia en la que el polémico Espino y la dirección del Partido Socialista (PSOE) de entonces se agarró, la de que compensaran al interés general por las infracciones que habían cometido. Tampoco llegaron a concretar cómo debía ser esa compensación, en qué casos y de qué manera, salvo con los empresarios dueños de Yudaya, quienes se supone que compensaron al interés general de los ciudadanos de la Isla desclasificando camas.
